Nacionalidad

Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, ha afirmado en Badalona que España debe recuperar la protección de sus fronteras y el prestigio de su pasaporte. Anunció una revisión de los criterios para conceder y mantener la nacionalidad, destacando que se debería retirar a quienes cometan delitos graves. También abogó por una política migratoria ordenada, abierta a quienes deseen trabajar y cumplir las leyes, pero cerrada a quienes infrinjan la normativa. Criticó al Gobierno por abandonar a Ceuta y llamó a reforzar la seguridad como un derecho básico. Feijóo se comprometió a liderar un cambio en España que mejore los servicios y reduzca impuestos, enfatizando la necesidad de reformas estructurales.

Hay fechas que deberían pesar más de lo que pesan. El 26 de febrero de 1976 España abandonó el Sáhara Occidental y, con él, a decenas de miles de personas que hasta ese momento habían sido, jurídicamente, tan españolas como cualquiera nacido en Madrid o en Cádiz. Tenían DNI español. Estaban censadas. Habían nacido en una provincia del Estado. Y de un día para otro, sin que nadie les preguntara, dejaron de tener un país. Cincuenta años después, el Congreso está a punto de reconocer, a medias, con matices y con demasiada lentitud, lo que nunca debió necesitar reconocimiento: que esa gente es, por derecho, española.

El Gobierno de España ha otorgado hasta ahora 240.000 nacionalidades a descendientes de exiliados republicanos, en el marco de la Ley de Memoria Democrática. Desde su aprobación, se han recibido más de 876.000 solicitudes, destacando Argentina como el país con mayor número de peticiones. La ley permite a los hijos y nietos de españoles que perdieron su nacionalidad por razones políticas optar nuevamente por ella. Las solicitudes son tramitadas principalmente en las oficinas consulares españolas en Iberoamérica, donde se concentra más del 95% de las peticiones. El plazo para formalizar estas solicitudes se extiende hasta el 24 de octubre, tras una prórroga establecida.

El Partido Popular (PP) ha valorado positivamente la decisión de la Junta Electoral Central (JEC) de aumentar la vigilancia sobre el proceso de la Ley de Nietos, citando dudas significativas sobre el censo electoral exterior. Esta ley podría impactar más de 2.5 millones de solicitudes de nacionalidad, lo que afecta directamente al censo electoral. El PP subraya la necesidad de aplicar criterios objetivos y homogéneos en la gestión del censo y solicita que se detengan nuevas incorporaciones hasta que se implementen las garantías exigidas por la JEC. La formación política destaca que el censo es fundamental para la democracia y debe ser regulado con transparencia y control.

La Ertzaintza ha detenido a un joven de 25 años en Hernani por su supuesta implicación en tráfico ilegal de personas y por conducir sin licencia. El arresto ocurrió durante un control rutinario, donde se descubrió que el conductor transportaba a cinco ocupantes irregulares de nacionalidad india y pakistaní. Este individuo ya había sido detenido en tres ocasiones previas por delitos similares. Los pasajeros han sido citados para realizar los trámites necesarios en Extranjería.