El Gobierno de España ha habilitado un procedimiento para que los damnificados por los 114 incendios forestales graves ocurridos en las últimas semanas soliciten ayudas y subvenciones. El Consejo de Ministros ha declarado zonas afectadas por emergencia de protección civil, permitiendo a los afectados acceder a diversas ayudas directas para cubrir daños personales y materiales. Desde el 24 de junio, se han registrado 121 emergencias, incluyendo riadas e inundaciones en varias comunidades autónomas. Las medidas incluyen exenciones fiscales y apoyo a la reconstrucción de infraestructuras dañadas.
El Gobierno de España ha habilitado un procedimiento para que los damnificados por los 114 incendios forestales graves ocurridos en las últimas semanas soliciten ayudas y subvenciones. El Consejo de Ministros ha declarado zonas gravemente afectadas por una emergencia de protección civil, permitiendo a los afectados acceder a diversas ayudas según la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil. Desde el 24 de junio, se han registrado múltiples emergencias, incluyendo incendios en varias comunidades autónomas y riadas debido a intensas lluvias. Las medidas incluyen ayudas directas para daños personales y materiales, así como beneficios fiscales y laborales para las corporaciones locales y los afectados.
El Comité Estatal de Coordinación y Dirección (CECOD) se ha reunido para evaluar la situación de los incendios forestales en España y coordinar la asignación de recursos estatales a las comunidades afectadas. La reunión, presidida por la subsecretaria del Interior, Susana Crisóstomo, incluyó a representantes de diversas instituciones como la UME y AEMET. Se ha declarado la Fase de Preemergencia en Situación Operativa 1 para mejorar la respuesta ante estas emergencias, mientras que más de 5.000 efectivos colaboran en las labores de extinción y seguridad. Además, se mantiene comunicación con ECHO para posibles activaciones de medios europeos.
El Gobierno de España ha autorizado la distribución de 68 millones de euros para ampliar la cartera bucodental del Sistema Nacional de Salud (SNS) en 2025. Esta medida, impulsada por el Ministerio de Sanidad, incluye por primera vez a las personas mayores de 65 años como beneficiarios de estas prestaciones, comenzando con aquellos que están institucionalizados. Los fondos se repartirán entre las comunidades autónomas y se espera que mejoren el acceso a la atención bucodental pública, garantizando equidad territorial. Desde 2022, se han destinado un total de 248 millones de euros a este programa, logrando un aumento significativo en la cobertura para la población infantojuvenil y mujeres embarazadas.
El Gobierno de España ha declarado zonas afectadas por emergencias de protección civil en diez comunidades autónomas, incluyendo Illes Balears, Castilla y León, Canarias, Cataluña, La Rioja, Comunidad Valenciana, Galicia, Andalucía, Aragón y Castilla-La Mancha. Esta decisión del Consejo de Ministros responde a 26 situaciones de riesgo ocurridas entre el 25 de marzo y el 22 de junio de 2025, que han causado daños personales y materiales debido a fenómenos meteorológicos adversos, incendios y accidentes relacionados con el transporte de mercancías peligrosas. Se prevén ayudas directas para mitigar los efectos de estas emergencias en infraestructuras y bienes públicos y privados.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha propuesto a las comunidades autónomas triplicar la financiación destinada a la vivienda pública, con el objetivo de blindarla de por vida. En una carta enviada a los líderes autonómicos, sugiere debatir un Acuerdo Estatal para la Vivienda en la próxima Conferencia de Presidentes, que incluiría una inversión pública de 7.000 millones de euros para el periodo 2026-2030. Esta iniciativa busca abordar la crisis de vivienda y garantizar el acceso a un hogar digno para todos los ciudadanos.
El Gobierno de España ha alcanzado 52 acuerdos para resolver conflictos competenciales con las comunidades autónomas, según informó el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, durante la Comisión Interministerial de Coordinación de la Administración Periférica del Estado (CICAPE) en Córdoba. Estos acuerdos son parte de los esfuerzos del Gobierno para mejorar la coordinación entre las distintas administraciones. Para más detalles, se puede consultar el documento completo sobre los acuerdos de la XV Legislatura hasta el 28 de febrero de 2025.
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A veces conviene darse una tregua, respirar hondo, antes de reflexionar sobre temas como la ola de incendios que asola nuestro país, especialmente en las comunidades autónomas gobernadas por el PP.
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que establece la capacidad ordinaria de las comunidades autónomas para acoger a niños y niñas migrantes no acompañados. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha calificado esta medida como un avance significativo en la protección de los derechos de la infancia migrante. La norma fija una ratio de 32,6 plazas por cada 100.000 habitantes para el acogimiento de estos menores en todo el país. Además, se activará un protocolo de traslados en aquellas comunidades que tripliquen su capacidad ordinaria ante situaciones de contingencia migratoria extraordinaria.
El Ministerio de Hacienda ha informado a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla que en 2026 recibirán un total récord de 156.990 millones de euros en entregas a cuenta, lo que representa un incremento del 6,5% respecto al año anterior. Esta cifra, que refleja la buena salud de la economía española, asegura los recursos necesarios para mantener servicios públicos de calidad. Además, se espera una liquidación adicional de 13.506 millones de euros, elevando el total a 169.560 millones para ese año. Estas medidas buscan proporcionar certidumbre presupuestaria a las administraciones autonómicas y garantizar su autonomía financiera.
El Ministerio de Sanidad ha instado a las comunidades autónomas a cumplir con la Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva, que garantiza el acceso equitativo a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en el sistema público. A través de una carta, el secretario de Estado de Sanidad ha señalado que muchas mujeres aún enfrentan barreras para acceder a este servicio. Se elaborará un informe para evaluar el cumplimiento de la ley y, si es necesario, se iniciarán procedimientos legales contra aquellas autonomías que no garanticen este derecho. La medida busca asegurar la igualdad en el acceso a los servicios de salud en todo el país.
El 18 de junio de 2025, en la Conferencia Sectorial de Igualdad, se acordó la creación de la Estrategia Estatal para la no discriminación de las personas LGTBI. Esta estrategia tiene como objetivo eliminar y corregir cualquier forma de discriminación. Además, se estableció un grupo de trabajo para avanzar en la Estrategia Estatal para la Igualdad de Trato y No Discriminación. Este acuerdo busca promover la igualdad y proteger los derechos de las personas LGTBI en España. Para más información, visita el enlace: https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/igualdad/Paginas/2025/180625-estrategia-estatal-no-discriminacion-lgtbi.aspx?qfr=2.
El Gobierno de España ha implementado un nuevo modelo para la acogida de menores migrantes no acompañados, que se caracteriza por ser solidario, objetivo y ágil. Esta regulación busca organizar de manera transparente la respuesta de las comunidades y ciudades autónomas ante situaciones migratorias extraordinarias, asegurando una atención digna a estos menores en todo el país. Para más información, visita el enlace de la referencia del Consejo de Ministros.
El déficit de las Administraciones Públicas en España, excluyendo las Corporaciones Locales, alcanzó el 1,85% del PIB en noviembre de 2024, según datos del Ministerio de Hacienda. Esto equivale a un total de 29.411 millones de euros, afectado por un gasto extraordinario debido a inundaciones que sumaron 4.105 millones. Sin este gasto, el déficit se reduciría a 25.771 millones, un 9,6% menos que en el mismo periodo de 2023. La Administración Central reporta un déficit de 37.853 millones, mientras que las Comunidades Autónomas presentan un superávit de 5.651 millones gracias a un aumento en ingresos y recursos financieros. Los Fondos de la Seguridad Social también muestran un superávit de 2.791 millones.
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