A través de una moción del GPP en la Comisión General de Comunidades Autónomas
La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, Alicia García, ha anunciado que su partido exige al Gobierno, de manera “urgente”, una moratoria sobre los procedimientos de deslinde del dominio marítimo terrestre que actualmente se llevan a cabo en el litoral español. Esta solicitud se formaliza a través de una moción que será discutida y probablemente aprobada por la Comisión General de Comunidades Autónomas.
García ha explicado que esta moratoria tiene como objetivo evitar la demolición de edificaciones afectadas por la Ley de Costas, así como prevenir cualquier limitación o pérdida de derechos de propiedad privada o concesionales para los ciudadanos involucrados en estos procedimientos.
Crítica a la falta de diálogo del Gobierno
En el marco de esta discusión, la Comisión General de Comunidades Autónomas celebrará hoy una sesión monográfica sobre la Ley de Costas, donde estarán presentes todos los consejeros de las comunidades autónomas costeras gobernadas por el PP, así como el vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del partido, Alberto Nadal. También asistirán ciudadanos afectados por la actual legislación.
Alicia García ha criticado la ausencia del Gobierno liderado por Pedro Sánchez, quien ha declinado participar en el debate con los consejeros. La portavoz popular considera que esta actitud demuestra “falta de respeto” hacia el Senado y, lo que es más grave, “falta de sensibilidad e interés” para abordar un problema que afecta a miles de españoles a lo largo del litoral.
Compromiso con los ciudadanos afectados
La portavoz ha subrayado que esta iniciativa responde al compromiso adquirido el pasado 23 de abril tras una reunión con afectados por la Ley de Costas en Cartagena, donde ya había anunciado la celebración de esta sesión en el Senado.
Alicia García ha acusado al gobierno actual de ser “el alumno aventajado del chavismo”, al aplicar una Ley de Costas que representa “una sentencia de muerte” para decenas de municipios costeros. “No somos partidarios del exprópiese ni del derríbese. Somos el partido que defiende la libertad, la seguridad jurídica y la propiedad privada”, afirmó.
Propuestas concretas para reformar la Ley
La moción presentada por el GPP incluye una serie amplia de medidas y solicita “una revisión ordenada, seria y consensuada” tanto de la Ley de Costas como del resto de normativas relacionadas con el litoral. Además, reclama “la convocatoria urgente” de una Conferencia Sectorial para tratar estos asuntos.
García ha enfatizado que muchas personas han construido sus viviendas amparadas por un marco legal otorgado por el propio Estado. Sin embargo, ahora ese mismo Estado amenaza con despojarlas “de seguridad, certezas y lo más importante: su hogar”. Este es el verdadero riesgo al que se enfrentan los ciudadanos afectados.
Preguntas sobre la noticia
¿Qué exige el PP al Gobierno en relación a las edificaciones del litoral?
El PP, a través de su portavoz Alicia García, exige al Gobierno una moratoria urgente para suspender todos los procedimientos de deslinde del dominio marítimo terrestre y evitar la demolición de edificaciones afectadas por la Ley de Costas.
¿Cuál es el contexto de la moción presentada por el PP?
La moción fue presentada en la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado, donde se discute sobre la Ley de Costas y asisten consejeros de comunidades autónomas con litoral gobernadas por el PP.
¿Qué críticas hace Alicia García al Gobierno de Pedro Sánchez?
Alicia García critica la ausencia del Gobierno en el debate, señalando que demuestra falta de respeto y sensibilidad hacia un problema que afecta a miles de españoles en el litoral.
¿Qué medidas adicionales propone el PP en su moción?
La moción contempla una revisión ordenada y consensuada de la Ley de Costas y solicita la convocatoria urgente de la Conferencia Sectorial, entre otras medidas.
¿Cómo justifica el PP su posición respecto a la Ley de Costas?
Alicia García argumenta que muchas personas construyeron sus viviendas bajo un marco legal proporcionado por el Estado, y ahora este mismo Estado amenaza con dejarlas sin hogar y seguridad jurídica.
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