El Parlamento Europeo ha aprobado la apertura de negociaciones para reformar la política de retorno de inmigrantes irregulares en la UE, liderada por el Partido Popular Europeo. Esta reforma busca unificar y fortalecer las normas de retorno, ya que actualmente solo se ejecuta el 20% de las órdenes de retorno en Europa, siendo España uno de los países con menor eficacia, con apenas un 9,7%. La nueva normativa introduce procedimientos uniformes para agilizar los retornos y mejorar la cooperación entre Estados miembros, además de imponer mayores obligaciones a los inmigrantes en situación irregular. El eurodiputado Javier Zarzalejos ha destacado que esta medida contrasta con la política migratoria del Gobierno español, que favorece regularizaciones masivas. La reforma también incluye sanciones por vulneraciones y refuerza el retorno voluntario, buscando desincentivar rutas irregulares y combatir el tráfico de personas.
El Parlamento Europeo ha dado un paso significativo al aprobar la apertura de negociaciones con el Consejo sobre una reforma de la política de retorno para inmigrantes irregulares. Esta iniciativa, impulsada principalmente por el Partido Popular Europeo, busca reforzar la credibilidad de la política migratoria de la UE y establecer normas más estrictas y coordinadas para reducir la inmigración irregular.
Javier Zarzalejos, eurodiputado del Partido Popular y presidente de la comisión de Libertades Civiles (LIBE), celebró el resultado de esta votación, señalando que el reglamento sobre retornos es esencial para completar el paquete migratorio europeo. Este paquete tiene como eje central el Pacto Europeo de Migración y Asilo, que se implementará en junio. Sin este reglamento, otros instrumentos quedarían incompletos.
La propuesta tiene como objetivo unificar las normas de retorno para nacionales de terceros países en situación irregular, reemplazando un marco que ha estado vigente desde 2008. Actualmente, solo se ejecuta el 20% de las órdenes de retorno emitidas en la UE, cifra que en España se reduce a un alarmante 9,7%.
Zarzalejos advirtió que “no podemos avanzar en una política migratoria creíble y eficaz si las decisiones de retorno no se cumplen”. La nueva normativa busca incrementar la eficacia en los retornos, lo cual contrasta con la actual política del Gobierno español, que ha sido criticada por abrir la puerta a regularizaciones masivas sin una estrategia clara para controlar la inmigración irregular.
Este reglamento será de aplicación obligatoria directa para todos los Estados miembros, lo que significa que el Gobierno español no podrá ignorarlo. La reforma introduce procedimientos uniformes para facilitar los retornos y mejorar la cooperación entre países europeos. Esto incluye el reconocimiento mutuo de decisiones, permitiendo ejecutar expulsiones ordenadas por otros Estados miembros.
Además, se incrementará la cooperación con terceros países y se fortalecerá el papel de agencias como Frontex. También se impondrán mayores obligaciones a los inmigrantes irregulares respecto a su identificación y documentación.
Entre las medidas diseñadas para aumentar la seguridad destaca una prohibición de entrada por hasta diez años tras ser expulsados, ampliable en casos relacionados con riesgos a la seguridad. Asimismo, se establece una detención máxima de 24 meses.
Los acuerdos para acoger centros de retorno deberán incluir sanciones ante cualquier incumplimiento o falta al respeto a los estándares internacionales sobre derechos fundamentales.
Zarzalejos defendió que esta reforma es necesaria para lograr un modelo migratorio “ordenado, regular y vinculado al mercado laboral”. Afirmó que el Partido Popular está comprometido con una inmigración legal y ordenada, enfatizando la necesidad de erradicar la inmigración ilegal y desmantelar las redes mafiosas que trafican con personas.
A su vez, subrayó que este reglamento también servirá como herramienta para desincentivar rutas irregulares y combatir las organizaciones dedicadas al tráfico de migrantes. El nuevo marco refuerza además el retorno voluntario mientras mantiene salvaguardias adecuadas para garantizar los derechos fundamentales.
| Cifra | Descripción |
|---|---|
| 20% | Porcentaje de órdenes de retorno ejecutadas en la UE. |
| 9.7% | Porcentaje de órdenes de retorno ejecutadas en España. |
| 10 años | Prohibición de entrada tras ser expulsado, ampliable por razones de seguridad. |
| 24 meses | Detención máxima prevista para inmigrantes en situación irregular. |
El Parlamento Europeo ha dado luz verde a la apertura de negociaciones con el Consejo sobre una propuesta de reforma de la política de retorno de la UE para los inmigrantes sin derecho a permanecer en territorio europeo.
La reforma busca reforzar la credibilidad de la política migratoria de la UE y reducir la inmigración irregular mediante normas más estrictas y coordinadas.
A nivel general, solo el 20% de las órdenes de retorno dictadas se ejecutan en la UE, cifra que en España es aún menor, alcanzando apenas el 9,7%.
La decisión europea entra en contradicción con la política migratoria del Gobierno de España, que ha sido criticada por abrir la puerta a regularizaciones masivas y carecer de una estrategia clara para controlar la inmigración irregular.
La reforma introduce procedimientos uniformes para agilizar los retornos, refuerza el reconocimiento mutuo de decisiones entre Estados miembros, incrementa la cooperación con terceros países y establece mayores obligaciones para los inmigrantes en situación irregular.
Los convenios deberán incluir sanciones si hay vulneraciones o si no se respetan los estándares internacionales de derechos fundamentales.
El Partido Popular aboga por un modelo migratorio ordenado y legal, buscando terminar con la inmigración ilegal y combatir las mafias que trafican con personas.