Elías Bendodo, vicesecretario de Política Autonómica y Municipal del PP, ha instado al Gobierno a reforzar los controles del padrón municipal para evitar que se convierta en un "coladero" de inmigrantes que accedan a ayudas públicas. En una Comisión de Política Territorial, defendió una Proposición no de Ley que busca dotar a los ayuntamientos de herramientas para detectar empadronamientos fraudulentos y garantizar una gestión más rigurosa de la inmigración. Además, criticó la reciente regularización masiva de inmigrantes llevada a cabo por el Gobierno sin la debida comunicación a las autoridades europeas, acusándolo de despreciar la colaboración con administraciones locales y autonómicas. Bendodo enfatizó la necesidad de establecer un control efectivo y seguridad jurídica en materia migratoria.
El Partido Popular (PP) ha manifestado su firme oposición a la regularización masiva de inmigrantes que el Gobierno español planea aprobar. En una rueda de prensa, la vicesecretaria de Coordinación Sectorial, Alma Ezcurra, declaró que el PP utilizará todos los recursos políticos y jurídicos disponibles en España y la Unión Europea para combatir esta medida, que consideran una "barbaridad". Ezcurra destacó la importancia de respetar la ley en el proceso de inmigración y advirtió sobre las consecuencias negativas que esta decisión podría tener para la sociedad española. Además, criticó la falta de información sobre cuántas personas se verían afectadas por la regularización y sus antecedentes. El PP también abordó otros temas como la corrupción del Gobierno y su política penitenciaria.
Ester Muñoz, portavoz del GPP en el Congreso, alerta sobre los riesgos de seguridad que podría generar la regularización masiva de inmigrantes impulsada por el gobierno de Sánchez. Advierte que, aunque estos inmigrantes no podrán asentarse en la Unión Europea, sí podrán circular libremente, lo que podría facilitar la entrada de delincuentes y terroristas. Muñoz critica la falta de transparencia del Ejecutivo respecto a cuántas personas han obtenido la nacionalidad española bajo la Ley de Memoria Democrática y denuncia una doble moral al abordar temas de seguridad. Además, menciona la necesidad de controles en los procesos de regularización para proteger tanto a España como a Europa.
El Parlamento Europeo ha aprobado la apertura de negociaciones para reformar la política de retorno de inmigrantes irregulares en la UE, liderada por el Partido Popular Europeo. Esta reforma busca unificar y fortalecer las normas de retorno, ya que actualmente solo se ejecuta el 20% de las órdenes de retorno en Europa, siendo España uno de los países con menor eficacia, con apenas un 9,7%. La nueva normativa introduce procedimientos uniformes para agilizar los retornos y mejorar la cooperación entre Estados miembros, además de imponer mayores obligaciones a los inmigrantes en situación irregular. El eurodiputado Javier Zarzalejos ha destacado que esta medida contrasta con la política migratoria del Gobierno español, que favorece regularizaciones masivas. La reforma también incluye sanciones por vulneraciones y refuerza el retorno voluntario, buscando desincentivar rutas irregulares y combatir el tráfico de personas.
El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal del PP, Elías Bendodo, ha instado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a pasar de las "pancartas" a propuestas concretas, como las rebajas fiscales planteadas por Alberto Núñez Feijóo para ayudar a las familias en medio de la inflación. Durante su intervención en las Juntas Generales del PP en el País Vasco, Bendodo criticó la gestión del Gobierno en temas como la vivienda y la política exterior, enfatizando la necesidad de apoyar a los aliados europeos y de tener un enfoque más responsable. También defendió un plan de inmigración que favorezca la integración y el respeto a las normas españolas.
Ana Alós, portavoz adjunta del GPP, ha instado al Gobierno español a cumplir con la ley y ejecutar las órdenes de expulsión para evitar que España sea el "eslabón débil" en Europa en términos de inmigración. Durante un debate en el Pleno, destacó que solo se ejecutan siete de cada 100 órdenes de expulsión, lo que representa un fracaso estructural. Alós criticó la reciente regularización masiva de inmigrantes irregulares, argumentando que socava la seguridad jurídica y es injusta tanto para los ciudadanos españoles como para quienes han seguido los procedimientos legales. También propuso reforzar la cooperación judicial y policial y realizar cambios legislativos para expulsar a extranjeros condenados por delitos graves. La política migratoria debe ser coherente y efectiva, enfatizó, para garantizar el cumplimiento de las resoluciones administrativas y judiciales.
Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, ha presentado en Salamanca su proyecto político, enfatizando la necesidad de un cambio en España que no se asemeje al "sanchismo de derechas". Feijóo subraya que gobernar implica responsabilidad y servicio a la gente, y critica al actual Gobierno por su falta de transparencia y competencia. Asegura que el PP es la alternativa necesaria para el país, con principios irrenunciables como el compromiso y la cercanía. Además, promete revertir decisiones del Ejecutivo actual y priorizar el bienestar de las familias y trabajadores.
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Alma Ezcurra, vicesecretaria de Coordinación Sectorial del Partido Popular, ha expresado su oposición a la regularización masiva de inmigrantes sin conocer el número exacto de personas afectadas, que el gobierno estima entre 500.000 y 1.200.000. En una entrevista en Las Mañanas de RNE, enfatizó que esta falta de información es "una temeridad" y que la regularización debe basarse en criterios individualizados, excluyendo a quienes tienen antecedentes penales y vinculando el proceso al empleo. Ezcurra advirtió sobre los riesgos de fomentar la irregularidad y el peligro de las mafias para quienes buscan migrar. Además, criticó al gobierno por tramitar la iniciativa legislativa popular sin consenso parlamentario y destacó la importancia de establecer requisitos estrictos para la residencia legal en España.
Marimar Blanco, viceportavoz de Interior del Grupo Parlamentario Popular, cuestiona al ministro Fernando Grande Marlaska sobre la reciente regularización masiva de inmigrantes aprobada por el Gobierno de Sánchez. Blanco califica esta medida como un "coladero para delincuentes" y una señal del fracaso en el control de fronteras. Durante la sesión de control al Gobierno, argumentó que la intención detrás de esta regularización es ampliar la base electoral para sostener a Sánchez, destacando la falta de exigencias en los antecedentes policiales. Además, criticó la gestión del ministro en materia de seguridad y servicios públicos, instándole a dimitir si tiene dignidad.
Más de 214.000 personas extranjeras trabajan en España gracias a la vía del arraigo, lo que representa un aumento del 40% en comparación con el año anterior. Según el Observatorio Permanente de la Inmigración, este crecimiento se traduce en un incremento del 39% en la afiliación a la Seguridad Social de este colectivo. La mayoría de los contratos son indefinidos y a tiempo completo, destacando sectores como la hostelería, la construcción y el comercio. Además, el número de autorizaciones de residencia por arraigo ha crecido un 26% en el último año, consolidando su importancia como herramienta para la integración laboral y social en España.
Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, critica al gobierno de Pedro Sánchez por alejar a España de las democracias europeas y califica su gestión como un "Gobierno zombi". Durante una cumbre en Bruselas, Feijóo instó a Sánchez a no convertir la acción exterior en un interés personal y destacó la necesidad de realismo en la política. Acusó al gobierno actual de no presentar presupuestos y de tener una política exterior incoherente, además de advertir sobre la regularización masiva de inmigrantes. Defendió su plan para reducir impuestos y enfatizó que España debe ser un país fiable en el ámbito internacional.
No tenemos una época de cambios, estamos en un cambio de época.
Cuca Gamarra, vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular, ha criticado la política migratoria del Gobierno de Sánchez, considerándola un riesgo para la seguridad. Anunció que el PP presentará enmiendas en el Senado a la Ley de Multirreincidencia para evitar que el proceso de regularización de inmigrantes se convierta en un "coladero" de delincuentes. Gamarra destacó la preocupación por una posible regularización masiva que podría afectar a más de 1,2 millones de personas sin controles adecuados. El PP busca implementar medidas más estrictas y responsabilizar al Gobierno por las consecuencias de su política migratoria.
Ester Muñoz, portavoz del Grupo Popular en el Congreso, ha afirmado en un reciente Pleno que “la nacionalidad española no se regala, se gana”, dirigiéndose a la ministra Montero sobre la regularización masiva de inmigrantes. Muñoz cuestionó al Gobierno sobre su política migratoria y advirtió que un aumento significativo de inmigrantes podría impactar negativamente en los servicios públicos y la escasez de vivienda en España. Defendió que quienes llegan al país deben hacerlo para trabajar y subrayó que aquellos que delinquen deben ser devueltos a sus países de origen. Además, criticó las comparaciones entre el PP y Vox y defendió una política migratoria sensata y legal.
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