La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular (GPP) ha puesto de manifiesto que en España, apenas se ejecutan siete de cada 100 órdenes de expulsión dictadas. Entre enero y septiembre de 2025, el país notificó más de 41.000 órdenes, lo que evidencia un problema que trasciende lo puntual. “Estamos ante un fracaso estructural que envía un mensaje devastador: incumplir la ley en España sale gratis”, afirmó.
Además, advirtió que “España no puede ser el país que emite órdenes sin cumplirlas, convirtiendo la irregularidad en una vía hacia la regularización automática”. Resaltó la incongruencia de exigir a los ciudadanos españoles un certificado negativo de antecedentes penales para acceder a ciertos empleos públicos, mientras que aquellos que han permanecido ilegalmente en el país pueden regularizar su situación mediante una simple manifestación unilateral.
Críticas a la regularización masiva
La portavoz cuestionó si esta medida realmente refuerza la seguridad jurídica, y si protege tanto a los ciudadanos españoles como a los inmigrantes que cumplen con las normativas. “Esta regularización no solo es injusta para quienes respetan las leyes, sino también para aquellos inmigrantes que han esperado años en trámites burocráticos”, añadió.
Al mismo tiempo, destacó la contradicción entre las políticas migratorias de España y las de sus socios europeos. “Mientras otros países endurecen sus políticas de retorno, España anuncia papeles para todos, convirtiéndose así en el punto débil del espacio Schengen”, subrayó, haciendo referencia al efecto llamada que las mafias están utilizando.
Propuestas para mejorar el sistema
<p“Es preocupante que incluso la Fiscalía General del Estado haya señalado los retrasos y dificultades en la ejecución de expulsiones debido al colapso judicial y la falta de cooperación consular. En lugar de solucionar estos problemas, el Gobierno ha optado por desactivar el sistema mediante una regularización masiva”, denunció.
Aparte de exigir una ejecución efectiva de las órdenes de expulsión, Alós instó al Gobierno a realizar cambios legislativos necesarios para expulsar a extranjeros condenados por delitos graves o reincidentes, especialmente aquellos relacionados con delitos contra la libertad sexual.
Llamado a una política migratoria coherente
Asimismo, propuso reforzar la cooperación judicial y policial para acortar plazos y evitar dilaciones indebidas; revisar acuerdos con países de origen y tránsito e introducir consecuencias diplomáticas o económicas cuando no colaboren en readmisiones; además de aumentar los recursos humanos y tecnológicos disponibles para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FyCSE) y colaborar con Frontex.
“Esto no se trata solo de humanidad frente a firmeza; es cuestión del Estado de Derecho. Las resoluciones administrativas y judiciales deben cumplirse. Quienes cometen delitos graves o reinciden dolosamente no pueden permanecer en nuestro país como si nada hubiera ocurrido”, concluyó sobre las propuestas presentadas en la Proposición no de Ley debatida hoy, alineadas con el nuevo Reglamento de Retorno propuesto por la Comisión Europea.
Finalmente, cuestionó qué credibilidad tendrá España al implementar este reglamento si actualmente solo ejecuta el 7% de sus órdenes de expulsión. “¿Cómo podemos participar en un sistema europeo basado en el reconocimiento mutuo si nuestras decisiones no se cumplen?”, se preguntó Alós.
La portavoz hizo hincapié en la necesidad urgente de establecer una política migratoria estatal sólida: “Con autoridad única, control efectivo sobre fronteras, criterios objetivos y verificables para cualquier regularización individualizada, así como un retorno ordenado para quienes no cumplan los requisitos”. Además, criticó al Gobierno por trasladar los costos derivados de su falta de planificación a comunidades autónomas y ayuntamientos.
La noticia en cifras
| Cifra |
Descripción |
| 7% |
Porcentaje de órdenes de expulsión ejecutadas en España. |
| 41,000 |
Número total de órdenes de expulsión notificadas entre enero y septiembre de 2025. |
| 100 |
Total de órdenes consideradas para calcular el porcentaje mencionado (siete de cada 100). |
Preguntas sobre la noticia
¿Cuántas órdenes de expulsión se ejecutan en España?
En España solo se ejecutan siete de cada 100 órdenes de expulsión que se dictan.
¿Cuántas órdenes de expulsión se notificaron entre enero y septiembre de 2025?
Entre enero y septiembre de 2025, España notificó más de 41.000 órdenes de expulsión.
¿Qué critica Ana Alós sobre la regularización masiva de inmigrantes irregulares?
Ana Alós critica que se permita la regularización automática a quienes han entrado o permanecido ilegalmente en España, argumentando que esto es injusto para los ciudadanos españoles y para aquellos inmigrantes que han venido legalmente.
¿Qué propone Ana Alós para mejorar el sistema de expulsiones en España?
Propone garantizar la ejecución efectiva de las órdenes de expulsión, aprobar cambios legislativos para expulsar a extranjeros condenados por delitos graves, reforzar la cooperación judicial y policial, y mejorar los medios humanos y tecnológicos relacionados con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
¿Cómo afecta la falta de cumplimiento en las órdenes de expulsión a la credibilidad de España en Europa?
Ana Alós advierte que si España solo ejecuta el 7% de sus órdenes de expulsión, su credibilidad ante otros Estados miembros será cuestionada cuando entre en vigor el nuevo reglamento europeo sobre retornos.
¿Qué necesita España según Ana Alós para su política migratoria?
España necesita una política migratoria con autoridad única, control efectivo de fronteras, criterios objetivos para cualquier regularización individualizada y un retorno ordenado para quienes no cumplan los requisitos.
Si (
No(
