21/04/2026@22:05:29
El Partido Popular ha denunciado en el Senado que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha impuesto la compra de la baliza V16, un dispositivo cuya legalidad y eficacia son cuestionadas. La senadora María Jesús Bonilla criticó la falta de notificación a Europa y los problemas de homologación del dispositivo, que ha generado dudas sobre su utilidad y transparencia en los contratos. Además, alertó sobre el impacto económico para los ciudadanos, estimando un costo total de más de 1.500 millones de euros. Bonilla exigió al ministro informes técnicos independientes y cuestionó la desigualdad que enfrenta el conductor español frente a vehículos matriculados en otros países.
El Partido Popular ha presentado una moción en el Senado para que el Gobierno considere las propuestas de los militares al declarar a las Fuerzas Armadas como profesión de riesgo. La iniciativa busca crear una Comisión de Trabajo Temporal que incluya a asociaciones profesionales y garantice un diálogo efectivo con los militares, evitando desigualdades en la regulación. Cuca Gamarra, vicesecretaria del PP, enfatiza la necesidad de escuchar a los profesionales del sector y critica la falta de transparencia del Ministerio de Defensa. Además, el PP ha promovido esta consideración a nivel europeo para mejorar derechos laborales y condiciones para los militares y otros colectivos en situaciones similares.
En el Pleno del Senado, Alfonso Polanco, portavoz de Hacienda del GPP, cuestionó al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, sobre la gestión de la inflación en España. Polanco afirmó que el Gobierno ha optado por "aprovechar" la inflación en lugar de combatirla, criticando las medidas temporales como rebajas del IVA y cheques puntuales. Propuso deflactar el IRPF para proteger el poder adquisitivo de los españoles, especialmente de los jóvenes con salarios bajos. Denunció que la inflación ha llevado a un aumento acumulado de precios del 20% en pocos años, mientras que los salarios han crecido por debajo de este incremento. Además, alertó sobre la alta presión fiscal y la falta de medidas estructurales para abordar el coste de vida.
María Jesús Moro, portavoz de Justicia del GPP en el Congreso, denuncia que el Gobierno ha vetado enmiendas del PP aprobadas en el Senado, lo que considera una violación de la soberanía popular y un acto antidemocrático. Critica la oposición del Ejecutivo a incrementar la plantilla de fiscales y a una reforma en la Ley de Extranjería que garantice controles rigurosos para la residencia legal en España. Moro sostiene que este veto revela un deseo de regularización sin control y destaca la necesidad de fortalecer las plantillas judiciales y policiales para combatir la delincuencia.
El Grupo Parlamentario Popular (PP) en el Senado ha presentado enmiendas a la Ley de Multirreincidencia para frenar la regularización de migrantes con antecedentes penales. Estas modificaciones buscan mejorar la seguridad pública y evitar que personas con antecedentes penales accedan a autorizaciones de residencia sin un control adecuado. Entre las propuestas se incluye la exigencia de que los solicitantes no tengan antecedentes ni procedimientos abiertos, así como la eliminación del arraigo como excepción a la expulsión de inmigrantes que hayan cometido delitos. La iniciativa del PP ha generado controversia, especialmente tras el rechazo de Vox a una enmienda que buscaba fortalecer esta regulación.
El Grupo Parlamentario Popular ha denunciado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no compareció en el Pleno extraordinario del Senado el 29 de enero, calificando su decisión como "rebeldía parlamentaria". Según el portavoz adjunto Antonio Silván, Sánchez no presentó justificación alguna para su ausencia y esto representa un grave incumplimiento de su obligación democrática. La senadora Ana Beltrán también criticó la falta de respeto del presidente hacia las instituciones, sugiriendo que su negativa a comparecer se debe a su deseo de evitar responsabilidades sobre los recientes accidentes ferroviarios. El PP ha señalado que si esta situación persiste, recurrirán al Tribunal Constitucional para asegurar que el presidente cumpla con sus deberes ante el Senado.
Juan Milián, senador del Grupo Parlamentario Popular por Cataluña, exige la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, durante su comparecencia en el Senado. Milián critica la gestión del ministro y afirma que los políticos irresponsables deben irse a casa. Destaca el caos en Rodalies, señalando que la falta de seguridad y puntualidad ha afectado a millones de usuarios. Acusa al Gobierno y a la Generalitat de mala gestión y descoordinación, lo que ha llevado a una degradación del servicio ferroviario en España. Además, menciona el fracaso de su predecesor, José Luis Ábalos, en la gestión del mantenimiento de la red ferroviaria.
El Partido Popular (PP) ha criticado a la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, durante un Pleno extraordinario en el Senado por su gestión en el Ministerio de Transición Ecológica, especialmente en relación con las investigaciones de corrupción. Los senadores Javier Márquez y Miguel Ángel Castellón acusaron a Aagesen de intentar normalizar la entrada de la UCO para investigar posibles irregularidades en adjudicaciones y contratos. Se mencionaron varios escándalos relacionados con su ministerio, incluyendo casos como Villafuel y Forestalia, y se cuestionó su falta de transparencia y responsabilidad. El PP exigió explicaciones claras sobre estos temas y pidió la dimisión de Aagesen por no actuar en defensa del interés público.
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El Partido Popular (PP) ha denunciado la "falta de respeto" de Francisca Muñoz, conocida como 'La Paqui', hacia el Senado durante su comparecencia en la Comisión de Investigación del caso Koldo-PSOE. La senadora Ana Beltrán cuestionó a Muñoz sobre las dudas relacionadas con ella y su esposo, Santos Cerdán, afirmando que el silencio no resuelve las inquietudes sobre la contratación de familiares y el origen de fondos. Beltrán acusó a Muñoz de burlarse del Senado y destacó su vinculación con una presunta trama criminal organizada por Cerdán, que operó desde 2015 para obtener comisiones ilegales en contrataciones públicas. También se mencionaron gastos excesivos del matrimonio pagados con tarjetas vinculadas a empresas involucradas en la investigación, lo que plantea serias interrogantes sobre su conducta y respeto por las instituciones.
Alicia García, portavoz del PP en el Senado, ha anunciado una Comisión de Investigación sobre la gestión de RTVE, argumentando que ha dejado de ser una televisión pública para convertirse en "Tele Pedro". García critica la administración actual por su falta de neutralidad y rigor financiero, señalando un aumento en el presupuesto destinado a la propaganda y la contratación de personal externo. También denuncia prácticas como la purga de voces independientes y el manejo negligente de fondos públicos, que ha llevado a pérdidas significativas y al incumplimiento de contratos. La nueva comisión busca responsabilizar a quienes hayan malversado recursos o manipulado procesos dentro del ente público.
El Partido Popular (PP) ha propuesto frenar la regularización de migrantes con antecedentes penales mediante una enmienda a la Proposición de Ley Orgánica sobre multirreincidencia, aprobada en el Senado. El senador Juan Milián argumenta que permitir que personas con antecedentes penales mantengan autorizaciones de residencia sin un control riguroso convierte a España en un "coladero de delincuentes". Además, el PP busca que los procedimientos de expulsión no se suspendan por la simple presentación de solicitudes de residencia. La iniciativa responde a un aumento de delitos como hurtos y critica la gestión del PSOE en materia de seguridad. Milián subraya la necesidad de una reforma del Código Penal para abordar la multirreincidencia y mejorar la seguridad pública.
Alicia García, portavoz del PP en el Senado, ha anunciado que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero comparecerá el 2 de marzo para rendir cuentas sobre su implicación en el rescate de la aerolínea Plus Ultra. García afirma que Zapatero está "hasta las cejas" de sospechas de corrupción y critica su vinculación con la narcodictadura de Maduro. La dirigente del PP sostiene que este rescate, que costó 53 millones de euros a los españoles, ha generado múltiples pruebas de un posible negocio corrupto entre Zapatero, Sánchez y otros involucrados. Además, se espera que también comparezcan otros implicados en este caso. García concluye que tanto Zapatero como Sánchez deben asumir responsabilidades ante la justicia.
En el Pleno del Senado, el senador del PP, Francisco Bernabé, exigió la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, tras los recientes accidentes ferroviarios en Cataluña. Bernabé calificó las acciones de Puente como imprudencias que han resultado en muertes y heridos, argumentando que su carrera política ha llegado a su fin debido a la falta de decencia y la gestión deficiente del sistema ferroviario. Criticó la falta de mantenimiento e inversión en infraestructuras y responsabilizó también al presidente Pedro Sánchez por mantener a Puente en su cargo. La intervención se produjo en un contexto marcado por una serie de incidentes trágicos en las líneas R1 y R4 de Rodalies.
Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, compareció ante el Senado para ofrecer detalles sobre el accidente en Adamuz y las medidas adoptadas. Durante casi tres horas, expuso el proceso de renovación e inspección de la vía de Alta Velocidad Madrid-Sevilla, destacando una inversión de 780 millones de euros en mejoras. Se abordaron los planes de atención a las víctimas por parte de Renfe, que incluyen asistencia psicológica y un paquete de ayudas del Gobierno que asciende a 20 millones de euros. Puente reafirmó su compromiso con la transparencia y desmintió rumores sobre desinversión en infraestructuras ferroviarias, presentando cifras que evidencian un aumento significativo en la inversión desde 2018. La comparecencia finalizó con un repaso a los recursos disponibles para el mantenimiento y control de las vías.
El Senado ha reprobado a la ministra de Sanidad, Mónica García, acusándola de convertir el Estatuto Marco en un símbolo de su fracaso político. Los senadores del GPP, Enrique Ruiz Escudero y Rosa Romero, critican que su gestión no ha resuelto los problemas del sistema sanitario y ha generado nuevos conflictos. Romero califica el Estatuto como una "barbaridad" que ha unido a la profesión sanitaria en su contra. Ambos senadores exigen una actualización del Estatuto basada en el diálogo y el consenso, mientras denuncian la falta de atención a las huelgas históricas de médicos. La reprobación se presenta como un acto de justicia ante lo que consideran una incompetencia en la gestión sanitaria.
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