politica migratoria

Cuca Gamarra, vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular, ha criticado la política migratoria del Gobierno de Sánchez, considerándola un riesgo para la seguridad. Anunció que el PP presentará enmiendas en el Senado a la Ley de Multirreincidencia para evitar que el proceso de regularización de inmigrantes se convierta en un "coladero" de delincuentes. Gamarra destacó la preocupación por una posible regularización masiva que podría afectar a más de 1,2 millones de personas sin controles adecuados. El PP busca implementar medidas más estrictas y responsabilizar al Gobierno por las consecuencias de su política migratoria.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España, liderado por la ministra Elma Saiz, ha anunciado la convocatoria de la cuarta Conferencia Sectorial de Migración para principios de 2025. Este evento será un espacio clave para el diálogo entre comunidades autónomas y entidades locales sobre políticas migratorias, enfocándose en derechos humanos, integración e inclusión. Durante su participación en el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior de la UE, Saiz destacó la importancia de incorporar una perspectiva humanitaria en el debate migratorio y reafirmó el compromiso del gobierno español con una gestión migratoria que responda a las necesidades del mercado laboral y proteja los derechos humanos. La reforma del Reglamento de Extranjería también se alineará con estos objetivos.

El Partido Popular ha denunciado en el Parlamento Europeo la propuesta del presidente Pedro Sánchez de una regularización masiva de inmigrantes irregulares, advirtiendo sobre sus graves consecuencias para la Unión Europea. La eurodiputada Dolors Montserrat criticó que esta medida se imponga "a ciegas" y sin verificar antecedentes, lo que podría generar un efecto llamada y potenciar las mafias de trata de personas. Además, alertó sobre el impacto en el espacio Schengen y la polarización política que esta decisión podría acarrear. Los eurodiputados del PP abogan por una política migratoria basada en la legalidad y el respeto a los derechos de quienes cumplen las normas.