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El Gobierno español ha propuesto a Concepción Campos Acuña como nueva presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, tras el vencimiento del mandato anterior. Campos, doctora en Derecho y con más de 20 años de experiencia en la administración pública, deberá obtener el refrendo del Congreso de los Diputados. Su trayectoria incluye roles clave en la promoción de la transparencia y la participación ciudadana, así como su actual labor como consultora y profesora asociada. El presidente del consejo tendrá un mandato de cinco años, no renovable, y deberá cumplir con un régimen de incompatibilidades específico para altos cargos.

El Grupo Parlamentario Popular (GPP) ha iniciado una ofensiva en el Congreso de los Diputados para exigir la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras la renuncia del director adjunto operativo de la Policía, José Ángel González, por una denuncia de agresión sexual. El GPP busca aclarar por qué el Gobierno mantuvo a González en su puesto a pesar de la denuncia y ha registrado varias comparecencias y preguntas dirigidas al Ejecutivo. Además, se cuestiona la actuación de diversos mandos policiales que supuestamente intentaron encubrir los hechos y presionar a la víctima. La proposición no de ley presentada insta al cese inmediato de Grande-Marlaska y a la suspensión cautelar de todos los mandos implicados para proteger a futuras víctimas.

El Congreso de los Diputados ha ratificado la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, que establece por primera vez estándares de calidad para la atención al cliente en España. Esta ley busca proteger a los consumidores de abusos, regulando aspectos como la prohibición de llamadas no consentidas y gastos inesperados, y garantizando una atención telefónica gratuita y accesible. Las empresas deberán atender reclamaciones en un plazo máximo de 15 días y evitar renovaciones automáticas sin previo aviso. La norma entrará en vigor el 27 de diciembre de 2025, exigiendo a las empresas adaptarse en un año. Además, se prohíbe la compraventa de reseñas y se establecen medidas para garantizar la transparencia en los precios y servicios ofrecidos.

El Partido Popular ha solicitado la comparecencia urgente de la ministra de Sanidad en el Congreso debido al "caos" generado por el retraso en los exámenes MIR para 2026. La publicación de la lista definitiva de admitidos se ha pospuesto hasta el 15 de enero, a solo nueve días de las pruebas programadas para el 24 de enero. Carmen Fúnez, vicesecretaria del PP, ha denunciado la incertidumbre que enfrenta el personal sanitario y ha criticado la falta de plazas disponibles, que afecta a miles de profesionales. El PP exige una ampliación significativa de las plazas MIR, señalando que solo se han añadido 36 para Atención Primaria, lo que consideran insuficiente ante la creciente falta de recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud.

El Congreso de los Diputados ha convalidado el Real Decreto-ley que establece medidas urgentes para ayudar a los afectados por la DANA, con 307 votos a favor y 33 en contra. Este decreto incluye avales estatales de hasta 5.000 millones de euros y busca acelerar la recuperación de los municipios impactados por las inundaciones. El Gobierno ha diseñado un plan en tres fases que amplía la protección a empresas y autónomos, crea nuevos préstamos ICO y refuerza el escudo social para autónomos. Además, se destinarán más de 60 millones de euros para mejorar la resiliencia frente a inundaciones en varias comunidades autónomas. En total, se han movilizado cerca de 8.000 millones de euros en ayudas para abordar esta crisis.

Ester Muñoz, portavoz del Grupo Popular en el Congreso, ha denunciado que un reciente auto del juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, revela la financiación irregular del PSOE. Según Muñoz, el auto es contundente y señala que el partido no puede explicar el origen ni el destino de sus fondos. La diputada critica la falta de transparencia del PSOE y sugiere que el presidente Sánchez está preparando su defensa judicial ante una posible investigación. Además, cuestiona las afirmaciones del PSOE sobre la veracidad de los informes relacionados con estas acusaciones.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, respondió en el Congreso a las acusaciones del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre la gestión del Gobierno progresista. Durante la sesión de control, Sánchez destacó medidas recientes como los 500 millones de euros destinados a enfermos de ELA y 27 millones para agricultores afectados por incendios. Criticó la falta de responsabilidad del PP en temas de salud y acusó al partido de gobernar con mentiras y desprotección hacia las mujeres. La vicepresidenta María Jesús Montero también recordó cómo el PP abandonó a la ciudadanía durante la crisis financiera anterior.

El Partido Popular ha presentado una proposición no de ley en el Congreso para aumentar las penas de prisión por la tenencia ilegal de armas blancas y solicita un plan integral para abordar este problema creciente. La iniciativa responde al alarmante aumento del 35% en agresiones con armas blancas en los últimos cuatro años, destacando la necesidad de revisar la normativa sobre su compra y uso, así como endurecer las sanciones. El PP también pide medidas específicas para menores involucrados en delitos con estas armas y critica al PSOE por bloquear iniciativas que mejorarían la seguridad ciudadana.

Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda, ha anunciado que CASA 47 licitará este trimestre la construcción de 2.800 nuevas viviendas para alquiler asequible. Esta iniciativa se presentará en el Congreso de los Diputados y forma parte de un esfuerzo más amplio por aumentar el parque público de vivienda. Además, se están adecuando viviendas de la Sareb y se destinarán 100 millones de euros para adquirir más propiedades. Rodríguez también destacó la importancia de regular los alquileres y proteger a las personas vulnerables, instando a un consenso sobre políticas habitacionales efectivas.

La infancia expone en el Congreso de los Diputados sus propuestas sobre temas cruciales como salud mental, violencia, pobreza y derechos digitales. Este encuentro, organizado por la Plataforma de Infancia y UNICEF España, reúne a jóvenes con representantes políticos para abordar sus inquietudes y sugerencias. La iniciativa busca dar voz a los menores en asuntos que les afectan directamente.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha propuesto destinar 150 millones de euros al Pacto de Estado contra la Pobreza Infantil, que está en su fase final en el Congreso. Rego enfatizó la necesidad de que este acuerdo se traduzca en un compromiso firme con recursos económicos adecuados. Además, destacó la importancia de la Prestación Universal por Crianza, que podría sacar a más de medio millón de niños de la pobreza. Según Unicef, esta medida reduciría la pobreza infantil en 7 puntos y representaría un ahorro significativo para el Estado.

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha anunciado en el Congreso el inicio del procedimiento para la extinción de cuatro fundaciones franquistas: la Fundación José Antonio Primo de Rivera, la Fundación Blas Piñar, la Fundación Privada Ramón Serrano Suñer y la Fundación Pro Infancia Gonzalo Queipo de Llano. Esta medida se enmarca dentro de la Ley de Memoria Democrática y busca garantizar la verdad y justicia en la memoria histórica de España. Durante su comparecencia, Urtasun también destacó los avances en el fomento del plurilingüismo y anunció que España será el País Invitado en la Bienal Internacional del Libro de São Paulo en 2026. Además, se prevé una ampliación del Centro Nacional de Fotografía con finalización estimada para 2027.

El Congreso de los Diputados ha aprobado una iniciativa del Grupo Popular para auditar el sistema de pulseras antimaltrato, a pesar del voto en contra del presidente Pedro Sánchez y la abstención del PSOE. La propuesta, defendida por la diputada Marta González, busca evaluar el impacto de la pérdida de datos en procedimientos judiciales y garantizar la protección de las víctimas. La medida recibió apoyo de varios partidos, incluyendo Vox y Coalición Canaria, mientras que Podemos y otros diputados socialistas se opusieron. Esta auditoría tiene como objetivo aportar transparencia y establecer un mecanismo de supervisión para el futuro.

El Partido Popular ha presentado una Proposición no de Ley en el Congreso para exigir al Gobierno la modificación urgente de la regulación de los Medios Alternativos de Solución de Conflictos (MASC) en la Justicia. Denuncian que la Ley de Eficiencia Judicial de Bolaños genera inseguridad jurídica y bloqueos en el sistema judicial, afectando los derechos de los ciudadanos. El PP aboga por unificación de criterios y protocolos claros para mejorar la efectividad del sistema judicial, además de solicitar programas de formación para operadores jurídicos y mecanismos de seguimiento del impacto de estos medios alternativos. La vicesecretaria del PP, Cuca Gamarra, critica esta ley como otro "desastre legislativo" del Gobierno.