El PP apoya mayor vigilancia de la JEC en la Ley de Nietos por dudas en el censo exterior

La reciente resolución de la Junta Electoral Central (JEC) ha sido recibida con satisfacción por el Partido Popular, que considera que su demanda de mayores garantías en la aplicación de la Ley de Nietos ha sido validada. La formación política valora positivamente que el órgano electoral haya decidido intensificar la vigilancia sobre este asunto crucial.

“No se trata de un tema menor, ya que podría influir en más de dos millones y medio de solicitudes de nacionalidad y, por ende, en la composición del censo electoral en el exterior”, subraya el PP.

El pronunciamiento de la JEC revela dudas significativas sobre la correcta implementación de los criterios para la inclusión en el censo electoral exterior. Estos criterios deben ser “objetivos, homogéneos, suficientemente acreditados y aplicables de manera uniforme por todas las oficinas consulares”, tal como se menciona en la resolución emitida hoy.

Exigencias de transparencia

La Junta ha solicitado información adicional y la elaboración de nuevas instrucciones que aseguren la objetividad, homogeneidad y transparencia del proceso. Elementos que, según denuncia el Partido Popular, no se están cumpliendo adecuadamente. Tras esta resolución, “el Gobierno ya no puede hacer caso omiso a las inquietudes planteadas”.

El PP sostiene que la instrucción emitida por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública excede lo permitido por la legislación vigente. Esta situación pone de manifiesto la necesidad urgente de reforzar las garantías tanto en los procedimientos de nacionalización como en la elaboración del censo electoral.

Por ello, solicita que no se realicen nuevas incorporaciones al censo basadas en esta instrucción hasta que se implementen plenamente los criterios y garantías exigidos por la JEC.

Llamado a actuar con responsabilidad

Además, el Partido Popular reitera la importancia de revisar completamente dicha instrucción debido a su nulidad, asegurando su conformidad con el marco legal vigente. También exige una publicación desglosada de las altas generadas por esta vía como un paso esencial hacia la transparencia y el control público.

“Un asunto tan relevante nunca debió llegar a esta situación. Ahora es responsabilidad del Gobierno actuar con seriedad y restaurar la confianza entre todos los españoles, tanto aquellos que residen en el país como los que viven en el extranjero”, argumenta el partido.

La JEC ha trazado un camino claro al reforzar las garantías del sistema electoral. El Ejecutivo debe seguir este rumbo, salvo que pretenda cuestionar el criterio del máximo organismo administrativo electoral, compuesto por magistrados del Tribunal Supremo y académicos reconocidos.

El censo es fundamental para la democracia; por lo tanto, no puede ser regulado sin controles ni garantías adecuadas. Estos son precisamente los mecanismos que hoy ha obligado a adoptar la Junta Electoral Central.

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