Crisis en Afganistán: niñas sin educación y país al borde del colapso

Cuatro años después de que los talibanes retomaran el control en Afganistán, el país se encuentra sumido en una serie de crisis interconectadas que amenazan su estabilidad. Entre los problemas más graves se incluyen un colapso económico, sequías recurrentes, hambruna generalizada y un éxodo inverso de millones de personas que regresan sin recursos. Sin embargo, la situación más alarmante es la restricción sistemática de los derechos de las mujeres.

El devastador terremoto que sacudió el este del país el 31 de agosto ha exacerbado una crisis humanitaria ya crítica. Las escuelas secundarias y universidades han sido cerradas para las niñas por las autoridades talibanes, mientras que numerosos hospitales cierran por falta de financiación. La llegada de dos millones de familias que regresan desde Irán o Pakistán sin medios económicos suficientes es otro signo del desmoronamiento social.

Una generación en riesgo

Roza Otunbayeva, representante especial del Secretario General de la ONU para Afganistán, alertó en una reunión del Consejo de Seguridad sobre el futuro incierto de toda una generación: “Después de tres años y medio de cerrar las escuelas para niñas más allá del sexto grado, corre el riesgo de perderse”. Esta prohibición tiene un impacto económico significativo; según el Banco Mundial, le cuesta al país aproximadamente 1400 millones de dólares anuales.

Aparte del impacto educativo, la economía afgana también se ve afectada por decisiones políticas restrictivas. Aunque las autoridades talibanes han demostrado cierta capacidad para coordinar esfuerzos tras el terremoto en Kunar, la prohibición del acceso a las oficinas de la ONU para el personal afgano está obstaculizando gravemente la ayuda humanitaria. Otunbayeva enfatizó: “Esta grave restricción reduce la capacidad de la ONU para ayudar al pueblo afgano cuando más lo necesita”.

Crisis humanitaria y represión

El último informe del Secretario General revela que 1,6 millones de afganos han regresado forzosamente desde enero, lo que ha saturado las capacidades ya limitadas para acoger a nuevos llegados. Actualmente, más de nueve millones de personas enfrentan inseguridad alimentaria aguda, con 1,6 millones al borde de la hambruna. Este verano, más de 420 centros médicos han cerrado sus puertas, privando a tres millones de personas del acceso a atención sanitaria.

A esta crisis se suma una represión implacable por parte del régimen talibán: se han documentado 63 castigos corporales en solo tres meses y manifestaciones pacíficas han sido reprimidas violentamente. En Herat, se ha impuesto a las mujeres la obligación de llevar velo integral. La Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto en julio contra líderes talibanes por crímenes relacionados con la persecución a mujeres y niñas.

Una injusticia alarmante

A pesar del oscuro panorama, algunos aspectos positivos son difíciles de ignorar: desde 2021 ha disminuido la violencia a gran escala y se ha implementado una estrategia nacional contra el cultivo ilegal de adormidera. Sin embargo, estos logros son eclipsados por la dura realidad que enfrenta Afganistán.

Catherine Russell, directora ejecutiva del Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF), calificó recientemente como “una de las injusticias más atroces” la prohibición educativa impuesta a las niñas afganas. Al cumplirse cuatro años desde su implementación, Russell advirtió que esto representa “una seria amenaza para la estabilidad y el progreso a largo plazo del país”. Afirmó también que “si Afganistán quiere avanzar, necesita contar con la plena participación tanto masculina como femenina para desarrollar una fuerza laboral resiliente y atender las necesidades económicas del país”. A finales de 2025, se estima que más de 2,2 millones de adolescentes habrán sido excluidas del sistema educativo.

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