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La diputada del GPP, Patricia Rodríguez, defendió en el Congreso la prohibición del burka y el niqab en espacios públicos, criticando la postura del PSOE y Bildu. Acusó a los partidos de izquierda de hipocresía por no apoyar la medida, argumentando que estas prendas invisibilizan a las mujeres. Rodríguez enfatizó que la dignidad femenina no debe estar sujeta a tradiciones o religiones y que la libertad e igualdad de todas las mujeres deben prevalecer en España. También cuestionó la indiferencia de Bildu hacia el tema, sugiriendo que se sienten cómodos con la opresión.

Elvira Velasco, portavoz de Sanidad del GPP, critica duramente el nuevo decreto de copago farmacéutico, calificándolo de "auténtica chapuza" debido a sus incongruencias y la falta de coordinación en su implementación. Acusa a la ministra Mónica García de actuar sin diálogo con las comunidades autónomas, lo que podría costarles 267 millones de euros. Velasco destaca la necesidad de coordinar múltiples organismos para aplicar la norma y cuestiona su efectividad al cambiar los niveles de aportación para asegurados y pensionistas. Además, resalta la contradicción del Gobierno al intentar corregir desigualdades mientras impone un sistema basado en el IRPF, cuyo plazo para declaración es hasta junio. Concluye que la gestión actual dificulta abordar los problemas en el sector sanitario.

Elías Bendodo, vicesecretario de Política Autonómica y Municipal del Partido Popular, ha declarado en el programa "Todo es mentira" que el "muro de contención del sanchismo" ha colapsado, augurando un mal futuro para el Gobierno de Pedro Sánchez. Denuncia el deterioro institucional y la gravedad de la situación política y judicial que enfrenta el PSOE, especialmente tras el registro de la UCO en Ferraz. Bendodo sostiene que el Gobierno ha cruzado todas las líneas rojas y critica la falta de apoyos para una moción de censura, a pesar de considerar urgente devolver la voz a los ciudadanos mediante elecciones generales. Además, califica al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero como responsable del colapso político actual del PSOE.

La Federación Estatal LGTBI+ apoya la proposición de ley que busca tipificar penalmente las prácticas de conversión, actualmente prohibidas administrativamente por la Ley LGTBI+. La presidenta de la federación, Paula Iglesias, destaca la necesidad de modificar el Código Penal para imponer penas de cárcel y antecedentes penales a quienes realicen estas prácticas consideradas tortura por la ONU. A pesar de que España es reconocida como líder en derechos LGTBI+, Iglesias enfatiza que aún persisten violaciones graves y se requiere un compromiso político para avanzar hacia una igualdad real. La federación también ha liderado iniciativas ciudadanas para prohibir estas prácticas a nivel europeo.

El Partido Popular (PP) ha aprobado medidas para apoyar al sector citrícola y mejorar la renegociación de la pesca de la sardina ibérica. En la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación, el portavoz Javier Folch solicitó al Gobierno que combata la desinformación sobre el zumo de naranja natural, que ha visto caer su consumo un 30% debido a campañas engañosas. Además, se destacó la importancia de garantizar un reparto justo en las negociaciones pesqueras para proteger el empleo y la economía en comunidades costeras, especialmente en Galicia. Los diputados del PP pidieron un plan estratégico nacional para asegurar la competitividad del sector citrícola frente a los estándares más laxos de productos importados.

Fúnez, vicesecretaria de Sanidad y Educación del PP, critica al Gobierno español por su falta de preparación ante emergencias sanitarias, seis años tras la pandemia. Durante la comparecencia de la ministra de Sanidad en el Congreso, destacó el incumplimiento de recomendaciones clave y la inacción en la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública. Además, subrayó la crisis actual en el sector sanitario, con médicos en huelga y una gestión marcada por la corrupción y el sectarismo. Fúnez cuestionó la transparencia del Gobierno y su capacidad para coordinar respuestas efectivas ante crisis como el hantavirus, acusándolo de utilizar la situación para fines políticos más que informativos.

José Vicente Marí Bosó, portavoz adjunto del GPP en el Congreso, ha exigido una revisión del rescate de Plus Ultra, argumentando que la compañía no cumplía con los requisitos necesarios y criticando la influencia política en su aprobación. Durante el pleno del Congreso, cuestionó la existencia de corrupción en diferentes niveles dentro del Gobierno, señalando a figuras como Ábalos y Aldama. Marí Bosó destacó que Plus Ultra recibió 53 millones de euros a pesar de sus problemas financieros y acusó al Ejecutivo de utilizar las instituciones para beneficiar a unos pocos. También criticó la política migratoria del Gobierno, afirmando que ha convertido la inmigración en un problema significativo para los españoles.

Juan Bravo, vicesecretario de Hacienda, critica la gestión de los fondos europeos durante una sesión de control al Gobierno, calificándola de fracaso. Lamenta que se hayan rechazado 60.000 millones en préstamos que podrían haber beneficiado a autónomos y empresarios. Señala a Carlos Cuerpo como responsable de esta ineficacia, destacando que solo se ha ejecutado el 15,7% de los fondos disponibles. Bravo denuncia que estos recursos han sido mal utilizados, destinándose a proyectos irrelevantes en lugar de transformar la economía. Además, critica la falta de presupuestos y resultados concretos del Gobierno.

El Partido Popular (PP) ha denunciado el deterioro del sistema ferroviario en España y ha exigido al Gobierno que lo haga "seguro, puntual y moderno". A través de una moción que será aprobada en el Pleno del Senado, los senadores Juan Manuel González Camacho e Inmaculada Hernández han instado a la administración a escuchar las preocupaciones de los usuarios y trabajadores afectados por la degradación del servicio. Destacan la pérdida de confianza en el tren como medio de transporte fiable y proponen medidas concretas como inspecciones extraordinarias y transparencia sobre el estado de la red ferroviaria. Además, critican la falta de respuesta del Gobierno tras el accidente de Adamuz, donde fallecieron 46 personas, y exigen responsabilidades políticas ante un contexto de creciente desconfianza ciudadana hacia el Ministerio de Transportes.

El Partido Popular (PP) ha solicitado la reprobación del ministro del Interior, Fernando Marlaska, debido a su gestión en la lucha contra el narcotráfico. La diputada Llanos de Luna argumenta que esta actividad criminal se ha convertido en una amenaza directa para la seguridad del Estado y que, a pesar del incremento de la violencia y la impunidad de las organizaciones criminales, el Gobierno no ha reforzado adecuadamente las Fuerzas de Seguridad. Destaca que la muerte reciente de dos guardias civiles es consecuencia de años de inacción gubernamental y critica la falta de reconocimiento y recursos para los agentes. Además, llama a un cambio urgente en la estrategia para combatir el narcotráfico, enfatizando que el Estado debe mostrar firmeza ante estas amenazas.

El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal del PP, Bendodo, ha instado al Gobierno a cumplir con la Constitución y presentar de inmediato los Presupuestos Generales del Estado. Denunció el grave daño económico que la falta de estos presupuestos está causando a diputaciones y ayuntamientos en toda España, estimando pérdidas mensuales superiores a 100 millones de euros para las entidades locales. Bendodo criticó al Gobierno por su morosidad en este asunto desde 2022 y destacó la importancia de una reforma en la financiación local. Además, elogió la gestión económica de la Generalitat Valenciana y vinculó la situación actual del Gobierno con casos de corrupción.

El Grupo Parlamentario Popular (GPP) ha logrado la aprobación de tres Propuestas No de Ley (PNLs) en la Comisión de Derechos Sociales y Consumo, que abordan la reforma del Centro de Atención a Personas con Discapacidad (CAMF), una estrategia contra la soledad no deseada y la renovación del programa de turismo social del IMSERSO. Antonio Martínez, portavoz adjunto del GPP, ha exigido al Gobierno una revisión urgente del programa de turismo social tras su reciente fracaso, caracterizado por una caída en la demanda y el descontento entre los usuarios. Además, se ha solicitado una estrategia operativa para combatir la soledad, que afecta a uno de cada cinco españoles, así como mejoras en el CAMF de Guadalajara, que enfrenta problemas estructurales y falta de financiación.

El Grupo Parlamentario Popular (GPP) ha aprobado iniciativas para la rebaja del IVA cultural en España, denunciando la inacción del Gobierno ante las demandas del sector artístico. La portavoz de Cultura, Sol Cruz-Guzmán, subraya que más de 1.000 artistas y galerías exigen esta medida, mientras el 77% de los artistas plásticos gana menos de 12.000 euros al año. Además, el GPP aboga por proteger las alfombras del Corpus como Patrimonio Cultural Inmaterial, destacando su importancia cultural y turística. También se critica el deterioro del Museo de Valladolid y se exige su rehabilitación integral para preservar su patrimonio histórico.

Ester Muñoz, portavoz del GPP en el Congreso, critica la imagen de "Bambi" que se ha promovido sobre el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, afirmando que en realidad es un "zorro". Durante una rueda de prensa, Muñoz denunció la relación de Zapatero con el actual gobierno de Sánchez y su implicación en casos de corrupción. Aseguró que parte del dinero adjudicado a empresas extranjeras terminó en manos de Zapatero y sus hijas, cuestionando la ética del caso Begoña Gómez. Además, afirmó que el PP gobierna mejor en las comunidades autónomas que el PSOE y criticó la falta de atención del gobierno hacia temas importantes como vivienda y servicios públicos.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que establece el primer marco estatal para la evaluación de tecnologías sanitarias en España. Esta norma crea un sistema completo y transparente para analizar medicamentos, productos sanitarios, pruebas diagnósticas y terapias digitales en el Sistema Nacional de Salud. El objetivo es regular cómo se evaluarán estas tecnologías, apoyando decisiones sobre financiación y uso. La regulación se adapta a las normativas europeas, evitando duplicidades en evaluaciones clínicas y centrando esfuerzos en aspectos económicos y sociales específicos del contexto español. Se implementarán plazos definidos para las evaluaciones y se garantizará la participación de la sociedad civil, asegurando transparencia y ética en el proceso. Con esta iniciativa, España busca impulsar la innovación biomédica y mejorar la calidad del sistema sanitario.