www.eltelegrama.com

pazo de meiras

El Gobierno designa el Pazo de Meirás y las islas de San Simón y San Antón como Lugares de Memoria Democrática

02/09/2025@16:00:38

El Gobierno de España ha declarado el Pazo de Meirás y las islas de San Simón y San Antón como Lugares de Memoria Democrática, según lo publicado en el Boletín Oficial del Estado. El Pazo, asociado a la dictadura franquista y a la escritora Emilia Pardo Bazán, fue sede del régimen entre 1938 y 1975. Las islas, utilizadas como penal durante la Guerra Civil y los primeros años de la dictadura, albergaron a más de 5.600 prisioneros. Esta declaración busca reconocer su importancia histórica y simbólica en la memoria colectiva sobre la lucha por los derechos y libertades en España.

La Audiencia revoca el depósito del mobiliario del Pazo de Meirás a favor del Estado

El tribunal destaca que la Administración demandó un derecho de propiedad sobre una parcela catastral, un concepto que no incluye “mesas, sillas, vajillas, alfombras o cuadros”. Los jueces recuerdan que en la sentencia de primera instancia “no se dice que los muebles sean propiedad del Estado, ni nunca se tocó esa cuestión en todo el litigio”.

El Gobierno abrirá al público los exteriores del Pazo de Meirás el próximo 30 de enero

El Gobierno ha anunciado, en la reunión de la Comisión Técnica del Pazo de Meirás, que la apertura al público de los exteriores del edificio puede hacerse el próximo sábado 30 de enero, si bien ante la información del alcalde de Sada de que se va a perimetrar el municipio por razones de la pandemia, en principio, se haría solo para la ciudadanía de esta localidad.
  • 1

La Audiencia Provincial de A Coruña confirma que el pazo de Meirás es propiedad del Estado

La sección tercera de la Audiencia Provincial de A Coruña ha declarado que el pazo de Meirás y las fincas incluidas en el recinto son propiedad del Estado, tal y como decretó el Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña el pasado mes de septiembre. Además, en la sentencia que responde al recurso de apelación presentado por la familia Franco, condena a los herederos a desalojar esas propiedades, “dejándolas libres y a disposición del Estado español, con liquidación de los gastos útiles y necesarios”, y ha ordenado la cancelación de las inscripciones registrales contradictorias sobre las fincas.