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Jaime de Olano, portavoz adjunto del Grupo Popular, denuncia en el debate sobre la Moción del GPP los ataques del Gobierno de Pedro Sánchez a las instituciones democráticas. Olano afirma que el Ejecutivo ha dejado de gobernar y se ha centrado en resistir ante la crisis política, marcada por múltiples casos de corrupción que afectan al entorno de Sánchez. Resalta la importancia de devolver la voz a los ciudadanos y asegura que en una democracia nadie está por encima de las instituciones. Critica la degradación de la Mesa del Congreso y aboga por un Parlamento que controle al Gobierno.

José Antonio Bermúdez de Castro, diputado del GPP y vicepresidente segundo de la Mesa del Congreso, ha denunciado un "fraude electoral de libro" durante el Pleno del Congreso. Critica la reforma del Reglamento que busca facilitar la creación de nuevos grupos parlamentarios, argumentando que responde a "presiones políticas" del Gobierno para proteger a sus socios minoritarios ante un posible retroceso electoral. Bermúdez defiende que las normas actuales son justas y equilibradas, advirtiendo que reducir los requisitos generaría desigualdad entre diputados. Además, acusa a ERC y Junts de manipular los votos para constituir grupos parlamentarios. El PP ha presentado una enmienda para mantener los requisitos actuales y asegura que la urgencia de esta reforma evidencia la pérdida de legitimidad del Ejecutivo.

Ester Muñoz, portavoz del GPP en el Congreso, criticó al Gobierno durante la sesión de control, señalando que se sienten traicionados por su antiguo aliado, el corrupto Aldama, quien ahora colabora con la justicia. Muñoz destacó que la reciente condena en el caso Mascarillas marca un momento de responsabilidad política y cuestionó al vicepresidente Cuerpo sobre cómo el Gobierno asumirá la corrupción evidenciada por una sentencia firme del Supremo. Resaltó que la corrupción prospera en el silencio y que el miedo del Gobierno radica en que la ciudadanía empiece a hablar.

El Partido Popular, representado por la senadora Asunción Mayo, ha defendido en el Senado que el respeto a las instituciones y símbolos del Estado es compatible con la libertad de expresión. Durante una sesión de control al Gobierno, Mayo cuestionó a la ministra portavoz, Elma Saiz, sobre la falta de interés del Ejecutivo en este debate, mientras enfrenta acusaciones de corrupción. La senadora criticó la despenalización del enaltecimiento del terrorismo y planteó dudas sobre si los derechos fundamentales son aplicables a todos los ciudadanos. Además, sugirió que el Gobierno debería recuperar leyes que beneficiarían a los españoles, en lugar de distraer con debates polémicos.

Ester Muñoz, portavoz del GPP en el Congreso, ha afirmado que Pedro Sánchez es el único responsable de la existencia de una organización criminal operando desde el Gobierno. En una rueda de prensa previa a la comparecencia de Sánchez, Muñoz destacó que este debe dar explicaciones y disolver las Cortes. Criticó la falta de alegría del PSOE ante la reciente sentencia condenatoria por corrupción dentro del Gobierno y desmintió varios rumores sobre la misma, defendiendo la legitimidad del fallo del Tribunal Supremo que condenó a Ábalos por múltiples delitos. Además, subrayó que las reacciones del Ejecutivo reflejan miedo y cuestionó la manipulación de información por parte de miembros del Gobierno.

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra, exige explicaciones al PNV tras el reciente informe de la UCO que lo vincula con la trama de corrupción relacionada con el rescate de Tubos Reunidos. Gamarra cuestiona si esta situación está condicionando el apoyo del PNV a Pedro Sánchez y critica la gravedad de la sentencia contra Ábalos, señalando que refleja la corrupción dentro del Gobierno. Además, subraya la necesidad de asumir responsabilidades políticas y destaca que las organizaciones criminales han operado en el seno del Ejecutivo.

Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, ha criticado duramente a Rodríguez Zapatero en la Junta Directiva del PP en Valencia. Feijóo afirmó que la Justicia determinará si Zapatero es corrupto, pero subrayó que ya está claro que ha mentido y arrastrado a su familia en sus acciones, lo cual considera imperdonable. Además, cuestionó la moralidad del sanchismo y denunció la falta de gestión del Gobierno actual, señalando problemas en servicios públicos y el abandono de comunidades como la Valenciana. Feijóo se comprometió a ofrecer un Gobierno limpio y eficiente, centrado en la mejora de los servicios públicos y la igualdad entre españoles.

El Partido Popular ha aprobado por mayoría absoluta una moción que insta al presidente del Gobierno a someterse a una cuestión de confianza y solicita su dimisión. La moción, presentada en el Pleno, destaca la insostenible situación del Gobierno y critica la acumulación de investigaciones sobre corrupción que involucran a altos funcionarios designados por Pedro Sánchez. A pesar de la aprobación de tres puntos clave, la Mesa del Congreso rechazó debatir otros dos puntos de la iniciativa. Este desarrollo marca un momento significativo en la política nacional española.

Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, criticó duramente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante un debate en el Congreso. Feijóo afirmó que no ha recibido financiación de "magnates de la prostitución" y defendió la integridad de su equipo, destacando que nadie ha sido investigado ni condenado. Acusó a Sánchez de fomentar la corrupción y de desviar la atención hacia otros temas para ocultar los escándalos que rodean a su administración. Además, comparó la situación política en España con otros países europeos, enfatizando la falta de responsabilidad política en el Gobierno español. Feijóo concluyó que hay un clamor por el cambio entre los ciudadanos.

El Partido Popular ha conseguido el respaldo del Congreso para tramitar una reforma del Reglamento que obligará a los ministros a justificar sus ausencias en las sesiones de control al Gobierno. Con 175 votos a favor y solo una abstención, esta iniciativa busca garantizar la rendición de cuentas y poner fin a la habitual falta de asistencia de los miembros del Ejecutivo, quienes suelen evadir el control parlamentario con excusas vagas. La propuesta incluye que las ausencias deben ser justificadas de manera individualizada y solo se aceptarán por motivos inaplazables relacionados con la organización del Gobierno. Además, se propone que las respuestas del Gobierno a las preguntas de control sean claras y directas, sin evasivas.

Antonio Silván, portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular, ha declarado en el debate sobre la moción que solicita al Gobierno la convocatoria de elecciones que "esta legislatura ha terminado" y exige al PSOE que devuelva la palabra a los españoles. Critica la falta de transparencia del Gobierno ante los casos de corrupción que afectan a altos cargos socialistas y cuestiona por qué el presidente no se atreve a someterse al veredicto de las urnas si tiene la confianza del pueblo. Silván subraya la necesidad de un cambio político, señalando que la situación actual no admite más demoras ni evasivas.

Elías Bendodo, vicesecretario de Política Autonómica del Partido Popular, ha convocado a los portavoces autonómicos en la sede del partido para discutir temas prioritarios que preocupan a los ciudadanos, como la vivienda, la seguridad y la reducción de impuestos. Este encuentro busca fortalecer la coordinación entre los parlamentos regionales ante un contexto electoral próximo y una situación política marcada por la corrupción y la falta de presupuestos del Gobierno de Pedro Sánchez.

Alicia García, portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, afirmó en el Congreso Provincial de Teruel que la actual legislatura debe finalizar debido al miedo del Gobierno a las urnas y al Parlamento. García anunció que su grupo votará en el Senado sobre iniciativas que no fueron debatidas en el Congreso por bloqueos, exigiendo elecciones anticipadas. Criticó la falta de apoyo social y parlamentario del presidente Pedro Sánchez, señalando que España lidera la corrupción en la UE. Además, destacó el trabajo del PP en el Senado como defensa de las instituciones y advirtió sobre la necesidad de un cambio político hacia un gobierno honesto.

La Comisión Europea ha dejado abierta la posibilidad de iniciar un procedimiento de infracción en relación con la investigación del accidente ferroviario de Adamuz, que resultó en 46 muertes el 18 de enero. Esto se debe a preocupaciones sobre posibles vulneraciones de la normativa europea durante la investigación, especialmente en lo que respecta a la preservación de pruebas y la independencia del organismo investigador. El eurodiputado Borja Giménez Larraz planteó estas inquietudes, y aunque Bruselas no ha recibido pruebas que sugieran irregularidades, advierte que puede actuar si se presentan evidencias de infracciones. La situación subraya la importancia de esclarecer las acciones tomadas tras el accidente y garantizar una investigación adecuada.