Ester Muñoz, portavoz del GPP en el Congreso, ha afirmado que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, fue clave en la entrada de la trama de corrupción relacionada con las mascarillas en Baleares durante la pandemia. Durante su intervención en la Junta Directiva del PP de la Región de Murcia, Muñoz destacó que las investigaciones de la UCO demuestran que Armengol conocía y favoreció esta trama, además de haber mentido en las comisiones de investigación. También elogió a Fernando López Miras por proporcionar estabilidad frente al gobierno de Pedro Sánchez, que genera inestabilidad.
El Partido Popular (PP) ha alertado en el Parlamento Europeo sobre el "control político" de los mecanismos anticorrupción en España, señalando que no se trata de errores aislados, sino de un patrón sistemático. En un informe de la Comisión de Libertades del Parlamento Europeo, se destaca el debilitamiento de herramientas independientes para combatir la corrupción en varios Estados miembros, con especial énfasis en España. Javier Zarzalejos, eurodiputado del PP, criticó al Gobierno por actuar como si las instituciones fueran su propiedad y mencionó casos específicos como el relevo del jefe de la UCO durante investigaciones que involucran a Begoña Gómez, esposa del presidente. Además, se denuncia la injerencia política en el sistema judicial y la falta de implementación de recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO). El informe también aborda la interferencia gubernamental en los medios públicos.
Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, criticó al Gobierno de Pedro Sánchez durante una reunión plenaria en el Congreso y el Senado. Feijóo afirmó que los ciudadanos no desean más "cartitas" del Gobierno, sino ayudas efectivas ante la crisis económica. Reprochó la insuficiencia de las ayudas gubernamentales frente a la subida del combustible y exigió medidas como la reducción del IVA en alimentos y el IRPF para aliviar a las familias. Además, se mostró en contra de la regularización masiva de inmigrantes, considerándola insostenible e injusta. Feijóo también cuestionó la gestión del Gobierno respecto a la corrupción y la falta de apoyo parlamentario, asegurando que su legado es uno de inflación y deterioro social.
El Partido Popular (PP) ha manifestado su firme oposición a la regularización masiva de inmigrantes que el Gobierno español planea aprobar. En una rueda de prensa, la vicesecretaria de Coordinación Sectorial, Alma Ezcurra, declaró que el PP utilizará todos los recursos políticos y jurídicos disponibles en España y la Unión Europea para combatir esta medida, que consideran una "barbaridad". Ezcurra destacó la importancia de respetar la ley en el proceso de inmigración y advirtió sobre las consecuencias negativas que esta decisión podría tener para la sociedad española. Además, criticó la falta de información sobre cuántas personas se verían afectadas por la regularización y sus antecedentes. El PP también abordó otros temas como la corrupción del Gobierno y su política penitenciaria.
Alicia García, portavoz del GPP en el Senado, declaró que "hoy comienza la primavera negra de Sánchez", refiriéndose a la situación política actual y al nuevo vicepresidente Carlos Cuerpo. En una sesión de control al Gobierno, García criticó a Cuerpo por aceptar su cargo sin asumir la responsabilidad de los problemas del Gobierno, como la falta de presupuestos y el deterioro de los servicios públicos. Además, exigió al vicepresidente que pidiera perdón por la corrupción relacionada con el sanchismo, acusándolo de ser un defensor del presidente Pedro Sánchez en lugar de un regenerador del sistema. La dirigente del PP subrayó que Cuerpo no es solo un técnico, sino el máximo representante del sanchismo.
En el Pleno del Senado, Alfonso Polanco, portavoz de Hacienda del GPP, cuestionó al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, sobre la gestión de la inflación en España. Polanco afirmó que el Gobierno ha optado por "aprovechar" la inflación en lugar de combatirla, criticando las medidas temporales como rebajas del IVA y cheques puntuales. Propuso deflactar el IRPF para proteger el poder adquisitivo de los españoles, especialmente de los jóvenes con salarios bajos. Denunció que la inflación ha llevado a un aumento acumulado de precios del 20% en pocos años, mientras que los salarios han crecido por debajo de este incremento. Además, alertó sobre la alta presión fiscal y la falta de medidas estructurales para abordar el coste de vida.
Juan Bravo, vicesecretario de Hacienda del Partido Popular, ha declarado que su partido llegará "hasta el final" en la investigación de los rescates a las aerolíneas Air Europa y Plus Ultra. Durante un Comité de Dirección, Bravo exigió al Gobierno explicaciones sobre el uso de dinero público en estos rescates, señalando que se ha beneficiado a políticos y causas políticas. Criticó la gestión económica del Gobierno de Sánchez, acusándolo de corrupción y de afectar negativamente a la dignidad institucional y al bolsillo de los ciudadanos. Además, destacó el inicio del juicio por el caso Ábalos y Koldo, donde se investigan responsabilidades por corrupción que podrían implicar penas de más de 400 años de cárcel. También mencionó el aumento significativo en la recaudación fiscal bajo el actual gobierno, a pesar del deterioro en servicios públicos y la crisis habitacional.
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El Partido Popular (PP) ha denunciado la "falta de respeto" de Francisca Muñoz, conocida como 'La Paqui', hacia el Senado durante su comparecencia en la Comisión de Investigación del caso Koldo-PSOE. La senadora Ana Beltrán cuestionó a Muñoz sobre las dudas relacionadas con ella y su esposo, Santos Cerdán, afirmando que el silencio no resuelve las inquietudes sobre la contratación de familiares y el origen de fondos. Beltrán acusó a Muñoz de burlarse del Senado y destacó su vinculación con una presunta trama criminal organizada por Cerdán, que operó desde 2015 para obtener comisiones ilegales en contrataciones públicas. También se mencionaron gastos excesivos del matrimonio pagados con tarjetas vinculadas a empresas involucradas en la investigación, lo que plantea serias interrogantes sobre su conducta y respeto por las instituciones.
El Partido Popular (PP) exige la dimisión del ministro Félix Bolaños tras sus críticas al juez Peinado, en el contexto del procesamiento de la mujer de Pedro Sánchez. Fernando de Rosa, diputado del GPP, argumenta que el ataque a los jueces por parte del Gobierno pone en riesgo la independencia judicial y cuestiona el Estado de Derecho. Además, critica las reformas legislativas impulsadas por el Ejecutivo que han debilitado el Poder Judicial y denuncia un pacto con socios políticos para perseguir a los jueces. La diputada Silvia Franco también señala la falta de atención del Gobierno hacia las víctimas de violencia de género, instando a reforzar los tribunales para mejorar su situación.
Alma Ezcurra, vicesecretaria de Coordinación Sectorial del Partido Popular, ha expresado su oposición a la regularización masiva de inmigrantes sin conocer el número exacto de personas afectadas, que el gobierno estima entre 500.000 y 1.200.000. En una entrevista en Las Mañanas de RNE, enfatizó que esta falta de información es "una temeridad" y que la regularización debe basarse en criterios individualizados, excluyendo a quienes tienen antecedentes penales y vinculando el proceso al empleo. Ezcurra advirtió sobre los riesgos de fomentar la irregularidad y el peligro de las mafias para quienes buscan migrar. Además, criticó al gobierno por tramitar la iniciativa legislativa popular sin consenso parlamentario y destacó la importancia de establecer requisitos estrictos para la residencia legal en España.
Dolors Montserrat, vicepresidenta del Grupo PPE, ha acusado a Teresa Ribera, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, de proteger al Gobierno de Pedro Sánchez al evitar investigar el caso de las balizas V16. Montserrat cuestiona si la obligación de adquirir un modelo específico podría favorecer intereses comerciales y distorsionar la competencia en contra del derecho comunitario. A pesar de que la Comisión reconoce las normas de competencia de la UE, su respuesta no aborda estos conflictos. La eurodiputada exige una investigación rigurosa para garantizar transparencia y competencia leal en el mercado europeo.
Marimar Blanco, viceportavoz de Interior del Grupo Parlamentario Popular, cuestiona al ministro Fernando Grande Marlaska sobre la reciente regularización masiva de inmigrantes aprobada por el Gobierno de Sánchez. Blanco califica esta medida como un "coladero para delincuentes" y una señal del fracaso en el control de fronteras. Durante la sesión de control al Gobierno, argumentó que la intención detrás de esta regularización es ampliar la base electoral para sostener a Sánchez, destacando la falta de exigencias en los antecedentes policiales. Además, criticó la gestión del ministro en materia de seguridad y servicios públicos, instándole a dimitir si tiene dignidad.
El Partido Popular (PP) ha denunciado un "patrón sistemático" de irregularidades en la gestión de Forestalia y el PSOE, durante una Comisión de Investigación sobre el caso Koldo-Ábalos-PSOE. La portavoz del GPP, Rocío Dívar, ha señalado que tanto en Aragón como en el Ministerio de Transición Ecológica se han evidenciado procedimientos trucados, presiones sobre funcionarios y favores cruzados. La investigación apunta a una posible tramitación paralela para beneficiar a Forestalia, con implicaciones políticas significativas bajo el gobierno de Sánchez. Además, se han mencionado conexiones entre Forestalia y sociedades vinculadas a individuos que podrían actuar como intermediarios en este entramado. La denuncia incluye preguntas sin respuesta sobre subvenciones y relaciones empresariales sospechosas que requieren mayor escrutinio.
Ester Muñoz, portavoz del GPP en el Congreso, alerta sobre los riesgos de seguridad que podría generar la regularización masiva de inmigrantes impulsada por el gobierno de Sánchez. Advierte que, aunque estos inmigrantes no podrán asentarse en la Unión Europea, sí podrán circular libremente, lo que podría facilitar la entrada de delincuentes y terroristas. Muñoz critica la falta de transparencia del Ejecutivo respecto a cuántas personas han obtenido la nacionalidad española bajo la Ley de Memoria Democrática y denuncia una doble moral al abordar temas de seguridad. Además, menciona la necesidad de controles en los procesos de regularización para proteger tanto a España como a Europa.
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