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El Partido Popular ha acusado a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de ignorar un posible amaño en adjudicaciones públicas que benefician al empresario Juan Carlos Barrabés por un monto de 8,4 millones de euros. Durante una sesión de control al Gobierno, el senador Javier Márquez cuestionó la efectividad del control realizado por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y exigió explicaciones sobre irregularidades en las puntuaciones y la manipulación de documentos. Además, criticó la gestión económica del Gobierno y sugirió que existe un patrón de corrupción en el entorno del presidente Pedro Sánchez.

El Senado ha aprobado la Ley Feijóo, que busca cerrar la "grieta" que, según el Partido Popular, el presidente Sánchez ha creado en relación a los beneficios penitenciarios para los etarras. A pesar del voto en contra del PSOE, la ley pretende evitar que las lagunas legales sean utilizadas por terroristas y establece que el acceso a beneficios penitenciarios debe estar condicionado al arrepentimiento y a la colaboración con las autoridades. Los senadores del PP critican duramente al PSOE y a sus aliados por su postura sobre la política penitenciaria y enfatizan la necesidad de reconocer a las víctimas del terrorismo. La ley se presenta como una medida para garantizar que la política penitenciaria sea una cuestión de Estado y no un instrumento político.

Juan Bravo, vicesecretario de Hacienda, ha subrayado la relevancia de la votación en el Congreso sobre la senda del déficit, que se llevará a cabo este jueves. Advierte que sin presupuestos públicos, por tercer año consecutivo, "no hay dirección ni objetivo de país". Bravo critica al Gobierno de Pedro Sánchez por no cumplir con las obligaciones constitucionales y señala que la falta de cuentas públicas afecta negativamente a los ciudadanos, quienes han visto disminuir su poder adquisitivo. Además, el PP ha propuesto una reducción del IVA en productos básicos para ayudar a las familias ante la subida de precios.

El senador del Grupo Parlamentario Popular por Madrid, Alfonso Serrano, ha denunciado en la Comisión de Investigación del caso Koldo-Ábalos-PSOE que se creó una asociación opaca para vulnerar la ley y financiar las primarias de Pedro Sánchez sin rendir cuentas. Serrano afirma que esta asociación de crowdfunding carece de transparencia y control, lo que pone en duda la legalidad de los fondos recaudados. Además, critica la relación cercana entre el compareciente Francisco Martín y Sánchez, subrayando la falta de trazabilidad en las donaciones y sugiriendo posibles irregularidades en el uso de recursos públicos. La situación destaca preocupaciones sobre la corrupción y la gestión financiera dentro del PSOE.

Elvira Velasco, portavoz de Sanidad del GPP, ha denunciado en el Pleno del Congreso la falta de acción del Gobierno en relación a las ayudas para pacientes con ELA, afirmando que han pasado más de un año sin financiación tras la aprobación de la Ley ELA. Critica al ministro Pablo Bustinduy por negar apoyo a más de 1.100 pacientes que ya han fallecido y señala que las ayudas excluyen a aquellos con grados de dependencia 1 y 2. Velasco cuestiona la claridad del nuevo Grado III+ y la falta de colaboración con las comunidades autónomas en la elaboración del Real Decreto Ley, pidiendo certidumbre para los afectados y sus familias.

El Partido Popular ha rechazado la exclusión de Ignacio Sánchez Mejías por parte del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, en el Centenario de la Generación del 27. El PP considera inaceptable que se omita a esta figura clave, torero y mecenas, en un homenaje que debería reconocer su papel fundamental en la historia literaria y cultural de España. La crítica se centra en el uso de la historia como herramienta ideológica por parte del Ministerio de Cultura, lo que refleja una distorsión del legado del grupo literario. La omisión de Sánchez Mejías es vista como un ajuste ideológico más que una conmemoración genuina, evidenciando una tendencia preocupante hacia el revisionismo histórico en la gestión cultural.

En el XVII Congreso del PP de Andalucía, Miguel Tellado, secretario general del partido, destacó el liderazgo de Juanma Moreno como fundamental para el progreso de la comunidad. Afirmó que el PP cuenta con los elementos necesarios para elevar a Andalucía, enfatizando la importancia del servicio público y la defensa del interés general. Criticó al PSOE por su pasado de corrupción y clientelismo, señalando que Andalucía no desea regresar a esos tiempos. Tellado también acusó a la vicepresidenta María Jesús Montero de ser responsable de decisiones perjudiciales para la comunidad y advirtió sobre las implicaciones de votar por ella. Su discurso se centró en la necesidad de un gobierno responsable y en la urgencia de combatir la corrupción en la política española.

Álvarez de Toledo alerta sobre el riesgo democrático en España bajo el gobierno de Sánchez, acusándolo de intentar dictar sentencias y gobernar en contra del Parlamento. En una interpelación en el Congreso, la portavoz adjunta del GPP criticó la manipulación de las instituciones y la falta de respeto a la ley, comparando la situación actual con el Procés catalán. Denunció que Sánchez busca consolidar una democracia tutelada, debilitando la independencia judicial, la libertad de prensa y el funcionamiento del Parlamento. Además, cuestionó la veracidad de las afirmaciones del presidente sobre reuniones secretas relacionadas con su gestión.

Ester Muñoz, portavoz del GPP en el Congreso, cuestiona si la nueva fiscal general del Estado, designada por Pedro Sánchez, seguirá las órdenes del presidente para atacar a rivales políticos. En una rueda de prensa, critica el perfil elegido y recuerda que el ex fiscal general fue inhabilitado por delitos. Muñoz denuncia un intento del Gobierno de desacreditar a quienes fiscalizan sus acciones y asegura que el Partido Popular está comprometido con la eliminación de la violencia contra las mujeres, proponiendo reformas en la legislación actual.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, critica el feminismo del Gobierno español, afirmando que las mujeres no tienen oportunidades reales y que para prosperar es necesario ser parte de conexiones familiares con figuras políticas. En una comparecencia en Génova, Feijóo denuncia la falta de atención del Gobierno hacia las mujeres, especialmente en un contexto donde las agresiones sexuales han aumentado significativamente. Además, promete devolver la credibilidad al sistema de protección contra la violencia de género y endurecer las penas por delitos sexuales si llega al poder. También resalta la necesidad de un cambio en el liderazgo para abordar los problemas reales que enfrentan las mujeres en España.

El Grupo Parlamentario Popular (GPP) ha denunciado la "corrupción institucional" del Gobierno de Sánchez y de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, por bloquear 36 leyes aprobadas en el Senado. Durante un debate en el que se promueve un conflicto de atribuciones entre el Senado y el Congreso, los representantes del PP argumentan que esta situación pone en peligro el Estado de derecho y limita la potestad legislativa del Senado. Acusan al Gobierno de utilizar tácticas para paralizar estas leyes, lo que afecta a millones de españoles que esperan medidas en diversas áreas. La denuncia resalta la necesidad de restaurar el equilibrio institucional y defender las competencias del Senado frente a lo que consideran un abuso procedimental por parte de la Mesa del Congreso.

El Partido Popular ha exigido a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que cese en su labor de ocultar los escándalos sexuales del Gobierno y se enfoque en proteger a las mujeres. Durante una sesión de control al Gobierno, la senadora Nidia Arévalo criticó la falta de acción ante el aumento de agresiones sexuales y la ineficacia en la implementación de políticas de protección. Arévalo destacó que Redondo ha priorizado la defensa de sus aliados sobre el bienestar de las víctimas y propuso medidas concretas para abordar la violencia de género. La situación actual ha llevado a cuestionar la credibilidad del Ministerio y su compromiso con la igualdad.

El Grupo Parlamentario Popular (GPP) ha aprobado una iniciativa para abordar la crisis de la ocupación ilegal en España, acusando al Gobierno de Pedro Sánchez de desatender el problema. El diputado Daniel Pérez criticó que el Ejecutivo prioriza su permanencia en el poder sobre la protección de los ciudadanos que enfrentan la pérdida de sus hogares. La propuesta del PP incluye medidas para facilitar desalojos y proteger a los propietarios, además de denunciar que las políticas actuales han agravado la situación del mercado inmobiliario. La diputada Sol Cruz-Guzmán instó al Gobierno a buscar soluciones consensuadas con las comunidades autónomas. Esta iniciativa aún no ha sido aprobada.

El Grupo Parlamentario Popular ha solicitado la comparecencia urgente del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Pleno del Congreso. La petición se produce tras el anuncio de Junts de bloquear la Legislatura, lo que, según el PP, evidencia la ruptura de la mayoría que sustentaba a Sánchez. El partido exige explicaciones sobre cómo planea garantizar la gobernabilidad en España y considera que es momento de convocar elecciones anticipadas. Esta situación pone en entredicho la estabilidad del Gobierno, que previamente había sido calificado como uno de los más sólidos en Europa.