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Más del 80% de las personas que han utilizado la sanidad pública en España valoran positivamente la atención recibida, según el Barómetro Sanitario 2025. El estudio revela que un 53,9% de la población considera que el sistema sanitario funciona bien, aunque esta percepción mejora significativamente entre quienes han accedido a los servicios en el último año. La satisfacción es especialmente alta en atención primaria y hospitalaria, destacando aspectos como la profesionalidad y confianza del personal sanitario. Sin embargo, persisten preocupaciones sobre tiempos de espera y accesibilidad, con un 24,3% de la población enfrentando dificultades para acceder a su médico de familia.

El Boletín Oficial del Estado ha publicado una nueva Orden que permite a las personas con infección por VIH donar sus órganos a otros pacientes con la misma condición. Esta medida deroga una norma de 1987 que prohibía estas donaciones, y responde a la iniciativa del Ministerio de Sanidad y la Organización Nacional de Trasplantes. Se estima que en la última década, 65 personas fallecidas con VIH podrían haber donado sus órganos, lo que habría permitido realizar hasta 165 trasplantes. La nueva normativa no solo incrementa la disponibilidad de órganos para pacientes en lista de espera, sino que también busca eliminar el estigma social asociado al VIH.

El Ministerio de Sanidad ha presentado la hoja de ruta "Trabajo y salud mental", un informe que analiza el impacto de las condiciones laborales en la salud mental de la población. Este documento propone estrategias para prevenir y atender trastornos mentales derivados del trabajo, reconociendo que el empleo puede ser tanto una fuente de bienestar como un factor generador de sufrimiento psíquico en contextos precarios. Se establece un modelo integral que incluye la identificación de factores laborales que afectan la salud mental y propone un sistema de vigilancia epidemiológica para visibilizar estos problemas. El informe destaca la necesidad de abordar las causas estructurales del sufrimiento psíquico y sugiere la prescripción social como alternativa a un enfoque exclusivamente clínico. Además, se subraya que alrededor del 26% de los trastornos mentales en trabajadores pueden atribuirse a condiciones laborales adversas.

El 31 de enero de 2025, se aprobó el primer acuerdo estatal en España para mejorar la atención temprana y reducir los tiempos de espera en niños de 0 a 6 años. Los ministerios de Derechos Sociales y Sanidad, junto con gobiernos autonómicos, establecieron un marco común que garantiza una atención de calidad, gratuita y accesible. El acuerdo estipula un plazo máximo de 45 días para la intervención tras detectar un riesgo evolutivo, alineándose con recomendaciones europeas. Además, se destinarán casi 42 millones de euros del Fondo Social Europeo Plus para asegurar un acceso equitativo a estos servicios. Este esfuerzo busca prevenir problemas de desarrollo y promover la inclusión social entre los más pequeños.

El informe del Ministerio de Sanidad sobre la situación actual y la necesidad de enfermeras en España para 2024 revela que el país cuenta con 345.969 enfermeras, de las cuales un 85,5% son mujeres. A pesar del crecimiento del 11% en atención primaria y un aumento significativo en urgencias y hospitalización entre 2014 y 2022, España aún necesita al menos 100.000 enfermeras adicionales para alcanzar la media europea de 8,5 por cada 1.000 habitantes. La tasa actual es de solo 6,3 por cada 1.000 habitantes. Además, el informe destaca que el 39,4% de las enfermeras planea dejar la profesión en los próximos diez años, lo que podría agravar la situación. Las diferencias salariales y de jornada laboral entre comunidades autónomas también son significativas, afectando la retención y atracción de profesionales en el sector.

En 2023, las solicitudes de eutanasia en España aumentaron un 24,8% en comparación con el año anterior, alcanzando un total de 766 peticiones, según el informe del Ministerio de Sanidad. Desde la entrada en vigor de la Ley orgánica 3/2021, se han registrado 1.515 solicitudes. El perfil más común de los solicitantes es una persona de entre 70 y 79 años con enfermedades oncológicas o neurológicas. La media de tiempo desde la solicitud hasta la prestación fue de 67 días, y un 25% de los solicitantes fallecieron antes de que se resolviera su petición. Cataluña lidera el número de solicitudes con 219, seguida por Madrid y Canarias.

El Ministerio de Sanidad ha publicado nuevos protocolos de actuación clínica para mejorar la prescripción de opioides en pacientes con dolor crónico no oncológico. Estos documentos, parte del Plan de optimización de analgésicos opioides, buscan facilitar una prescripción más segura y eficaz, reducir riesgos como la dependencia y sobredosis, y evitar la estigmatización del uso de estos medicamentos cuando son clínicamente necesarios. La iniciativa se desarrolla en el contexto de un aumento significativo en el uso de opioides en países occidentales, considerado un problema de salud pública. Los protocolos incluyen esquemas de decisión clínica y herramientas para profesionales sanitarios, promoviendo un enfoque integral en la atención a pacientes con dolor crónico.

El Ministerio de Sanidad ha instado a las comunidades autónomas a cumplir con la Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva, que garantiza el acceso equitativo a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en el sistema público. A través de una carta, el secretario de Estado de Sanidad ha señalado que muchas mujeres aún enfrentan barreras para acceder a este servicio. Se elaborará un informe para evaluar el cumplimiento de la ley y, si es necesario, se iniciarán procedimientos legales contra aquellas autonomías que no garanticen este derecho. La medida busca asegurar la igualdad en el acceso a los servicios de salud en todo el país.

El Ministerio de Sanidad de España, liderado por la ministra Mónica García, ha lanzado un documento de preguntas y respuestas sobre el derecho al olvido oncológico, en conmemoración del Día Mundial Frente al Cáncer. Este documento busca proporcionar información clara a pacientes y entidades financieras sobre la aplicación de este derecho, que permite a quienes han superado un cáncer no tener que declarar su enfermedad tras cinco años sin recaídas. La iniciativa responde a solicitudes de diversas asociaciones, incluida la Asociación Española contra el Cáncer, y se desarrolló en colaboración con varias administraciones públicas. El documento abordará dudas sobre la contratación de seguros y productos financieros para los supervivientes de cáncer y se actualizará continuamente para incluir nuevas inquietudes.

El Ministerio de Sanidad ha publicado las instrucciones para los 32.212 aspirantes que participarán en las pruebas de acceso a una de las 11.943 plazas de Formación Sanitaria Especializada el próximo 25 de enero. Las pruebas se llevarán a cabo en 28 localidades y se han establecido medidas de seguridad para proteger la confidencialidad de los participantes. Los detalles sobre el desarrollo de las pruebas están disponibles en el sitio web del Ministerio.

El Ministerio de Sanidad de España ha publicado el primer informe sobre los profesionales de Salud Pública en las Comunidades Autónomas, que incluye datos de finales de 2022. Este estudio, resultado de la Declaración de Zaragoza, revela que hay 8.583 profesionales en diversas áreas como vigilancia epidemiológica y seguridad alimentaria, con una alta tasa de ocupación del 95,2%. El informe destaca la distribución desigual de recursos entre las comunidades y sugiere la necesidad de ratios específicas para cada región. Esta información es clave para mejorar la gestión y planificación en salud pública en España.

En 2022, España registró un total de 464.417 defunciones, lo que representa un aumento del 2,96% en comparación con el año anterior, según el informe del Ministerio de Sanidad titulado “Patrones de Mortalidad en España, 2022”. Este incremento se atribuye principalmente a la segunda ola epidémica de gripe y a las olas de calor del verano de ese año. A pesar del aumento, la cifra es inferior a la de 2020, primer año de la pandemia de COVID-19. La tasa de mortalidad ajustada por edad también mostró un aumento en varias causas de muerte, aunque las defunciones por COVID-19 disminuyeron significativamente.