Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda y Agenda Urbana, enfatiza la importancia de contar con datos fiables en el ámbito de la vivienda para asegurar la efectividad de las políticas públicas. Durante su intervención en el Consejo Económico y Social, subrayó que sin mediciones precisas no se pueden evaluar ni corregir problemas en este sector. Rodríguez destacó que España ha enfrentado crisis habitacionales recurrentes debido a la falta de desarrollo del derecho constitucional a la vivienda. Desde 2018, el Gobierno ha movilizado un presupuesto récord y aprobado la primera Ley de Vivienda de la democracia, marcando un cambio hacia una gestión pública que garantice este derecho fundamental. Además, solicitó un informe al CES para analizar el impacto económico y social de las políticas de vivienda, abogando por un enfoque riguroso y consensuado en el debate público sobre esta problemática.
David Lucas, secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, defendió el papel del Gobierno central en las promociones de vivienda pública durante su comparecencia en el Congreso. Destacó que el Estado financia más del 50% de proyectos como la reciente entrega de 218 viviendas en Sevilla, donde se invirtieron más de 14 millones de euros. Además, presentó datos positivos sobre la Ley por el Derecho a la Vivienda, que ha contribuido a una disminución en los precios de alquiler en Cataluña y un aumento en los contratos de arrendamiento. Lucas concluyó que la ley está funcionando, desmintiendo predicciones negativas sobre su impacto en el mercado inmobiliario. Para más detalles, visita el enlace.
La Ley por el Derecho a la Vivienda, aprobada en 2023, busca regular el acceso a viviendas asequibles y mejorar la situación del mercado de alquiler en España. Esta legislación incluye medidas para aumentar la oferta de vivienda social, contener el aumento de precios del alquiler y proteger a los inquilinos vulnerables. Se establece un Sistema Estatal de Referencia para los precios de alquiler y se implementan beneficios fiscales para arrendadores que ofrezcan alquileres accesibles. Además, se introducen límites al precio del alquiler en zonas tensionadas y se refuerzan las protecciones contra desahucios, garantizando una comunicación efectiva entre servicios sociales y judiciales. La ley también redefine lo que se considera un gran propietario y establece recargos sobre viviendas vacías.
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Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, destaca el trabajo realizado por su administración en áreas clave como vivienda, desigualdad y empleo. Durante una sesión de control en el Congreso, subrayó los esfuerzos del Ejecutivo para abordar las preocupaciones de la ciudadanía y enfatizó la necesidad de que las comunidades autónomas implementen la Ley de Vivienda. Esta declaración resalta el compromiso del Gobierno con políticas que buscan mejorar la calidad de vida de los españoles.
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha solicitado un compromiso político para abordar la pobreza infantil y mejorar la acogida de niños y niñas en situación de desamparo. Durante su reunión con Loles López, consejera de Inclusión Social de Andalucía, destacó la necesidad de que todas las administraciones trabajen juntas para garantizar los derechos de la infancia. Rego enfatizó la importancia de un Pacto de Estado contra la Pobreza Infantil y propuso medidas concretas como la Prestación Universal a la Crianza. También abordó el impacto del precio de la vivienda en las familias y subrayó la urgencia de aplicar leyes que protejan a los menores, incluyendo regulaciones sobre entornos digitales seguros. Para más información, visita el enlace.
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