Se solicitan los datos del titular de una tarjeta, fecha de caducidad y código de seguridad, y en ese momento realizan un cargo por la cantidad acordada, en vez de un pago.
El Tribunal Supremo español ha señalado además que los bitcoins “no son algo material ni tiene la consideración legal de dinero”, por lo que el condenado deberá devolver a sus víctimas el dinero correspondiente a la cotización de la criptomoneda en el momento de la estafa.
