La víctima -de nacionalidad rumana- llegó a España con la promesa de un trabajo digno para luego ser obligada, mediante el uso de la violencia física, a ejercer la prostitución para saldar la deuda contraída con el grupo criminal. Fruto de las relaciones sexuales a las que era forzada, la mujer dio a luz un bebé que fue utilizado por el grupo para extorsionar a clientes habituales por sumas de hasta 25.000 euros.