El Gobierno dio este lunes un ultimátum a la Generalitat de Cataluña advirtiéndole de que tenía un plazo de "24 horas" para explicar la partida de 6.150 euros de los gastos del mes de junio y la institución catalana contestó inmediatamente por 'email' aclarando que son gastos de "mantenimiento del software de los procesos electorales".
El secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, remitió una carta este lunes a la interventora general de la Generalitat, Rosa Vidal, dándole un ultimátum. En el escrito, al que ha tenido acceso Servimedia, Hacienda le afeaba no haber recibido respuesta alguna a la información solicitada en una carta el pasado 18 de julio para que concretase "los expedientes de gasto tramitados" con cargo al programa en el que se han detectado este incremento no justificado. Le daba entonces "48 horas" para responder y hoy ya habían pasado seis días sin respuesta.
Fuentes de la Generalitat justificaron a Servimedia que no habían respondido a la primera solicitud porque no recibieron la carta por correo postal, aunque sí un 'email' en el que se le avisaba del envío y del contenido de la misma. Pero no contestaron entonces porque no daban por recibido el requerimiento hasta tenerlo físicamente.
Para esta institución, el plazo de 48 horas empezaría a correr una vez recibido el correo postal. Entonces, aseguran, "evidentemente" responderían en "forma y contenido" como la "Generalitat lo ha hecho siempre". Pero dada la urgencia y el tono de Hacienda en la segunda carta, la Generalitat ha querido aclarar inmediatamente las dudas del Gobierno remitiéndole un correo electrónico al segundo 'email' de Hacienda.
Según estas fuentes de Economía de la Generalitat, estos 6.150 euros se han destinado para un "tema técnico y recurrente" dentro del "mantenimiento ordinario del sistema informático", en concreto, el del "software de los procesos electorales".
Esta llamada de atención de Hacienda se produce días después de que el viernes, la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos aprobara que la Generalitat remita semanalmente un reporte sobre sus cuentas, como requisito para la obtención de los fondos del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). El objetivo del Ejecutivo es controlar que "ni un euro" de los fondos estatales se destina a la consulta soberanista anunciada para el 1 de octubre.
EL FLA EN RIESGO
En la carta de este lunes, firmada por el 'número dos' del Departamento que dirige Cristóbal Montoro, se le recordaba a Cataluña que si no detallaban esta partida se pondría en riesgo el desembolso de la cuantía prevista para esta comunidad del FLA.
Pedía un "informe específico" de la Intervención General de la Comunidad sobre los "expedientes de gasto" de esa partida, así como los "expedientes completos de gastos tramitados con cargo" a ese programa de los Presupuesto Generales de la Comunidad del ejercicio 2017.
En la carta, a la que ha tenido acceso esta agencia, las dudas parten cuando Hacienda afirma que "en la última certificación remitida el pasado jueves 13 de julio, se certifica que a finales del mes de junio se han reconocido obligaciones en el programa '132. Organización, gestión y seguimiento de procesos electorales' por importe de 19.370 euros, y se han registrado autorizaciones y disposiciones de gasto por importe de 25.520 euros (6.150 euros adicionales sobre los datos del mes precedente)".
RESPONSABILIDADES PENALES
Por otra parte, desde Hacienda recuerdan la responsabilidad que tienen los funcionarios que certifican las cuentas, pues los interventores son como notarios que han de dar fe de que el destino de los recursos es acorde a la ley.
En este sentido, en el certificado que le corresponde emitir a la Generalitat, desde ahora de manera semanal, se tiene que hacer "expresa referencia" a la existencia o no de partidas presupuestarias que directa o indirectamente, pretendan financiar procesos refrendarios.
Además, el Ministerio indica que la información recabada "se trasladará a las autoridades competentes a los efectos de la posible exigencia de la responsabilidad administrativa, contable o penal" que pudiera corresponder a los responsables del uso de fondos públicos, cualquiera que fuera su procedencia, por emplear recursos públicos "para financiar actividades relacionadas con la celebración de procedimientos relativos a consultas o referéndums ilegales".
A ello se añade que "la resistencia o la negativa a suministrar la información solicitada será objeto igualmente de traslado a las autoridades competentes a los efectos de reclamar las responsabilidades que correspondan".
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