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Aprobado el permiso retribuido recuperable y la no justificación del despido por causas objetivas

Aprobado el permiso retribuido recuperable y la no justificación del despido por causas objetivas

viernes 10 de abril de 2020, 14:32h

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El Congreso de los Diputados convalidó los dos decretos por los que se aprueba el permiso retribuido recuperable y la no justificación del despido por fuerza mayor y causas económicas, productivas, organizativas y de producción. Ambos se tramitarán como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia.

En concreto, el decreto que regula el permiso retribuido recuperable contó con 194 votos a favor, 139 en contra y 14 abstenciones, y el decreto con las limitaciones al despido y otras medidas de carácter laboral como agilización de ERTE recibió 188 votos favorables, 138 votos en contra y 21 abstenciones. Ambos recibieron un respaldo muy mayoritario para tramitarse como proyectos de ley por la vía de urgencia.

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, indicó en el Pleno que se han comunicado ya un total de 450.000 ERTE registrados en comunidades autónomas, lo que “el numero evidencia por sí mismo el éxito de la medida”. Díaz incidió en que los afectados por estos expedientes temporales “son personas ocupadas” y no paradas.

“Ese es justamente el objetivo de los ERTE, evitar el paro; creo que hemos taponado con cierto éxito por esta vía lo que podía haber supuesto una destrucción de empleo inimaginable”, consideró la ministra, que lo calificó de “triunfo”.

Mientras, señaló que “muchas relaciones temporales” no han entrado en los ERTE y “nos hemos dado de bruces con el mercado laboral” al constatar que “muchos” de estos trabajadores han sido despedidos.

“No podemos seguir manteniendo este nivel de precariedad que asola a todos los sectores”, consideró la ministra, indicando que “mantener una bolsa de temporalidad de las dimensiones de la española” supone “estar en la vanguardia del desempleo que generan las crisis”.

La ministra instó a cambiar esta dinámica “garantizando la estabilidad en el empleo, dando seguridad”. “Lo que queremos es no tener que seguir actuando de forma excepcional”, aseveró, y agregó que las medidas aprobadas son “casi obligatorias”.

En cuanto al permiso retribuido recuperable, que finaliza su vigencia el próximo lunes en las comunidades autónomas en la que es un día laborable, la ministra lo consideró un nivel “más intenso” en el estado de alarma. Se trata de un permiso para aquellos sectores no esenciales que continuaran su actividad presencialmente tras el estado de alarma, para que sus trabajadores se queden en casa mientras la empresa continúa abonando el sueldo a cambio de recuperar posteriormente las horas. Díaz defendió que “estas medidas están destinadas a desaparecer” y son decretos “de emergencia”.

“CAMBIO DE ENFOQUE”

En el turno de la oposición, la diputada del PP Elvira Rodríguez dijo que los decretos “muestran un cambio de enfoque en su contenido respecto a los de los días anteriores” y que “bajo la justificación de preservar el empleo lo que hacen es ponerlo en riesgo, si las empresas desaparecen el empleo desaparece”.

Esta diputada pidió “no convertir en vulnerables a los que no lo son” y advirtió de que “eso es lo que sucederá si se pierden los puestos de trabajo y se perderán porque sus medidas van en sentido contrario”. Rodríguez alertó de que “falta lo peor” por conocer de los datos de empleo, en referencia a los que reflejen el mes de abril, y consideró que “da la sensación” de que el Gobierno quiere “tapar el tiempo para otras noticias” con los consejos ordinarios y extraordinarios.

Desde el Grupo Socialista, Isaura Leal defendió que las medidas del Gobierno tienen dos objetivos: reducir las posibilidades de contagio y repartir el sacrificio de manera equitativa con la redistribución de medios. “Ya está bien de lanzar insidias y mentiras”, señaló.

Leal reconoció en su discurso el “esfuerzo de los trabajadores y de decenas de miles de empresas han sabido ver y aceptar unas medidas que han cambiado sus vidas y han sabido ver que es tiempo de arrimar el hombro”.

Desde Vox, el portavoz parlamentario, Iván Espinosa de los Monteros, consideró que “España afronta la peor crisis económica por lo menos desde la Guerra Civil” y vaticinó que será “durísima y de consecuencias imprevisibles” con el Gobierno de coalición. Por eso, corroboró que Vox rechazará estos decretos de un Ejecutivo que “no cree en la libertad y no pretende fomentar la prosperidad”.

“Toda España sabe que con estos reales decretos Iglesias ganó y Calviño perdió y con ella se perdió cualquier esperanza de sensatez en un Gobierno ya sin ambages comunista”, opinó el portavoz de Vox, cargando así contra un PSOE que “se ha entregado y dejado arrastrar por la inexperiencia” de Unidas Podemos. “Con Iglesias tampoco puede dormir tranquila la España productiva”, aseveró.

Espinosa de los Monteros subrayó que “ya no es suficiente con la dimisión de Iglesias”, por lo que urgió a “todos” los miembros del Ejecutivo a irse, ya que “todos son cómplices de una deriva que nos puede llevar a la ruina”. “Vox ha venido para proteger a España” y “España se merece la dimisión de este Gobierno”, remachó.

Desde Unidas Podemos, Enrique Santiago confió en que la no justificación del despido por causas objetivas “se pueda mantener después de la emergencia, y vamos a trabajar para ello”.

“IMPROVISACIONES”

El portavoz del PNV, Aitor Esteban, comenzó echando en cara al Gobierno las improvisaciones del decreto, que se publicó a pocos minutos de la medianoche del domingo al lunes, lo que a su juicio revela un desconocimiento de cómo es la empresa, que tuvieron que enmendar con una moratoria en el último momento. Anunció su abstención y advirtiendo al Ejecutivo: “Tómenselo como un gesto”.

También avisó de los peligros de prohibir el despido y llamó al Gobierno a “revisar la casuística” de cada uno de los tipos de empresas que se pueden ver afectadas. No obstante, comunicó que al decreto que contiene la limitación de los despidos votará a favor por estar generalmente de acuerdo con tomar medidas para evitar un daño mayor al tejido productivo por la crisis del coronavirus.

Por su parte, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, puntualizó que el decreto del Gobierno “no prohíbe los despidos como dijeron, los convierte en improcedentes y no de forma retroactiva”. A su entender, “no basta con recomendar no despedir. Sólo basta con darle a los trabajadores la seguridad social y moral de que no van a perder su puesto de trabajo por el abuso de empresarios desalmados durante este confinamiento y eso sólo pasa por la prohibición”.

El portavoz independentista animó al Ejecutivo a utilizar su capacidad legisladora y sugirió que aproveche futuros decretos para “derogar la reforma laboral”. Del mismo modo, exigió poner en marcha “una regularización exprés de personas migradas en situación de irregularidad administrativa” y la convalidación de los títulos del ámbito sanitario y del cuidado de personas para “llenar esta crisis de enfermeros, de médicos, de asistentes y no de militares”.

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, advirtió al Gobierno de que su formación no le dará “un cheque en blanco” y exigió que no se “improvise” y se aplique “pragmatismo y moderación” a las iniciativas tendentes a preservar la economía. “Llámenos”, dijo a la titular de Trabajo, “queremos ayudar con responsabilidad y lealtad”, pero Ciudadanos no aceptará “criterios ideológicos”.

La expectativa de unas cifras “espeluznantes” de paro debe animar a “desprendernos de la vieja política para llegar a consensos” y no como ha ocurrido en esta ocasión en la que “nadie nos ha llamado para hablar de los dos decretos” que se someten este jueves a votación, según Bal, que pidió encarecidamente a la ministra de Trabajo que haga todo lo necesario para que los “Expedientes Temporales de Regulación de Empleo no se conviertan en paro” cuando termine la crisis y se flexibilice la devolución de las horas del permiso retribuido.

Desde Más País, Íñigo Errejón, reivindicó frente a Ciudadanos los debates ideológicos y no sólo técnicos. Además, se quejó de que el neoliberalismo es un neoliberalismo “del embudo”, donde las grandes empresas y bancos sí reciben ayudas.

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