España y 24 países más han firmado una declaración conjunta pidiendo un alto el fuego inmediato en Gaza, destacando la urgente necesidad de poner fin al sufrimiento de la población civil. La declaración condena la inaceptable denegación de asistencia humanitaria por parte del gobierno israelí y solicita la liberación de los rehenes en manos de Hamás. Los firmantes instan a todas las partes a proteger a los civiles y rechazan cualquier medida que implique cambios territoriales en los Territorios Palestinos Ocupados. Se reafirma el apoyo a los esfuerzos internacionales para alcanzar una solución pacífica y duradera al conflicto.
Un grupo de 25 países, entre ellos España, ha emitido una declaración conjunta en la que exige un alto el fuego inmediato en Gaza. Este mensaje se presenta como un llamado urgente a poner fin a la guerra que ha causado un sufrimiento extremo a la población civil de la región.
La declaración subraya que el modelo actual de entrega de ayuda humanitaria por parte del Gobierno israelí es peligroso y contribuye a la inestabilidad, al tiempo que priva a los gazatíes de su dignidad. Se condena el goteo de asistencia y las muertes de civiles, incluidos niños, quienes luchan por satisfacer sus necesidades básicas de agua y alimentos. En este contexto, se destaca que más de 800 palestinos han perdido la vida mientras intentaban acceder a ayuda humanitaria. La negativa del Gobierno israelí a proporcionar asistencia esencial es calificada como inaceptable y se hace un llamado para que Israel cumpla con sus obligaciones bajo el derecho internacional humanitario.
La situación de los rehenes capturados por Hamás desde el 7 de octubre también fue abordada en la declaración. Se condena su cautiverio y se solicita su liberación inmediata e incondicional. Un alto el fuego negociado se presenta como la mejor opción para facilitar su regreso y aliviar el sufrimiento de sus familias.
Los firmantes instan al Gobierno israelí a eliminar sin demora las restricciones sobre la entrada de ayuda humanitaria y permitir que las Naciones Unidas y las ONG realicen su labor vital para salvar vidas. Además, hacen un llamado a todas las partes involucradas para que protejan a los civiles y respeten las obligaciones establecidas por el derecho internacional humanitario.
Se rechazan categóricamente las propuestas que sugieren trasladar a la población palestina a una "ciudad humanitaria", considerándolas inaceptables. El desplazamiento forzoso permanente se clasifica como una violación del derecho internacional humanitario.
Asimismo, los firmantes expresan su oposición a cualquier medida destinada a alterar el territorio o demografía en los Territorios Palestinos Ocupados. En particular, critican el plan de asentamientos E1 anunciado por Israel, que podría dividir al Estado palestino, lo cual sería una grave violación del derecho internacional y pondría en riesgo la solución de dos Estados. La construcción acelerada de asentamientos en Cisjordania, incluida Jerusalén Este, junto con el aumento de la violencia contra los palestinos por parte de colonos, también es objeto de condena.
La declaración concluye instando tanto a las partes implicadas como a la comunidad internacional a colaborar en un esfuerzo conjunto para poner fin al conflicto mediante un alto el fuego inmediato e incondicional. Se enfatiza que continuar derramando sangre no es una solución viable. Los firmantes reafirmaron su apoyo total hacia los esfuerzos realizados por Estados Unidos, Qatar y Egipto para alcanzar este objetivo.
Entre los firmantes se encuentran ministros de Asuntos Exteriores de países como Australia, Bélgica, Canadá, Francia, Italia y Reino Unido, así como la comisaria europea encargada de Igualdad y Gestión de Crisis.
Piden un alto el fuego inmediato en Gaza y condenan el sufrimiento de la población civil, así como las restricciones a la entrada de ayuda humanitaria.
Se menciona que el sufrimiento de la población civil ha alcanzado nuevas cotas, con un modelo de entrega de ayuda que priva a los gazatíes de su dignidad humana y que ha resultado en la muerte de muchos civiles mientras intentaban obtener ayuda.
La declaración condena la retención de rehenes y solicita su liberación inmediata e incondicional, sugiriendo que un alto el fuego negociado podría facilitar su regreso a casa.
Se pide al Gobierno israelí que elimine las restricciones a la entrada de ayuda humanitaria y permita que organizaciones como la ONU y ONG realicen su misión para salvar vidas.
Se considera totalmente inaceptable cualquier propuesta que implique el desplazamiento forzoso permanente de la población palestina, ya que esto constituiría una violación del derecho internacional humanitario.
La declaración ha sido firmada por ministros de Asuntos Exteriores de varios países, incluyendo Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, España, entre otros, así como por la comisaria de Igualdad de la UE.