El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha destacado la necesidad de mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) durante un reciente acto. El ministro Pablo Bustinduy subrayó el compromiso del gobierno para transformar el modelo de cuidados, enfocándose en la calidad del empleo y en la implementación de reformas que incluyan indicadores sobre la calidad laboral. La reforma busca abordar la inestabilidad y precariedad que enfrentan muchas trabajadoras, mayoritariamente mujeres, en un sector crucial que se enfrenta a un aumento significativo en la demanda debido al envejecimiento poblacional. Además, se presentaron datos preocupantes sobre salarios y condiciones laborales que afectan tanto a la salud física como emocional de estas profesionales.
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha llevado a cabo un evento en el que se ha evaluado la situación laboral de las trabajadoras del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). El titular de este departamento, Pablo Bustinduy, ha reafirmado su compromiso con la transformación del modelo actual de cuidados hacia uno más comunitario y cercano, al mismo tiempo que busca mejorar las condiciones laborales de quienes desempeñan funciones en el sector de los cuidados a largo plazo.
En este contexto, Bustinduy recordó que el pasado martes el Consejo de Ministros aprobó una reforma de las leyes de discapacidad y dependencia. Esta reforma tiene como objetivo modernizar el sistema de dependencia, incorporando más prestaciones y servicios, reduciendo la burocracia y aumentando el uso de tecnología. Además, se centra en mejorar la calidad de vida de las trabajadoras del sector, mayoritariamente mujeres, quienes enfrentan condiciones laborales caracterizadas por la inestabilidad y precariedad económica.
Para alcanzar estos objetivos, Bustinduy explicó que la reforma incluye diversas medidas destinadas a optimizar las condiciones laborales en el sector y garantizar una atención continua y segura. Una de las principales iniciativas es la inclusión de un artículo que establece que tanto el Gobierno como las comunidades autónomas desarrollarán indicadores sobre la calidad del empleo. Estos indicadores serán desglosados por origen, edad y sexo, permitiendo un seguimiento efectivo para asegurar su cumplimiento. Esta medida responde a una solicitud del Consejo Económico y Social para reforzar los esfuerzos destinados a garantizar empleos de calidad en el ámbito de los cuidados.
Otra novedad significativa es la creación de un nuevo servicio para proporcionar productos que faciliten la autonomía personal, como grúas o camas articuladas. La disponibilidad de estos recursos no solo beneficia a los usuarios, sino también a las trabajadoras, al permitirles desempeñar sus labores en condiciones más seguras y eficientes.
Bustinduy subrayó que es fundamental considerar tanto las necesidades de las personas cuidadas como las condiciones laborales de quienes brindan esos cuidados. “No podemos olvidar que detrás del sistema hay cientos de miles de trabajadoras que enfrentan prejuicios sexistas y carecen del reconocimiento adecuado”, afirmó. El ministro enfatizó que su objetivo no es realizar cambios superficiales, sino llevar a cabo una transformación profunda que incluya mejoras significativas para las trabajadoras.
Los datos presentados durante el evento revelan una realidad preocupante: el empleo en el sector está marcado por la inestabilidad y salarios por debajo del promedio nacional. Esto provoca una alta rotación laboral; muchas trabajadoras permanecen en sus puestos apenas un año. Esta situación afecta no solo a gerocultoras sino también a otros profesionales esenciales como fisioterapeutas y enfermeros. Se estima que en los próximos cinco años habrá un incremento significativo en el número de personas dependientes, lo que requerirá incorporar al menos 260.000 nuevas trabajadoras al sector.
Pablo Bustinduy concluyó señalando que “esta situación no es admisible en una sociedad democrática” y reiteró que “el futuro de la Dependencia pasa por mejorar las condiciones laborales”. Las medidas anunciadas forman parte del esfuerzo por dignificar el trabajo en los cuidados y retener talento dentro del sector.
Durante el acto también se discutieron los resultados preliminares de un estudio elaborado junto a consultoras sobre el perfil típico de las trabajadoras: más del 85% son mujeres, muchas mayores de 45 años y una cuarta parte son migrantes. Los hallazgos indican que los salarios son entre un 35% y 38% inferiores al promedio nacional.
Las duras condiciones laborales repercuten directamente en la salud física y emocional de las trabajadoras. En 2023 se registraron accidentes laborales en residencias un 75% superiores al promedio nacional. Las trabajadoras enfrentan altos niveles de estrés debido a esfuerzos físicos continuos y posturas forzadas, lo cual no solo deteriora su salud sino también afecta negativamente la calidad del cuidado proporcionado.
| Cifra | Descripción |
|---|---|
| 85% | Porcentaje de trabajadoras que son mujeres |
| 50% | Porcentaje de trabajadoras mayores de 45 años |
| 25% | Porcentaje de contratos temporales en residencias |
| 60% | Porcentaje de contratos indefinidos en servicios de ayuda a domicilio |
| 35%-38% | Diferencia salarial respecto al promedio nacional |
| 75% | Tasa de accidentes con baja laboral en residencias comparado con el promedio nacional |
| 904 por cada 100,000 trabajadoras | Tasa de accidentes in itinere en servicios sociales sin alojamiento |
El Ministerio de Derechos Sociales ha reiterado su firme compromiso en transformar el modelo de cuidados, mejorando las condiciones laborales de las trabajadoras del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).
Se están incorporando indicadores sobre la calidad del empleo que serán desarrollados por el Gobierno y las comunidades autónomas. También se creará un nuevo servicio de provisión de productos de apoyo para la autonomía personal, lo que reducirá los riesgos físicos en el trabajo.
El empleo en el sector está marcado por la inestabilidad, la parcialidad y salarios por debajo de la media nacional. Esto provoca una alta rotación y dificulta la retención de talento.
Las condiciones laborales afectan negativamente a la salud física y emocional de las trabajadoras, con un aumento en dolencias musculares crónicas y accidentes laborales más frecuentes que el promedio nacional.
Más del 85% de las profesionales son mujeres, muchas de ellas mayores de 45 años, y una cuarta parte son migrantes. Los salarios son significativamente inferiores al promedio nacional.