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Presentan el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 con nuevas estrategias y financiación

17/09/2025@19:38:52

El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, el primero en alinearse con la Ley por el derecho a la vivienda aprobada en 2023, busca garantizar el acceso a una vivienda digna para todos los ciudadanos. Con una inversión prevista de 7.000 millones de euros, este plan se centra en aumentar la oferta de vivienda asequible, rehabilitar viviendas existentes y facilitar la emancipación juvenil. Entre sus objetivos destacan la reducción del esfuerzo financiero de las familias y la contención de precios en zonas de mercado tensionado. Este esfuerzo inversor representa un avance significativo en las políticas públicas de vivienda en España.

Elma Saiz impulsa proyectos de vivienda asequible con el Fondo de Impacto Social

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, visitó Níjar (Almería) para conocer el modelo de alojamiento social de tuTECHÔ. Durante su visita, destacó el compromiso del Gobierno de destinar hasta 40 millones de euros del Fondo de Impacto Social (FIS) para impulsar proyectos de vivienda asequible y combatir el sinhogarismo. La inversión inicial de cinco millones permitirá adquirir cerca de 30 inmuebles en alquiler a precios un 30% inferiores al mercado. Saiz subrayó la importancia de este fondo para abordar retos sociales como la falta de vivienda y la cohesión territorial, además de su enfoque en zonas rurales en riesgo de despoblación.

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Nueva Ley de Vivienda: regulación y medidas para el acceso asequible

La Ley por el Derecho a la Vivienda, aprobada en 2023, busca regular el acceso a viviendas asequibles y mejorar la situación del mercado de alquiler en España. Esta legislación incluye medidas para aumentar la oferta de vivienda social, contener el aumento de precios del alquiler y proteger a los inquilinos vulnerables. Se establece un Sistema Estatal de Referencia para los precios de alquiler y se implementan beneficios fiscales para arrendadores que ofrezcan alquileres accesibles. Además, se introducen límites al precio del alquiler en zonas tensionadas y se refuerzan las protecciones contra desahucios, garantizando una comunicación efectiva entre servicios sociales y judiciales. La ley también redefine lo que se considera un gran propietario y establece recargos sobre viviendas vacías.