Airbnb

El Ministerio de Derechos Sociales y Consumo ha logrado la retirada de 65.000 anuncios ilegales en Airbnb, tras el respaldo judicial a sus acciones. Además, se han identificado otros 55.000 anuncios que carecen del número de registro obligatorio según la legislación vigente. Esta iniciativa reafirma el compromiso del ministerio de garantizar el derecho a la vivienda por encima de los intereses de las grandes multinacionales. La Unidad de Análisis de Consumo continuará trabajando para detectar y denunciar más anuncios ilegales en plataformas de alquiler turístico.

El Ministerio de Derechos Sociales y Consumo ha informado que Booking ha eliminado más de 4.000 anuncios ilegales de pisos turísticos tras un requerimiento del gobierno. La mayoría de estos anuncios, un total de 4.093, estaban ubicados en las Islas Canarias, un destino turístico muy popular. Esta acción forma parte de la lucha del Ministerio contra la publicidad ilícita en el sector de alojamientos turísticos, que afecta el acceso a la vivienda en España. Además, esta medida se produce poco después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid respaldara la orden para que Airbnb retire más de 65.000 anuncios ilegales.

El Ministerio de Derechos Sociales y Consumo ha logrado que Airbnb bloquee más de 65,000 anuncios ilegales de pisos turísticos tras una resolución judicial favorable. La Justicia ha respaldado la acción del ministerio, que había solicitado la eliminación de 5,800 anuncios incumplidores de la normativa vigente. Las razones incluyen la falta de número de licencia, la omisión sobre la naturaleza jurídica de los arrendadores y el uso incorrecto de números de licencia. Esta medida busca regular el sector turístico y proteger los derechos de los consumidores en varias comunidades autónomas.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha entregado al Ayuntamiento de Madrid un archivo con las direcciones de 3.565 pisos turísticos ilegales en la ciudad. Esta información, proporcionada por la Unidad de Análisis de Consumo, busca facilitar la inspección y sanción por parte del Consistorio, que enfrenta más de 15.000 alojamientos turísticos sin licencia. La acción forma parte de un esfuerzo mayor para abordar la problemática de la vivienda en España y asegurar el cumplimiento de la normativa urbanística.

El ministro de Derechos Sociales y Consumo, Pablo Bustinduy, ha instado a los consejeros autonómicos a sancionar a las empresas detrás de los pisos turísticos ilegales durante la 32ª Conferencia Sectorial de Consumo. Bustinduy destacó que el acceso a la vivienda es una preocupación principal para la ciudadanía y que las competencias de Consumo pueden proteger este derecho. Se mencionaron acciones recientes contra plataformas como Airbnb por anuncios ilegales y se proporcionó información a gobiernos regionales sobre más de 16,000 alojamientos turísticos no regulados en Galicia y Baleares. El ministro también subrayó la necesidad de actuar contra prácticas abusivas en el alquiler de viviendas.