Derechos Sociales estima en 739 millones los fondos extra para dependencia entre julio y septiembre

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 publicó la séptima entrega del Panel del SAAD, que ofrece cada trimestre datos sobre la evolución del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. El informe corresponde al tercer trimestre de 2026, de junio a septiembre, y es el primero desde la entrada en vigor de la nueva financiación aprobada por el Gobierno: 6.200 millones de euros adicionales entre 2026 y 2027.

La financiación estatal del nivel mínimo, que se transfiere a las comunidades autónomas por cada persona con un grado de dependencia reconocido, se duplicó entre junio y septiembre: pasó de 257,5 a 516,2 millones de euros mensuales. Las cuantías aumentaron más del doble en los grados II y III —un 100% y un 128%, respectivamente— y un 18% en el grado I. Los importes comenzaron a transferirse el 1 de julio: las comunidades ya habían recibido las cantidades correspondientes a julio y agosto, mientras que la de septiembre, de 516,2 millones, se abonaría en octubre.

El departamento señala que los indicadores del sistema mejoraron en un contexto de aumento de la financiación. La lista de espera alcanzó un mínimo histórico, creció el número de personas con prestación efectiva y el tiempo medio de tramitación registró su mayor descenso trimestral desde que hay datos. El Ministerio plantea que esta evolución continúe tras la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad, aprobada definitivamente por el Congreso el 16 de septiembre. La norma amplía servicios y prestaciones, busca reducir la burocracia y establece que la Administración General del Estado asuma el 50% de la inversión del sistema.

Financiación y transferencias

El nivel mínimo pasó de entre 236,9 y 257,5 millones de euros mensuales entre enero y junio a 484,2 millones en julio, 506 millones en agosto y 516,2 millones en septiembre. En conjunto, las comunidades autónomas recibieron 990,2 millones correspondientes a julio y agosto; el importe de septiembre se transferiría en octubre.

Según la estimación de Derechos Sociales, entre julio y septiembre las comunidades habrían recibido 739 millones de euros adicionales por el nivel mínimo. El cálculo se basa en el número de personas con prestación efectiva de cada grado y la diferencia entre las cuantías nuevas y las anteriores. Para julio, la liquidación se pondera por 25/30, porque las nuevas cuantías se aplicaron durante 25 días.

De los 262 millones de euros de aumento mensual del nivel mínimo, el 64% corresponde al grado III, que representa el 26% de las personas atendidas; el 32% se asigna al grado II, que agrupa al 37%, y el 3% al grado I, también con el 37% de las personas. Así, casi 97 de cada 100 euros adicionales se destinan a personas con mayores necesidades de apoyo. La aportación media estatal por persona con prestación efectiva llegó en septiembre a unos 295 euros mensuales, frente a unos 151 euros en junio: un incremento del 95,7%, pese al aumento de beneficiarios.

Otros recursos y objetivos

Además del nivel mínimo, el Estado transfiere a las comunidades autónomas el nivel acordado mediante convenios. Estos créditos dependen de criterios y variables de reparto y están condicionados al cumplimiento de objetivos de gestión, como reducir las listas de espera y mejorar la calidad de los servicios y las condiciones laborales del sector.

Para este año, Derechos Sociales prevé transferir 904 millones de euros a las comunidades por el nivel acordado, una cifra récord que podría ascender a 970 millones al contabilizar los recursos que reciben Euskadi y Navarra mediante el cálculo del cupo vasco y la aportación navarra. El nivel acordado se eliminó en 2012 y se recuperó en 2021. Junto con el aumento del nivel mínimo, el incremento supondría que en 2027 el Estado abonaría alrededor de 7.240 millones de euros a las comunidades autónomas.

El Ministerio ha pedido a los gobiernos autonómicos que reduzcan a la mitad las listas de espera en 2027 y las eliminen para 2028. También les ha instado a destinar más recursos a contratar personal y mejorar las condiciones laborales de quienes trabajan en dependencia. El informe indica que el crédito inicial del nivel mínimo para 2026 aumentó un 85,8% y estima que en 2027 rondará los 6.270 millones de euros.

Listas de espera y personas atendidas

La lista de espera se redujo un 5,7% durante el último trimestre y un 22,7% interanual: en septiembre había 39.672 personas menos que un año antes. El total quedó en 134.734 personas, el mínimo desde que existen registros. Desde 2021, la lista ha disminuido un 56,7%, equivalente a 176.711 personas en cinco años.

La reducción se produjo mientras aumentaban el envejecimiento de la población y la demanda. El informe señala que el sistema ha absorbido el crecimiento de las solicitudes y ha mejorado sus resultados. En relación con la población potencialmente dependiente, Murcia presentaba la lista de espera más elevada, seguida de Cataluña y Extremadura; Castilla y León tenía la más baja, seguida de Aragón y Galicia.

En el trimestre, Cataluña redujo su lista en 4.973 personas, Asturias en 2.472 y Andalucía en 1.125. En cambio, aumentó en 263 personas en el País Vasco, en 181 en Castilla-La Mancha y en 172 en Cantabria. La lista incluye tanto a quienes esperan una valoración del grado como a quienes, con un grado ya reconocido, llevan más de seis meses esperando una prestación o servicio. Tras la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad, el plazo máximo se establece en tres meses.

Beneficiarios y tiempos de tramitación

Las personas con prestación efectiva aumentaron un 2,4% durante el tercer trimestre, con 41.573 nuevos beneficiarios, y alcanzaron el máximo registrado: 1.748.901. En comparación con el mismo periodo del año anterior, el crecimiento fue del 11%, con 173.219 personas más. Las solicitudes subieron un 6,6% y sumaron 2.421.624. Desde comienzos de 2021, las personas atendidas aumentaron un 61,3%, es decir, 664.692 más.

El tiempo medio desde la solicitud hasta la resolución de la prestación bajó 21 días en el último trimestre, el mayor descenso trimestral desde el inicio del Panel del SAAD. En lo que iba de 2026, la reducción acumulada era de 48 días: 27 durante los dos primeros trimestres y 21 en el tercero. El tiempo medio quedó en 293 días y descendió por tercer trimestre consecutivo, aunque Derechos Sociales señala que sigue siendo la fase más larga del proceso y uno de los principales retos del sistema. El Ministerio espera que la reforma permita agilizar y simplificar los trámites.

Ceuta registró el menor tiempo medio de gestión, con 75 días, seguida de Aragón, con 109, y Castilla y León, con 120. Los plazos más largos correspondieron a Murcia, con 529 días; Asturias, con 413, y Andalucía, con 402. Casi todas las comunidades redujeron sus tiempos en el trimestre. Extremadura los aumentó en 13 días y Navarra en 12; en Castilla y León, Castilla-La Mancha y la Comunitat Valenciana se mantuvieron sin cambios. Salvo en la Comunitat Valenciana, el tiempo de gestión de esas comunidades seguía por debajo de la media estatal. Canarias registró la mayor reducción, con 100 días, seguida de Andalucía, con 33, y Murcia, con 22.

Empleo y condiciones laborales

Según la Encuesta de Población Activa (EPA), el empleo en cuidados creció un 8,9% en dos años: pasó de 386.900 puestos equivalentes a jornada completa en diciembre de 2023 a 421.200 en diciembre de 2025. Los servicios sociales sin alojamiento impulsaron el aumento, con 36.300 puestos más —un 23,6%— hasta llegar a 190.300. El empleo en establecimientos residenciales se mantuvo estable. En diciembre de 2025, 45 de cada 100 puestos de cuidados correspondían a servicios sin alojamiento, frente a 40 dos años antes. La estimación ministerial utiliza datos de las categorías CNAE 87 y 88 de la EPA e incluye profesionales de atención directa de primer y segundo nivel en cuidados de larga duración.

El Ministerio relaciona el aumento del empleo tanto con la reducción de las listas de espera como con la mejora de los servicios, ya que cada persona que recibe cuidados y apoyos requiere profesionales que los presten. Derechos Sociales estima que en 2030 harán falta 260.000 trabajadoras más para garantizar los cuidados de larga duración ante el reto demográfico previsto para la próxima década.

El sector está altamente feminizado. Según la EPA, las mujeres representan el 87,9% de quienes prestan cuidados y apoyos en residencias y el 91% de quienes trabajan en atención domiciliaria. Entre las personas cuidadoras no profesionales vinculadas a una prestación económica para cuidados en el entorno familiar, el perfil más frecuente es el de una mujer de entre 50 y 66 años. En total, el 71,9% son mujeres y el 28,1%, hombres.

Salarios en el sector

Los últimos datos disponibles del INE sitúan el salario medio anual en 19.585,74 euros para profesionales de residencias, el 66% del salario medio del conjunto de la economía, y en 18.834,42 euros para quienes trabajan en atención domiciliaria, el 64%. Según el Ministerio, estas proporciones equivalen a unos 6,5 euros por cada 10 euros del salario medio de la economía y reflejan la infravaloración de los cuidados.

Derechos Sociales ha instado a las comunidades autónomas a mejorar las condiciones laborales ante la prevalencia de salarios bajos y precariedad. El Ministerio indica que sindicatos, patronales y administraciones coinciden en la necesidad de un aumento significativo de los salarios y sostiene que el incremento presupuestario aprobado debe permitir un acuerdo ambicioso entre los agentes sociales para actualizar el convenio colectivo, que afecta a decenas de miles de profesionales.

La secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, afirmó: “Mejorar las condiciones laborales no es una aspiración deseable, es una condición necesaria e irrenunciable para mejorar el sistema. No hay mejora posible del sistema sin mejorar las condiciones de las profesionales que cuidan”.

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