El primer veredicto de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Colombia ha marcado un hito histórico al condenar a siete exmiembros del secretariado de las FARC-EP por crímenes de guerra y lesa humanidad. Este fallo incluye más de 20,000 secuestros, torturas, desapariciones forzadas y actos de violencia sexual.
Volker Türk, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, calificó esta decisión como un “hito crucial en el camino hacia la rendición de cuentas”. Según Türk, “tras décadas de atrocidades”, estas condenas son un paso fundamental en la lucha contra la impunidad y en el cumplimiento del derecho de las víctimas a conocer la verdad y obtener justicia.
Opciones para los condenados
El tribunal, establecido bajo el Acuerdo de Paz de 2016, ofreció a los acusados dos opciones: negar los delitos o reconocerlos. Los siete condenados eligieron la “ruta de reconocimiento”, que no implica prisión, pero sí restricciones de movimiento y la obligación de participar en labores de justicia restaurativa. Estas incluyen actividades como el desminado humanitario, la búsqueda de desaparecidos y proyectos relacionados con la memoria histórica.
Türk subrayó que ahora corresponde al Gobierno garantizar las condiciones legales, presupuestarias y de seguridad necesarias para implementar efectivamente estas sanciones.
Aprobación internacional
El Secretario General de la ONU celebró estas primeras sentencias restaurativas, considerándolas un “hito histórico en la implementación del Acuerdo Final de Paz”. Destacó que representan un avance significativo para los mecanismos de justicia transicional establecidos en el pacto, que buscan promover la verdad y asegurar la rendición de cuentas por los crímenes más graves mientras brindan reparación a las víctimas.
La ONU enfatizó que estas decisiones deben traducirse en acciones concretas y llamó a los sancionados a cumplir sus compromisos. Asimismo, instó a las autoridades colombianas a asegurar las condiciones necesarias para llevar a cabo estas medidas.
Un modelo reparador
El modelo colombiano se caracteriza por su enfoque reparador, buscando no solo castigar sino también reconstruir. Los condenados deberán participar en trabajos destinados a reparar simbólica y materialmente el daño causado, asegurando que la voz y participación de las víctimas sean centrales en este proceso.
La Oficina de Derechos Humanos de la ONU ha proporcionado apoyo técnico durante las investigaciones, garantizando así la protección y derechos tanto de víctimas como testigos, tal como estipula el acuerdo de paz.
Desafíos persistentes
A pesar del impacto positivo del fallo, Türk advirtió que Colombia sigue enfrentando conflictos armados y un aumento en las violaciones a los derechos humanos. La situación es crítica con asesinatos continuos de defensores, reclutamiento forzado de menores por parte de grupos armados no estatales y una violencia desproporcionada contra pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y mujeres.
La JEP ha anunciado que emitirá próximamente su fallo sobre los “falsos positivos”, ejecuciones extrajudiciales presentadas como bajas en combate por agentes estatales. Este será otro momento clave en el proceso hacia la rendición de cuentas.
A medida que Colombia navega entre su violento pasado y una esperanza frágil por alcanzar una paz duradera, el mundo observa si este importante hito judicial se traduce en una paz tangible para quienes han sufrido.
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