Acuerdo

MotoGP Group y los 11 equipos han firmado un acuerdo que establece el marco de gobernanza y comercial para el período 2027-2031. Este pacto incluye a equipos destacados como Aprilia Racing, Ducati Lenovo Team y Monster Energy Yamaha MotoGP, garantizando su participación a largo plazo en el campeonato. El acuerdo busca fortalecer la experiencia de los aficionados, aumentar la visibilidad de los equipos y mejorar las oportunidades comerciales. Carmelo Ezpeleta, CEO de MotoGP Group, destacó la importancia de este acuerdo para proporcionar estabilidad y confianza a los equipos, mientras que Lucio Cecchinello, presidente de IRTA, enfatizó su papel crucial en el futuro del deporte.

Un nuevo acuerdo de precio equitativo entre Gavi y UNICEF permitirá que 7 millones de niños y niñas adicionales reciban la vacuna contra la malaria antes de 2030. Este pacto garantiza un costo más accesible por dosis, lo que podría ahorrar hasta 78 millones de euros y facilitar la obtención de 30 millones de dosis adicionales.

El Consejo de Seguridad de la ONU se encuentra dividido sobre el programa nuclear iraní, manteniendo las sanciones tras el colapso del acuerdo de Viena. A pesar de los esfuerzos diplomáticos en 2025, no se ha logrado un consenso sobre cómo proceder. Las sanciones reimplicadas desde septiembre de 2025 incluyen un embargo de armas y restricciones al enriquecimiento de uranio. Mientras algunos países consideran que el acuerdo sigue vigente, otros, como Rusia y China, argumentan que ha expirado. La situación actual refleja una falta de confianza y una compleja confrontación geopolítica en torno a Irán y su programa nuclear.

El Gobierno de España, en colaboración con los sindicatos CCOO y UGT, ha acordado recuperar el derecho a la jubilación parcial para empleados públicos. Esta modalidad permitirá a los trabajadores compatibilizar un empleo a tiempo parcial con el cobro de parte de su pensión, revertiendo una medida eliminada en 2012. El acuerdo busca igualar las condiciones entre el sector público y privado y facilitar la transferencia de conocimientos entre generaciones. Se prevé que la regulación se ajuste a la legislación vigente en materia de Seguridad Social, garantizando que no genere costes adicionales al presupuesto público.