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España es denunciada por incumplir medidas de protección de la ONU a menores extranjeros
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España es denunciada por incumplir medidas de protección de la ONU a menores extranjeros

viernes 30 de junio de 2017, 00:20h

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Siete organizaciones sociales denuncian el incumplimiento por parte del Gobierno de medidas de protección solicitadas por la ONU para siete menores extranjeros no acompañados.

Estas siete entidades (Amnistía Internacional, Consejo General de la Abogacía Española, Fundación Raíces, Noves Vies, Plataforma de la Infancia, Save the Children y el Servicio Jesuita a Migrantes) aseguran que la Fiscalía no reconoce a estos niños como menores de edad, pese a que la documentación de sus países de origen así lo acredita, y que mientras se tramitan los recursos, el Gobierno hace caso omiso del requerimiento del Comité de Naciones Unidas de que se les conceda a estos chicos tutela de forma cautelar y se les deje permanecer en el sistema de protección de menores.

España está obligada a esa tutela cautelar para casos individuales en los que se sospecha que puedan haberse vulnerados derechos de los pequeños, en virtud del Protocolo Facultativo del Comité de Derechos del Niño que España suscribió en 2013, según explicaron portavoces de las organizaciones denunciantes en una rueda de prensa en la sede del Consejo General de la Abogacía. "Es inaceptable que España esté haciendo una vulneración flagrante del protocolo", afirmó Almudena Escorial, abogada de Fundación Raíces.

PAÍS PIONERO

De los 7 casos en los que la ONU ha tomado cartas en el asunto, cuatro son niños inicialmente ingresados en Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Madrid y Barcelona. De estos cuatro menores, tres han dejado los CIE pero no han sido llevados a centros de menores y otro ha sido expulsado. El resto están en la calle por la insistencia de la fiscalía en declararlos adultos o se les ha negado su solicitud de asilo por no tener tutor.

Para Ana Sastre, de Save the Children, es "inaceptable" que el Gobierno desoiga la petición de la ONU, pese a que España fue uno de los países pioneros en firmar el protocolo facultativo.

Lourdes Reizábal, presidenta de la Fundación Raíces, indicó que "a los fiscales de menores se les ha convertido en jueces", y están denegando la condición de menores a unos niños a los que los registros de sus países de origen les han dado certificados que atestiguan su minoría de edad. "Dicen que no se creen esos documentos".

"Es urgente que el Estado español deje de meter a los niños en sus políticas de control de flujos migratorios, y que vele por el interés superior de los menores", añadió Reizábal.

Las organizaciones denunciantes de esta situación dicen que llevan semanas pidiendo al Gobierno que haga caso a la ONU e incluso se han reunido sin éxito con cargos del Ministerio de Asuntos Exteriores, y ahora han decidido hacer pública su denuncia, que han remitido por escrito a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

También se han dirigido a los partidos políticos para que estudien iniciativas parlamentarias que impidan que el Ejecutivo siga dando esquinazo a las demandas de la ONU.

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