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La casta no deja despenalizar las injurias a la Corona
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La casta no deja despenalizar las injurias a la Corona

miércoles 14 de marzo de 2018, 00:45h

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La casta popular, socialista y de ciudadanos tumban en el Congreso antes de que se pueda tomar en consideración la proposición de ley de ERC para despenalizar las injurias a la Corona y los ultrajes a España.

El portavoz adjunto de ERC, Gabriel Rufián, defendió su iniciativa explicando que había acudido pertrechado con un repertorio de declaraciones "injuriosas, ofensivas e impunes" de Andrea Fabra hacia los desempleados, de Pablo Casdo hacia los asesinados en cunetas, de Alberto Núñez-Feijóo y Miguel Ángel Rodríguez hacia el independentismo, "de la caverna" hacia Anna Gabriel y de policías municipales de Madrid hacia Manuela Carmena, Pablo Iglesias o él mismo.

Con esas declaraciones pretendía convencer a los diputados de que "injuriar a la patria" es pagar 1.250 millones a Florentino Pérez, perder 40.000 millones en el rescate bancario o que "ladrones y gángsters" digan en el Congreso "es el mercado, amigo", una frase de Rodrigo Rato. El ordenamiento jurídico español en ocasiones no hace Justicia sino "McCarthysmo".

Sin embargo, añadió, sus planes ante el debate cambiaron al conocer la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al que supone que ni el PP ni Ciudadanos consideran "separatista ni bolivariano", condenando a España por imponer una pena de prisión a dos personas que quemaron fotos de los Reyes en 2007. Con ese fallo en la tribuna, pidió a los partidos que acerquen a España a Estrasburgo "y la alejen de Ankara".

En nombre del PSOE, José Andrés Torres Mora subrayó que el concepto republicano de libertad no es "hacer mi capricho sin interferencia", algo más propio del neoliberalismo, sino saber que nadie puede hacerlo si perjudica a otros. Cargó además contra la referencia a Estados Unidos como ejemplo de democracia y aseguró que siente más seguro sabiendo que nadie puede llevar armas que pudiendo comprarlas a cualquier hora. Libertad no es ultrajar "cuando me venga en gana" sino saber que nadie puede ultrajar por ese mismo motivo.

"TIRANÍA DE LA MAYORÍA"

Torres Mora pidió a ERC que no confunda democracia con "la tiranía de la mayoría" como hacen en el Parlamento de Cataluña, y alertó de que ser antifascista no convierte a nadie automáticamente en demócrata, ni ser antimonárquico implica necesariamente ser republicano.

Marcelo Expósito adujo también la "contundente" sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que arroja "serias dudas" sobre un ordenamiento jurídico que impone una especie de "estado de excepción" para libertad de expresión y "deja en ridículo internacional" su aplicación a modo de "mordaza".

En nombre de Ciudadanos, José Manuel Villegas acusó a ERC de pretender legislar "en beneficio propio" porque son las Juventudes de ERC quienes queman la Constitución y la bandera de España porque "odian todo lo español". "No cuenten con nosotros para dejar desarmada a la democracia española frente a quienes quieren pisotearla", alertó.

Mikel Legarda, del PNV, precisó que esas conductas deberían estar amparadas por la libertad de expresión sin que eso signifique que las compartan, porque se puede expresar todo "de forma radical" pero sin llegar a "extremos". Su partido, explicó, considera que es más importante proteger la libertad de expresión que la dignidad del Estado o de las comunidades autónomas, y así lo consideró también cuando el 12 de octubre de 2017 manifestantes que participaban en esa festividad quemaron retratos de Juan José Ibarretxe y de Josep Lluis Carod Rovira.

Desde el Grupo Mixto, tanto Foro Asturias como UPN anunciaron su voto en contra de la iniciativa, mientras que Oskar Matute, de EH Bildu, afirmó que "no debería ser delito decir 'los españoles han echado al último Borbón, no por rey sino por ladrón', porque eso es lo que dijo Ramón María del Valle Inclán en 1931 y no fue delito".

También Marta Sorli, de Compromís, respaldó la iniciativa parafraseando al rapero Valtonyc para alertar de que algunos "son respetuosos con la Constitución pero los derechos humanos se los pasan por los cojones", una expresión que la presidenta del Congreso, Ana Pastor, pidió retirar del Diario de Sesiones.

También el PDECat respaldó la propuesta, y Joan Feliu Guillaumes se mostró convencido de que es un debate "superado" y subrayó que los electos tienen que aguantar difamaciones porque les va en el cargo mientras que el único "no electo" está protegido. "No tiene ni pies ni cabeza", aseguró.

Silvia Valmaña, del PP, acusó a ERC de plantear un "esperpento alegremente secundado" por otros grupos de la Cámara sin acompañarlo de argumentos sino de "demagogia" y con un "absoluto desprecio" a las normas jurídicas y un "enorme desconocimiento" de las sentencias y de la interpretación de las mismas.

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