El Parlamento Europeo ha emitido un informe crítico sobre el deterioro institucional en España, destacando la creciente corrupción y la falta de colaboración del Gobierno. Tras una misión realizada en febrero, se señala una disminución de la confianza en diversas instituciones y se cuestiona la independencia judicial, especialmente en relación con el Consejo General del Poder Judicial. El uso frecuente del decreto-ley por parte del Gobierno también es motivo de preocupación, ya que puede limitar el debate parlamentario. Además, los indicadores de percepción de corrupción están en su nivel más bajo desde 2012. La delegación europea advierte que estas tendencias amenazan el correcto funcionamiento institucional y erosionan la confianza ciudadana.
El Parlamento Europeo ha emitido un informe tras la reciente misión de eurodiputados centrada en el Estado de derecho en España, llevada a cabo los días 16 y 17 de febrero. Este documento señala un deterioro significativo de la confianza en diversas instituciones del Estado y advierte sobre dinámicas que podrían afectar la percepción de imparcialidad y equilibrio institucional exigida por los estándares europeos. Además, critica al Gobierno por su falta de colaboración durante la visita, ya que el presidente y varios ministros se negaron a reunirse con la delegación.
Una de las principales preocupaciones expresadas en el informe es la independencia del sistema judicial. Se destaca que el actual método de designación del Consejo General del Poder Judicial genera dudas sobre una posible influencia política. A pesar del compromiso del Gobierno para reformar este sistema conforme a los criterios europeos, no se han realizado cambios significativos. El informe advierte que la acumulación de tensiones institucionales podría erosionar la confianza pública en la Justicia.
El informe también aborda aspectos concretos como el uso frecuente del decreto-ley, que suscita inquietudes respecto a su impacto en la deliberación y los mecanismos consultivos, especialmente en reformas sensibles. La delegación menciona preocupaciones sobre el bloqueo legislativo, la falta de negociación y el creciente dominio del ejecutivo.
Además, se destaca un empeoramiento en los indicadores de percepción de corrupción, situándose “en su nivel más bajo desde 2012”. Los retrasos en causas complejas podrían afectar negativamente la credibilidad de las acciones anticorrupción. En este contexto, también se identifican preocupaciones relacionadas con el ámbito mediático, específicamente sobre la gobernanza independiente de RTVE en un entorno polarizado.
Javier Zarzalejos, presidente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo y copresidente de la misión a España, ha declarado que el informe “pone de manifiesto problemas graves y un deterioro progresivo del Estado de derecho en España que no puede ser ignorado”. Zarzalejos subraya que el Gobierno continúa incumpliendo su compromiso con respecto a las reformas necesarias para el Consejo General del Poder Judicial y denuncia un abuso sistemático del real decreto-ley que limita la deliberación parlamentaria.
Asimismo, ha instado a establecer “una estrategia legal, administrativa y política firme contra la corrupción”, advirtiendo que “cuando se normaliza o tolera la corrupción, contamina el funcionamiento del Estado de derecho y erosiona la confianza ciudadana”. Además, calificó como “hecho insólito” que altos funcionarios gubernamentales rechazaran recibir a una misión institucional del Parlamento Europeo. Esta negativa es vista como un claro síntoma del deterioro institucional actual en España.
El informe aborda el deterioro institucional en España, el aumento de la corrupción y la falta de colaboración del Gobierno con las instituciones europeas.
Se señala que el sistema actual de designación del Consejo General del Poder Judicial genera dudas sobre la influencia política, y que no se han realizado reformas acordadas para cumplir con los criterios europeos.
El uso recurrente del decreto-ley puede limitar la deliberación parlamentaria y debilitar los mecanismos consultivos, especialmente en reformas sensibles políticamente.
Los indicadores de percepción de corrupción han empeorado, alcanzando su nivel más bajo desde 2012, lo que afecta la credibilidad de las acciones anticorrupción.
Se recomienda establecer una estrategia firme contra la corrupción y reformar el sistema electoral del Consejo General del Poder Judicial para restaurar la confianza pública en las instituciones.
Se reprocha al Gobierno su falta de disposición para reunirse con la delegación del Parlamento Europeo durante su visita a España, lo cual se considera un síntoma del deterioro institucional.