El Partido Popular ha denunciado en el Senado que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha impuesto la compra de la baliza V16, un dispositivo cuya legalidad y eficacia son cuestionadas. La senadora María Jesús Bonilla criticó la falta de notificación a Europa y los problemas de homologación del dispositivo, que ha generado dudas sobre su utilidad y transparencia en los contratos. Además, alertó sobre el impacto económico para los ciudadanos, estimando un costo total de más de 1.500 millones de euros. Bonilla exigió al ministro informes técnicos independientes y cuestionó la desigualdad que enfrenta el conductor español frente a vehículos matriculados en otros países.
En el Pleno del Senado, durante una interpelación al ministro del Interior sobre la baliza V16, la senadora del Grupo Parlamentario Popular (GPP), María Jesús Bonilla, ha denunciado que el ministro Fernando Grande-Marlaska ha obligado a millones de españoles a adquirir un dispositivo cuya legalidad es cuestionada y cuya eficacia no ha sido probada. Según Bonilla, esta medida fue impuesta sin notificación previa a Europa y presenta problemas en las homologaciones, además de generar dudas sobre los contratos con empresas afines.
La senadora cuestionó al ministro sobre los fundamentos que justifican la obligatoriedad de contar con la baliza V16. En su intervención, enfatizó que “los ciudadanos no merecen ser engañados ni sufrir negligencias en la gestión de sus intereses y su seguridad”. También subrayó que no deberían cargar con más costes económicos ni enfrentar desigualdades frente a otros ciudadanos europeos.
Bonilla se dirigió directamente a Marlaska, instándole a renunciar a su cargo: “No puede seguir ni un minuto más al frente de su responsabilidad. Con España y con los españoles no se juega, ni se experimenta, ni se comercia”. La senadora también hizo hincapié en que expertos, incluida la propia Guardia Civil (AUGC), han puesto en duda la eficacia técnica del dispositivo. “¿Dónde están los informes técnicos independientes que avalen esta medida? ¿Por qué no los publica?”, exigió.
Además, destacó que la Dirección General de Tráfico (DGT) ha tenido que retirar la homologación de varias balizas V16 por incumplimientos técnicos. “Miles de ciudadanos compraron dispositivos que usted mismo declaró válidos y que hoy no son válidos. ¿Les va a devolver su dinero?”, preguntó Bonilla al ministro.
La senadora también alertó sobre el impacto económico de la V16, señalando que costará a los españoles más de 1.500 millones de euros, mientras Hacienda ingresará 300 millones solo en concepto de IVA. “¿Esto es seguridad vial o es recaudación?”, cuestionó.
Bonilla advirtió sobre la desigualdad que enfrenta el conductor español, ya que los vehículos matriculados en otros países pueden seguir utilizando triángulos de emergencia sin ser sancionados. “Solo el conductor español paga, solo el conductor español es sancionado”, recalcó.
La senadora recordó que la Comisión Europea ha confirmado que España no siguió el procedimiento obligatorio de notificación antes de imponer la baliza conectada. Criticó duramente al ministro por haber impuesto una norma sin avisar a Bruselas y por no respetar el mercado interior ni ofrecer claridad en sus justificaciones.
Tras escuchar la respuesta del ministro, Bonilla denunció que este “no ha aportado ni identificado informes” y no ha resuelto ninguna duda acerca de las homologaciones. Además, presentó datos alarmantes: durante la primera operación salida con la baliza V16 se registró el mayor número de muertes por atropello en una década. “El balance no es positivo”, concluyó, advirtiendo que ahora se encargan informes para evaluar si realmente funciona el dispositivo: “Con la vida de los españoles no se experimenta”.
| Descripción | Cifra |
|---|---|
| Costo estimado de la baliza V16 para los españoles | Más de 1.500 millones de euros |
| Ingreso estimado por IVA a Hacienda | 300 millones de euros |
| Muertos por atropello en la primera operación salida con la baliza V16 | Más alto en 10 años (número específico no proporcionado) |
El Partido Popular, a través de la senadora María Jesús Bonilla, denuncia que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha obligado a millones de españoles a comprar un dispositivo (baliza V16) que tiene "legalidad cuestionada, eficacia sin probar y problemas en las homologaciones".
Se mencionan problemas como la falta de notificación a Europa antes de imponer su obligatoriedad, dudas sobre los contratos con empresas afines y la retirada de homologaciones por incumplimientos técnicos.
Se estima que la baliza costará más de 1.500 millones de euros a los españoles, generando ingresos significativos en IVA para Hacienda.
Los conductores españoles están obligados a usar la baliza V16, mientras que los vehículos matriculados en otros países pueden seguir utilizando triángulos de emergencia, lo que crea una desigualdad entre conductores.
La Comisión Europea confirmó que España no siguió el procedimiento obligatorio de notificación antes de imponer la baliza conectada.
Se reporta que la primera operación salida con la baliza V16 resultó en la cifra más alta de muertos por atropello en los últimos 10 años, lo cual es considerado un balance negativo.