El Partido Popular ha denunciado en el Parlamento Europeo la propuesta del presidente Pedro Sánchez de una regularización masiva de inmigrantes irregulares, advirtiendo sobre sus graves consecuencias para la Unión Europea. La eurodiputada Dolors Montserrat criticó que esta medida se imponga "a ciegas" y sin verificar antecedentes, lo que podría generar un efecto llamada y potenciar las mafias de trata de personas. Además, alertó sobre el impacto en el espacio Schengen y la polarización política que esta decisión podría acarrear. Los eurodiputados del PP abogan por una política migratoria basada en la legalidad y el respeto a los derechos de quienes cumplen las normas.
Debate en pleno en Estrasburgo
El Partido Popular ha alzado la voz en el Parlamento Europeo, denunciando los peligros de la propuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para una regularización masiva de inmigrantes irregulares. Según el partido, esta medida podría acarrear graves consecuencias para los países de la Unión Europea, además de fomentar un efecto llamada y potenciar las mafias dedicadas a la trata de personas.
La vicepresidenta del Grupo PPE y secretaria general del Partido Popular Europeo, Dolors Montserrat, enfatizó que la regularización que pretende imponer Sánchez se está llevando a cabo “a ciegas”, sin verificar antecedentes penales ni policiales. Montserrat criticó que esta iniciativa se realice “por decreto” y sin el debido debate en el Parlamento nacional, calificándola como un “atentado contra la política migratoria europea”. Enumeró sus efectos negativos: “Sabotea el Pacto de Migración y Asilo, abre una brecha de seguridad en Schengen, alimenta a las mafias y dispara el efecto llamada”.
Montserrat advirtió sobre las repercusiones que esta decisión unilateral tendría para los 27 Estados miembros de la UE. Aseguró que no solo no mejora la vida de nadie, sino que también alimenta la economía sumergida, incrementa la presión sobre los servicios públicos y genera frustración social. “Esto rompe la convivencia en barrios enteros”, subrayó.
La eurodiputada cuestionó directamente al comisario europeo sobre si son conscientes de que “en 48 horas esos inmigrantes circularán libremente por Schengen”. Recordó que otros países mediterráneos como Grecia e Italia han logrado reducir significativamente la entrada de inmigrantes irregulares en menos de dos años.
Zarzalejos, eurodiputado del Partido Popular y presidente de la comisión de Libertades, también expresó su preocupación por la confusión generada entre los socios europeos debido a la polarización provocada por el Gobierno español. Criticó que mientras algunos abogan por regularizar a 600.000 inmigrantes, otros piden su expulsión.
Zarzalejos dejó claro que su grupo no apoyará este enfoque. Defendió una política migratoria fundamentada en criterios legales y realistas: “Vamos a seguir liderando políticas firmes y efectivas para regularizar la inmigración conforme a la ley”. Afirmó que lo propuesto no amplía la legalidad, sino que vulnera las normas existentes.
Cuestionó además el concepto de arraigo utilizado en esta iniciativa al señalar que “cinco meses de estancia no generan arraigo” y advirtió sobre los riesgos de relajar los requisitos legales. Rechazó cualquier acción unilateral con impacto europeo: “No se pueden tomar decisiones masivas sin consultar a nuestros socios europeos”.
Por su parte, Juan Ignacio Zoido, eurodiputado del Partido Popular y exministro, criticó lo que consideró otra cortina de humo del Gobierno. Señaló que el plan apenas exige cinco meses de permanencia en España para considerar a alguien como arraigado e integrable. Además, denunció que basta con una simple ‘declaración responsable’ para determinar si alguien representa un riesgo para la seguridad.
Zoido recordó que esta regularización se aprobará sin pasar por el Congreso de los Diputados, limitando así el papel democrático. Citando a San Vicente de Paúl, enfatizó: “no basta con hacer el bien; hay que hacerlo bien”. Alertó sobre cómo esta iniciativa puede enviar un mensaje equivocado respecto al cumplimiento de las leyes españolas y europeas.
Concluyó defendiendo un modelo opuesto al actual: “Desde el Partido Popular abogamos por una política migratoria legal y ordenada; que respete el Estado de Derecho y nuestras obligaciones con Europa”.
El Partido Popular denuncia que la regularización masiva propuesta por el presidente Pedro Sánchez se hace "a ciegas y por decreto", sin verificar antecedentes penales y policiales, lo que podría tener graves consecuencias para la Unión Europea.
El PP advierte que esta medida puede sabotar el Pacto de Migración y Asilo, abrir brechas de seguridad en Schengen, alimentar a las mafias de trata de personas y generar un efecto llamada que aumente la presión sobre los servicios públicos.
El Partido Popular aboga por una política migratoria basada en la legalidad, con criterios realistas y objetivos, asegurando que cualquier regularización debe ser caso por caso, vinculada al empleo y con garantías adecuadas.
Critica que la regularización se aprueba sin pasar por el Congreso de los Diputados, lo que priva a los representantes democráticos de su capacidad de decidir sobre este tema importante.
Los críticos del PP argumentan que esta iniciativa envía un mensaje erróneo al sugerir que saltarse las leyes españolas y europeas es aceptable, lo cual podría fomentar aún más la inmigración irregular y el tráfico de personas.