Lourdes Ramírez, diputada del GPP, critica al Gobierno por su falta de escucha en la legislación sobre adicciones, afirmando que se legisla desde el titular sin considerar la experiencia de quienes trabajan en el campo. En una reciente intervención en la Comisión Mixta para el Estudio de los Problemas de las Adicciones, Ramírez exigió que cualquier cambio normativo cuente con el consenso de las asociaciones. Denunció que el plazo mínimo de seis meses en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego es insuficiente y propuso extenderlo a un año para alinearlo con criterios clínicos. Además, destacó que mientras se anuncian planes, las familias y asociaciones siguen esperando respuestas del Estado.
En la Comisión Mixta para el Estudio de los Problemas de las Adicciones
La diputada del Grupo Parlamentario Popular (GPP), Lourdes Ramírez, ha denunciado que el Gobierno “legisla desde el titular y el anuncio”, ignorando el conocimiento experto y la experiencia de quienes trabajan directamente en el campo. Ramírez subraya la necesidad de que cualquier cambio normativo relacionado con las adicciones se realice con el consenso de las asociaciones afectadas.
Entre sus críticas, destaca que los seis meses establecidos como plazo mínimo en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego no se alinean con los tiempos reales de recuperación, lo que podría llevar a una salida prematura del sistema y, por ende, a recaídas. “Es fundamental evitar que la recuperación se vea comprometida por decisiones administrativas tomadas demasiado pronto”, afirma.
Ramírez ha solicitado que se amplíe el plazo mínimo de autoprohibición a un año, una medida que considera “coherente con los criterios clínicos y las recomendaciones reiteradas por las asociaciones”. Esta ampliación, según ella, sería un paso necesario hacia una mejor gestión de las adicciones.
Además, critica la situación actual en la que, mientras el Gobierno promulga planes y estrategias, las familias continúan esperando respuestas concretas. Las asociaciones están asumiendo responsabilidades que deberían ser garantizadas por el Estado, lo que agrava aún más la problemática.
La diputada también ha enfatizado que la adicción al juego es reconocida como una enfermedad con graves repercusiones personales, familiares y sociales. “Estamos hablando de jóvenes que caen demasiado pronto, adultos que enfrentan recaídas constantes y familias enteras que sufren en silencio mientras el Estado llega tarde o no interviene”, concluye Ramírez.
Lourdes Ramírez, diputada del GPP, denuncia que el Gobierno legisla "desde el titular y el anuncio", sin considerar el conocimiento experto ni la experiencia de quienes trabajan en el terreno.
Ramírez critica que los seis meses de plazo mínimo no se corresponden con los tiempos reales de recuperación y propone ampliar este plazo a un año, alineándolo con criterios clínicos y recomendaciones de asociaciones.
La diputada afirma que la adicción al juego es una enfermedad reconocida que tiene graves consecuencias personales, familiares y sociales, afectando a jóvenes y adultos, y causando la ruptura de familias enteras.
Critica que mientras el Gobierno anuncia planes y estrategias, las familias siguen esperando respuestas y las asociaciones tienen que cubrir con recursos propios lo que debería garantizar el Estado.