Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda y Agenda Urbana, enfatiza la importancia de contar con datos fiables en el ámbito de la vivienda para asegurar la efectividad de las políticas públicas. Durante su intervención en el Consejo Económico y Social, subrayó que sin mediciones precisas no se pueden evaluar ni corregir problemas en este sector. Rodríguez destacó que España ha enfrentado crisis habitacionales recurrentes debido a la falta de desarrollo del derecho constitucional a la vivienda. Desde 2018, el Gobierno ha movilizado un presupuesto récord y aprobado la primera Ley de Vivienda de la democracia, marcando un cambio hacia una gestión pública que garantice este derecho fundamental. Además, solicitó un informe al CES para analizar el impacto económico y social de las políticas de vivienda, abogando por un enfoque riguroso y consensuado en el debate público sobre esta problemática.
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha enfatizado la necesidad de contar con datos fiables en el ámbito de la vivienda para asegurar la efectividad de las políticas públicas. Durante su intervención en el Pleno del Consejo Económico y Social (CES), Rodríguez afirmó que "no se puede gobernar lo que no se mide; no se puede evaluar lo que no se registra; no se puede corregir lo que no se conoce".
Rodríguez destacó que España ha enfrentado crisis recurrentes en el sector de la vivienda debido a que, a diferencia de otros derechos sociales, el derecho constitucional a la vivienda no ha sido desarrollado ni atendido con la continuidad necesaria. La ministra expresó su confianza en que, si se establecen objetivos claros y se unen esfuerzos, será posible garantizar el acceso a una vivienda digna y adecuada para todos.
El Gobierno, según Rodríguez, está comprometido en resolver este problema tanto en el presente como en el futuro. Desde 2018, bajo la presidencia de Pedro Sánchez, se han movilizado presupuestos récord y se aprobó la primera Ley de Vivienda de la democracia, poniendo fin a 45 años sin desarrollar el artículo 47 de la Constitución Española.
La creación del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana hace dos años ha permitido desplegar toda la regulación necesaria y activar recursos estatales en favor del derecho a la vivienda. Rodríguez subrayó un cambio fundamental: "Defender que los derechos se garantizan desde lo público". Aseguró que no se puede depender exclusivamente del crédito privado o las iniciativas de promotores para cumplir con estos derechos.
En su búsqueda por mayor transparencia en el sector, el Ministerio ha solicitado al CES un informe monográfico sobre política de vivienda y su impacto económico y social. Este informe debe ser "analítico, estructural y propositivo", según indicó Rodríguez.
La ministra justificó esta solicitud argumentando que "la vivienda exige algo que hoy escasea en el debate público: análisis riguroso, deliberación serena y conclusiones capaces de concitar acuerdos".
Isabel Rodríguez subraya que los datos fiables son esenciales para garantizar el éxito de las políticas públicas relacionadas con la vivienda, afirmando que "no se puede gobernar lo que no se mide".
La ministra ha indicado que España ha enfrentado crisis recurrentes de vivienda y que el derecho constitucional a la vivienda no ha sido desarrollado adecuadamente hasta ahora.
Desde 2018, se han movilizado presupuestos récord y se aprobó la primera Ley de Vivienda de la democracia, lo que permite un enfoque más estructurado y público en la garantía del derecho a la vivienda.
El Ministerio ha solicitado un informe monográfico sobre la política de vivienda y su impacto económico y social, buscando análisis riguroso y deliberación serena para aportar soluciones efectivas.