El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, defendió la Agenda 2030 durante el acto conmemorativo del Día Internacional por los Derechos Humanos. En su intervención, destacó la importancia de este marco global para avanzar hacia sociedades más justas y sostenibles. Bustinduy subrayó la necesidad de mantener compromisos en políticas sociales, especialmente en un contexto internacional desafiante. Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, también participó en el evento, abordando la vulneración de derechos humanos a nivel global y la lucha por más democracia e igualdad. El acto incluyó mesas redondas sobre políticas públicas en derechos sociales y el papel de la sociedad civil en la promoción de derechos humanos.
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, participó en el acto titulado «Un horizonte de protección: Políticas con Derechos Humanos», que conmemora el Día Internacional por los Derechos Humanos, celebrado el 10 de diciembre. La inauguración del evento estuvo a cargo de Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, quien estuvo acompañada por destacados representantes del ámbito de los derechos humanos, como Marcella Favretto, oficial de derechos humanos en Naciones Unidas.
Durante su intervención, Bustinduy enfatizó el amplio consenso que permitió la creación de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, considerándolos como «un primer paso» hacia un nuevo consenso social en materia de derechos humanos y sociales. «Todos y todas podíamos estar de acuerdo entonces en que ese era un futuro deseable para cualquier país en cualquier región del mundo», afirmó.
El ministro reafirmó su apoyo a la Agenda 2030 como una herramienta global esencial para construir sociedades más justas y sostenibles. «Nuestro compromiso es seguir empujando este proyecto, cuyo objetivo no es otro que avanzar hacia un mundo mejor», destacó. En el contexto internacional actual, Bustinduy subrayó la importancia de mantener compromisos que promuevan políticas sociales: «Las fuerzas progresistas debemos apoyar nítidamente los proyectos de colaboración y cooperación por la paz y el desarrollo en todo el mundo. Hay que seguir avanzando con más determinación que nunca. No vamos a ceder ni un milímetro en la defensa de aquello que es justo», concluyó.
Por su parte, Yolanda Díaz abordó las circunstancias internacionales actuales, señalando cómo «el cartel de unos pocos gobernantes y megarricos están imponiendo su poder al mundo». En este sentido, mencionó a Gaza como un claro ejemplo de violaciones a los derechos humanos: «Hemos pasado de una economía de la ocupación a una economía del genocidio. Es el mundo que estamos viviendo. Está siendo retransmitido en directo», expresó. Además, Díaz criticó a quienes se oponen a la Agenda 2030, afirmando que esto representa una clara declaración de intenciones sobre su postura respecto a los derechos humanos.
Durante el evento se llevaron a cabo dos mesas redondas enfocadas en cómo la protección y el bienestar social requieren políticas públicas efectivas en áreas relacionadas con los derechos sociales, laborales y económicos. También se resaltó el papel fundamental de la sociedad civil en la promoción de un horizonte universal para los Derechos Humanos, especialmente en temas como construcción de paz, vivienda, antirracismo, feminismo y denuncia de dinámicas que vulneran derechos fundamentales en contextos críticos como el palestino.
Pablo Bustinduy es el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 en España.
El evento se titula «Un horizonte de protección: Políticas con Derechos Humanos» y se celebra el 10 de diciembre.
La Agenda 2030 es considerada una herramienta global para asegurar sociedades más justas y sostenibles, promoviendo un futuro deseable para cualquier país en cualquier región del mundo.
Yolanda Díaz ha mencionado que hay un poder desproporcionado de unos pocos gobernantes y megarricos que están imponiendo su voluntad al mundo, citando a Gaza como un ejemplo de vulneración de derechos humanos.
Las mesas redondas han analizado cómo la protección y el bienestar social requieren políticas públicas en materia de derechos sociales, laborales y económicos, así como el papel de la sociedad civil en la promoción de un horizonte universal de Derechos Humanos.