El Grupo Parlamentario Popular (GPP) ha denunciado la "corrupción institucional" del Gobierno de Sánchez y de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, por bloquear 36 leyes aprobadas en el Senado. Durante un debate en el que se promueve un conflicto de atribuciones entre el Senado y el Congreso, los representantes del PP argumentan que esta situación pone en peligro el Estado de derecho y limita la potestad legislativa del Senado. Acusan al Gobierno de utilizar tácticas para paralizar estas leyes, lo que afecta a millones de españoles que esperan medidas en diversas áreas. La denuncia resalta la necesidad de restaurar el equilibrio institucional y defender las competencias del Senado frente a lo que consideran un abuso procedimental por parte de la Mesa del Congreso.
El Grupo Parlamentario Popular (GPP) ha denunciado lo que considera “corrupción política e institucional” por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y los miembros de la Mesa del Congreso. Esta denuncia se centra en el bloqueo de 36 leyes que han sido aprobadas en el Senado y que, según el GPP, beneficiarían a millones de ciudadanos.
En un debate sobre el noveno conflicto de atribuciones que el PP ha llevado al Pleno de la Cámara, el portavoz adjunto del GPP, Antonio Silván, y el senador José Alberto Armijo, han expresado su preocupación por la situación actual. La intención del grupo es lograr una rectificación de la Mesa del Congreso para que se terminen los plazos de enmiendas y se inicien los trabajos en las comisiones correspondientes.
Durante su intervención, Silván advirtió que “está en juego el propio Estado de derecho”, señalando que el Senado posee una potestad legislativa reconocida por la Constitución. Sin embargo, esta potestad estaría amenazada por decisiones deliberadas tomadas por quienes controlan la Mesa del Congreso.
El senador también criticó directamente al presidente Sánchez y al ministro de Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, acusándolos de estar anulando por primera vez en 47 años de democracia la capacidad legislativa del Senado. Según él, esto representa un grave atentado contra la democracia.
Silván responsabiliza a la Mesa del Congreso, dominada por el PSOE y sus aliados, de paralizar las leyes debatidas y votadas en el Senado. Acusa a esta instancia de utilizar los plazos de enmiendas como una “trampa parlamentaria” para prolongar sin justificación el debate sobre las leyes aprobadas en la Cámara Alta.
El portavoz adjunto enfatizó que este tipo de acciones constituyen “filibusterismo institucional” y un bloqueo político que desvia el poder. Además, subrayó que la Constitución establece claramente que las proposiciones de ley del Senado deben ser tramitadas en el Congreso.
Silván concluyó su intervención afirmando que este uso indebido de las instituciones afecta gravemente a la salud democrática del país. Aseguró que cuando el Congreso bloquea al Senado, se están perjudicando a familias que esperan medidas necesarias, así como a víctimas del terrorismo y otros grupos vulnerables.
Críticas a Francina Armengol
Por su parte, José Alberto Armijo centró sus críticas en Francina Armengol, a quien calificó como “comisaria política” de Sánchez. El senador argumentó que su conducta es antidemocrática y constituye un fraude constitucional al utilizar perversamente el Reglamento del Congreso contra las iniciativas senatorial.
Armijo denunció que esta estrategia busca destruir el equilibrio institucional y mantener bloqueadas hasta 36 leyes aprobadas en el Senado. Reivindicó así el papel fundamental del Senado dentro de las Cortes Generales, destacando cómo este ha sido deliberadamente anulado por la Mesa del Congreso.
A juicio de Armijo, este veto encubierto refleja un Gobierno preocupado por mantener control político y evitar que los ciudadanos conozcan otras formas legítimas y transparentes de legislar. El objetivo del noveno conflicto promovido por su grupo es restaurar el orden constitucional y defender las competencias del Senado ante lo que consideran abusos procedimentales.
Finalmente, reiteró que no permitirán que se bloquee injustamente la tramitación legítima de leyes en beneficio de los ciudadanos. Según él, utilizar el Reglamento para anular iniciativas senatorial es un ataque directo al Estado de derecho.
El GPP denuncia la "corrupción política e institucional" del Gobierno de Sánchez, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y los miembros de la Mesa por bloquear 36 leyes aprobadas en el Senado que beneficiarían a millones de españoles.
El GPP promueve un conflicto de atribuciones entre el Senado y el Congreso, y ante el Tribunal Constitucional, buscando una rectificación de la Mesa del Congreso para que se inicien los trabajos en las comisiones correspondientes.
Acusan a la Mesa de paralizar hasta 36 leyes y utilizar el plazo de enmiendas como una "trampa parlamentaria" para prorrogar sin justificación que estas leyes se debatan en la Cámara Baja.
Antonio Silván describe la situación como un atentado contra el Estado de derecho, indicando que hay un "muro" entre las Cámaras y que se está silenciando al Senado para evitar crítica y debate.
Silván menciona que este bloqueo afecta a diversas áreas, incluyendo medidas de conciliación, justicia para víctimas del terrorismo, apoyo a autónomos y agricultores, y derechos para personas con discapacidad.
Armijo tilda a Armengol de "comisaria política" de Sánchez por su conducta antidemocrática y acusa al Gobierno de utilizar perversamente el Reglamento del Congreso para impedir la tramitación de iniciativas del Senado.