El Gobierno de España ha aprobado destinar 500 millones de euros para mejorar la eficiencia energética en la industria y los servicios. De esta cantidad, 300 millones se asignarán a acciones de ahorro y eficiencia en el sector industrial, mientras que 200 millones estarán destinados a la rehabilitación energética de edificios en el sector terciario. Las comunidades autónomas serán responsables de gestionar estos fondos, que se distribuirán según lo decidido en la Conferencia Sectorial de Energía. Los programas buscan cumplir con los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2023-2030 y contribuir a un ahorro energético significativo en ambos sectores.
El Consejo de Ministros ha aprobado, a instancias del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), un plan que destina 500 millones de euros a mejorar la eficiencia energética en los sectores industrial y terciario. De esta suma, 300 millones se asignarán a iniciativas de eficiencia y ahorro en la industria, mientras que los restantes 200 millones estarán destinados a la rehabilitación de edificios en el sector servicios.
La gestión de estos fondos recaerá en las comunidades autónomas, que serán responsables de establecer las convocatorias correspondientes. El reparto específico de los recursos se definirá durante la Conferencia Sectorial de Energía.
Los acuerdos del Consejo establecen las tipologías de actuación y los tipos de industrias e instalaciones que pueden beneficiarse. Las comunidades autónomas tendrán la opción de seleccionar una o varias modalidades, así como determinar la intensidad de las ayudas y si estas se otorgarán mediante concesión directa o concurrencia competitiva.
En particular, el programa dirigido a pequeñas y medianas empresas (pymes) y grandes industrias contempla inversiones en tecnología para equipos y procesos industriales con el objetivo de lograr ahorros superiores al 10%. Además, se fomentará la implantación de sistemas de gestión energética.
El Programa de Rehabilitación Energética en el Sector Terciario (PREE terciario) abarcará diversas tipologías como centros administrativos, sanitarios, comerciales, educativos y culturales. Para ser elegibles, las actuaciones deberán demostrar un ahorro energético mínimo del 20%. Las intervenciones se centrarán en mejorar la envolvente térmica de los edificios, optimizar el uso de energías renovables en sistemas térmicos y aumentar la eficiencia energética en iluminación y control automatizado.
Entre los beneficiarios se incluyen tanto personas físicas que realicen actividades económicas como entidades jurídicas propietarias o gestoras de edificios. Esto abarca desde agrupaciones de propietarios hasta empresas dedicadas a servicios energéticos y cooperativas.
Todas las ayudas se otorgarán a fondo perdido, una vez que los destinatarios hayan justificado adecuadamente el cumplimiento de los requisitos establecidos por las comunidades autónomas. A diferencia del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), donde las ayudas eran territorializadas, aquí será el Estado quien apruebe los fondos y defina las líneas generales para su utilización.
El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) supervisará el presupuesto destinado a estos programas, asegurando una adecuada coordinación y seguimiento tanto presupuestario como en términos de resultados energéticos. Las comunidades autónomas serán responsables del proceso evaluativo y verificativo.
Estos programas están alineados con los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2023-2030, contribuyendo al ahorro energético estipulado por la Directiva (UE) 2023/1791. En conjunto, estos sectores representan aproximadamente el 25%% del consumo final energético en la industria y un 13%% en el sector terciario.
Dado que los edificios existentes son responsables del 30%% del consumo final energético, priorizar su rehabilitación es esencial. Este ámbito representa un 18%% del esfuerzo necesario para alcanzar los objetivos europeos hasta 2030.
A modo de referencia, programas previos como el Real Decreto 263/2019 han demostrado ser efectivos; este decreto distribuyó 652 millones entre comunidades autónomas para llevar a cabo más de 2.600 proyectos enfocados en el ahorro energético industrial.
El Gobierno destina un total de 500 millones de euros, de los cuales 300 millones son para el sector industrial y 200 millones para la rehabilitación de edificios en el sector terciario.
Las comunidades autónomas serán responsables de gestionar los fondos, y el reparto se aprobará en la Conferencia Sectorial de Energía.
Se financiarán actuaciones que mejoren la tecnología en equipos y procesos industriales, con ahorros superiores al 10%, así como la implantación de sistemas de gestión energética.
Las actuaciones deberán acreditar un ahorro de energía del 20% y centrarse en la mejora de la envolvente térmica y la eficiencia energética en instalaciones térmicas e iluminación.
Los destinatarios incluyen personas físicas que realicen actividades económicas, propietarios de edificios, comunidades de propietarios, empresas explotadoras, entre otros.
Las ayudas se otorgarán a fondo perdido y se entregarán una vez que el destinatario haya justificado el cumplimiento de la actuación subvencionable.
Contribuirán a alcanzar los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2023-2030 y al ahorro energético establecido en la Directiva (UE) 2023/1791.