El Ministerio de Derechos Sociales y Consumo ha logrado que Airbnb bloquee más de 65,000 anuncios ilegales de pisos turísticos tras una resolución judicial favorable. La Justicia ha respaldado la acción del ministerio, que había solicitado la eliminación de 5,800 anuncios incumplidores de la normativa vigente. Las razones incluyen la falta de número de licencia, la omisión sobre la naturaleza jurídica de los arrendadores y el uso incorrecto de números de licencia. Esta medida busca regular el sector turístico y proteger los derechos de los consumidores en varias comunidades autónomas.
La reciente decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha respaldado las acciones del Ministerio de Derechos Sociales y Consumo, liderado por Pablo Bustinduy, en su lucha contra la proliferación de anuncios ilegales en plataformas como Airbnb. La resolución judicial ordena a la multinacional eliminar una primera tanda de 5.800 anuncios que infringen la legislación vigente.
En un contexto más amplio, el Ministerio ha emitido tres resoluciones en los últimos meses, exigiendo el retiro de un total de 65.935 anuncios de viviendas turísticas que no cumplen con las normativas establecidas. Esta acción se considera fundamental para garantizar la legalidad en la publicidad de alojamientos turísticos en diversas comunidades autónomas.
Airbnb, ante esta situación, decidió recurrir a los tribunales para impugnar las resoluciones del Ministerio. Sin embargo, el auto del Tribunal Superior de Justicia ha dado la razón al organismo gubernamental, indicando que los anuncios cuestionados son ilegales por varias razones clave:
Los anuncios afectados abarcan comunidades como Andalucía, Comunidad de Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Islas Baleares y Euskadi. Estas irregularidades han llevado al ministro Bustinduy a reafirmar su compromiso con la regulación del sector turístico.
Bustinduy ha manifestado su intención de colaborar estrechamente con otras administraciones públicas para poner fin al descontrol en el ámbito turístico y proteger los derechos de los consumidores. Desde el Ministerio se están desarrollando diversas iniciativas complementarias para abordar esta problemática.
A modo de referencia, cabe destacar que la Dirección General de Consumo ya había abierto un expediente sancionador en diciembre de 2024 contra una plataforma por posibles incumplimientos relacionados con la publicidad del número de licencia. Además, en febrero se iniciaron expedientes similares contra grandes gestoras por no informar adecuadamente sobre la naturaleza jurídica del arrendador.
El pasado 27 de marzo también se abrió un expediente sancionador a una gran inmobiliaria, evidenciando así un enfoque integral hacia la regulación del sector y la defensa del consumidor.
| Cifra | Descripción |
|---|---|
| 65,935 | Total de anuncios ilegales de viviendas turísticas detectados |
| 5,800 | Anuncios que deben ser retirados de manera inmediata según la primera resolución |
| 3 | Número de resoluciones enviadas a Airbnb por el Ministerio en los últimos meses |
| 6 | Número de comunidades autónomas donde se han detectado los anuncios ilegales (Andalucía, Comunidad de Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Islas Baleares y Euskadi) |
El Ministerio ha impuesto a Airbnb el bloqueo de más de 65.000 anuncios ilegales de viviendas turísticas en su plataforma, instando a la compañía a eliminar un total de 65.935 anuncios que incumplen la normativa.
Se han identificado inicialmente 5.800 anuncios que deben ser retirados de manera inmediata, según un auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Las razones incluyen: la falta del número de licencia o registro en los anuncios, la ausencia de información sobre la naturaleza jurídica de los arrendadores, y el uso de números de licencia incorrectos que pueden inducir a error a los consumidores.
Los anuncios afectan a las comunidades autónomas de Andalucía, Comunidad de Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Islas Baleares y Euskadi.
El objetivo del Ministerio es colaborar con las administraciones públicas para acabar con el descontrol y la ilegalidad en alojamientos turísticos, así como favorecer el acceso a la vivienda y proteger los derechos de los consumidores.