La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular (GPP), Ana Alós, ha denunciado que el Gobierno ha tardado “26 días en reaccionar” ante una crisis que, según ella, fue gestionada con “una combinación letal de negligencia, incompetencia e improvisación”. Alós exige respuestas sobre las acciones llevadas a cabo por el Ministerio de Juventud e Infancia durante este período crítico.
Alós recrimina al Ejecutivo por no haber cumplido su promesa de devolver a Marruecos a todas las personas que ingresaron de manera irregular. Un mes después, sostiene que “no se ha hecho nada” para cumplir con este compromiso.
Crisis de seguridad y colapso en Ceuta
La portavoz subraya que lo sucedido el 30 de julio no debe considerarse un simple episodio migratorio, sino un “ataque a la soberanía nacional y una crisis de seguridad”. Esta situación había sido anticipada por los servicios de inteligencia, pero el Gobierno optó por ignorar las advertencias.
En su intervención, Alós destacó que Ceuta enfrenta un estado de “colapso”, con el Poder Judicial demandando más recursos, Extranjería operando con personal insuficiente y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad desbordados. Además, criticó que las Fuerzas Armadas se encuentren en una posición donde “no pueden actuar ni defenderse”.
Competencias del Estado y protección de menores
La portavoz también cuestionó cómo el Gobierno ha transformado “las competencias exclusivas del Estado en materia migratoria y de seguridad nacional en una carga estructural para las comunidades autónomas”, comenzando por Ceuta. Pidió explicaciones sobre cuántos menores permanecen actualmente en la ciudad y denunció las inconsistencias en las cifras proporcionadas por el Gobierno, especialmente tras declaraciones recientes del presidente Pedro Sánchez.
Alós enfatizó que el Ejecutivo no ha tomado medidas para garantizar “el único camino que realmente protege a estos menores”, refiriéndose a la reunificación familiar o la integración en los sistemas de protección marroquíes. Recordó que la Ley de Extranjería permite explícitamente la repatriación de menores extranjeros no acompañados y que existe un acuerdo bilateral entre España y Marruecos que obliga a ambos países a colaborar en su identificación y retorno.
Obligaciones compartidas y voluntad política
Asimismo, afirmó que Marruecos tiene la responsabilidad de establecer un sistema adecuado para la protección de menores. “No solo se trata del derecho de los menores; también hay una obligación de protegerlos frente a su instrumentalización”, añadió Alós. El acuerdo entre ambos países incluye cláusulas para prevenir el uso de menores como medio para facilitar entradas irregulares.
Finalmente, Alós sostuvo que no existen obstáculos legales insalvables para activar los expedientes individuales requeridos por la ley. Reclamó que los retornos se realicen con procedimientos adecuados y garantías necesarias: “uno a uno, pero todos”. Destacó también que la sentencia sobre devoluciones emitida en 2021 no considera ilegal repatriar menores a Marruecos; más bien, califica como ilegales aquellas devoluciones realizadas sin seguir los procedimientos adecuados.
Preguntas sobre la noticia
¿Qué acusa Ana Alós al Gobierno en relación a la crisis de Ceuta?
Ana Alós, portavoz adjunta del GPP, acusa al Gobierno de haber tardado 26 días en reaccionar ante la crisis en Ceuta, gestionándola con "negligencia, incompetencia e improvisación".
¿Qué reclama Ana Alós respecto a los menores en Ceuta?
Exige que se activen las devoluciones de los menores con todas las garantías y que se explique cuántos menores permanecen actualmente en Ceuta.
¿Cómo describe Ana Alós la situación actual en Ceuta?
Señala que Ceuta está "colapsada", con el Poder Judicial reclamando esfuerzos y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad desbordados.
¿Qué propone Ana Alós para la protección de los menores?
Considera que el único camino que protege a los menores es su reunificación con sus familias o su puesta a disposición de las autoridades marroquíes.
¿Qué dice Ana Alós sobre la legalidad de las devoluciones de menores a Marruecos?
Asegura que no hay obstáculos legales insalvables para activar los expedientes individuales necesarios para las devoluciones y critica la falta de voluntad política del Gobierno.
Si (
No(
