Méndez de Vigo afirmó que “no hay ningún euro de la información contable que tiene el Gobierno que se haya dedicado al referéndum ilegal” del pasado 1 de octubre, respaldando así a Montoro.
El juez Llarena dicta una providencia por la que requiere a Montoro que le informe “a la mayor brevedad posible” sobre el “soporte objetivo concreto” de la ausencia de gasto público en la organización del referéndum ilegal del 1-O en Cataluña.
El Ministerio que lidera Montoro y los sindicatos de funcionarios se han dado de plazo hasta final de este mes de febrero para alcanzar un acuerdo sobre salarios, empleo público y condiciones laborales.
El Ministro de Hacienda destacó que el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2018 presentado en el Congreso compatibiliza el crecimiento económico y la reducción del déficit público con el aumento del gasto destinado a protección social.
El Ministerio de Hacienda ha denunciado ante el Tribunal de Cuentas el empleo de dinero público en la organización y promoción del referéndum ilegal de independencia del pasado 1 de octubre en Cataluña.
