Carmen Fúnez, vicesecretaria de Sanidad y Política Social del Partido Popular, criticó en el Pleno del Congreso la falta de planificación y financiación en el sistema de Dependencia. Aunque expresó su apoyo al Real Decreto sobre financiación, denunció que los 6.200 millones prometidos por el Gobierno no se reflejan en el decreto, que solo incluye 2.218 millones para el año en curso. Fúnez cuestionó la credibilidad del Gobierno, señalando su incapacidad para garantizar una financiación estable y advirtió que las nuevas obligaciones de la Ley de Dependencia carecen de un respaldo económico sólido. El diputado Enrique Belda también alertó sobre la falta de una memoria económica rigurosa para las reformas propuestas.
La vicesecretaria de Sanidad y Política Social, Carmen Fúnez, ha expresado su respaldo al Real Decreto que aborda la financiación del sistema de Dependencia. Sin embargo, no ha dudado en señalar lo que considera una falta de transparencia por parte del Gobierno, que menciona una cifra de 6.200 millones de euros que no se refleja en el decreto, donde solo se prevé la financiación de 2.218 millones para el presente año. “La financiación estructural de la Dependencia seguirá dependiendo de la aprobación anual de los Presupuestos Generales del Estado, donde ustedes tienen poca credibilidad”, criticó Fúnez.
Además, la vicesecretaria cuestionó la incoherencia del ministro Bustinduy, quien recientemente contradijo sus propias afirmaciones al justificar que no podía aumentar la financiación debido a unos presupuestos prorrogados. “Hoy demuestran exactamente lo contrario: parece que sí podían”, afirmó. También planteó interrogantes sobre por qué el Gobierno no había incrementado antes la financiación para Dependencia, a pesar de tener una deuda acumulada de 20.000 millones con las comunidades autónomas, que son responsables de tres cuartas partes del financiamiento.
Fúnez criticó que ahora el Gobierno haya decidido aumentar la financiación debido a un contexto complicado, señalando que “tienen 126 imputados, el hermano del presidente condenado y secretarios en prisión”. En este sentido, cuestionó cómo puede un gobierno “incapaz de garantizar estabilidad presupuestaria” asegurar una financiación estable para mantener los derechos en materia de Dependencia. “La Dependencia necesita certezas, no parches”, enfatizó.
Asimismo, advirtió que el Real Decreto-ley debatido en el Congreso “no sustituye la memoria económica” solicitada para el proyecto de ley de Dependencia, ya que solo representa “un suplemento de crédito” y un aumento “de las cuantías del nivel mínimo”, sin alterar el sistema financiero existente: “No puede hacer algo que jurídicamente es imposible”.
La vicesecretaria también destacó que los propios grupos del Gobierno han aprobado una enmienda otorgando un plazo de 12 meses para realizar un estudio sobre la posibilidad de financiar el sistema y hacerlo sostenible. “¿Qué votamos, una garantía o una intención?”, inquirió Fúnez, instando al Gobierno a dejar de engañar porque “los derechos sociales no pueden construirse sobre un acto de fe”.
“Anunciar nuevos derechos es relativamente sencillo; lo complicado es financiarlos y asegurarse de que lleguen efectivamente a quienes los necesitan”, subrayó Fúnez mientras reafirmaba la postura del Partido Popular (PP) sobre exigir al Estado que financie el 50% del coste asociado a la Dependencia. Además, propuso como modelo el acuerdo alcanzado entre Sánchez y el Gobierno vasco, caracterizado por tener “reglas claras y calendario”.
Por su parte, el diputado del GPP Enrique Belda alertó en el Pleno sobre las implicaciones de la reforma a la Ley de Dependencia. Afirmó que esta incorpora nuevas obligaciones permanentes sin presentar previamente una memoria económica rigurosa ni cuantificar su impacto real en las comunidades autónomas. Belda advirtió: “El problema es de dónde, el cómo y hasta cuándo”.
El diputado insistió en que “la diferencia entre un derecho garantizado y uno efímero radica en su articulación económica”, destacando así la importancia de una correcta planificación financiera como clave para garantizar cada derecho social.
Finalmente, recordó las consecuencias negativas derivadas de aprobar nuevos derechos sin previsión financiera adecuada y reprochó al Ejecutivo por no demostrar cómo sostendrá esos compromisos económicos.
| Cifra | Descripción |
|---|---|
| 6.200 millones de euros | Cifra mencionada por el Gobierno que no aparece en el decreto |
| 2.218 millones de euros | Financiación contemplada en el decreto para el año en curso |
| 20.000 millones de euros | Deuda del Gobierno con las comunidades autónomas |
| 126 | Número de imputados mencionados en relación con la corrupción |
Carmen Fúnez denuncia que el Gobierno habla de 6.200 millones de euros para la financiación del sistema de Dependencia, pero en el decreto solo se contemplan 2.218 millones, lo que pone en duda la credibilidad del Gobierno en cuanto a la planificación y sostenibilidad de la Dependencia.
El Partido Popular exige que el Estado financie el 50% de la Dependencia y critica que se anuncien nuevos derechos sin una planificación financiera adecuada.
Fúnez cuestiona cómo puede garantizar un gobierno incapaz de asegurar estabilidad presupuestaria y que ha incumplido la Constitución durante toda la legislatura, subrayando que los derechos sociales deben basarse en una planificación real y no en promesas vacías.
Enrique Belda advierte que la reforma incorpora nuevas obligaciones sin presentar una memoria económica rigurosa, lo que podría comprometer su sostenibilidad a medio y largo plazo.
Belda menciona que hay una diferencia entre un derecho garantizado y uno temporal, dependiendo de su articulación económica, advirtiendo sobre las consecuencias negativas de aprobar derechos sin previsión financiera sólida.