Alma Ezcurra, vicesecretaria de Coordinación Sectorial del Partido Popular, ha expresado su oposición a la regularización masiva de inmigrantes sin conocer el número exacto de personas afectadas, que el gobierno estima entre 500.000 y 1.200.000. En una entrevista en Las Mañanas de RNE, enfatizó que esta falta de información es "una temeridad" y que la regularización debe basarse en criterios individualizados, excluyendo a quienes tienen antecedentes penales y vinculando el proceso al empleo. Ezcurra advirtió sobre los riesgos de fomentar la irregularidad y el peligro de las mafias para quienes buscan migrar. Además, criticó al gobierno por tramitar la iniciativa legislativa popular sin consenso parlamentario y destacó la importancia de establecer requisitos estrictos para la residencia legal en España.
En una entrevista en Las Mañanas de RNE, la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del Partido Popular, Alma Ezcurra, ha expresado su preocupación sobre la propuesta de regularización masiva de inmigrantes. Ezcurra ha señalado que una de las razones fundamentales por las que su partido se opone a esta medida es la falta de claridad sobre cuántas personas realmente se beneficiarán. “Nadie sabe cuántas personas se van a acoger puesto que el gobierno habla de 500.000, la plataforma de regularización menciona 700.000 y la Comisaría General de Extranjería estima hasta 1.200.000”, afirmó.
La vicesecretaria subrayó que “tomar una medida de este calibre sin saber cuántas personas se van a acoger es una temeridad”. Además, enfatizó que el Partido Popular se opone a las regularizaciones masivas porque estas deben basarse en criterios individualizados, excluyendo a quienes tienen antecedentes penales y vinculando el proceso al empleo con requisitos estrictos.
Ezcurra advirtió que si no se establece un proceso riguroso, “el mensaje que le lanzamos al mundo es que la irregularidad tiene premio”, lo cual podría llevar a personas desesperadas a recurrir a mafias y poner en riesgo sus vidas en el mar. La política insistió en que cualquier proceso migratorio debe estar vinculado al empleo y exigir condiciones claras para garantizar una adecuada integración.
Asimismo, recordó que el PP había apoyado debatir una iniciativa legislativa popular (ILP) respaldada por 700.000 firmas para su tramitación, pero criticó al Gobierno por optar por un Real Decreto urgente sin consenso parlamentario ni informes necesarios.
La vicesecretaria mencionó que tras la aprobación inicial de la ILP, el PP presentó enmiendas para mejorar el texto, compatibles con su plan migratorio. También alertó sobre el mercado negro de certificados falsos que podría generar problemas en otros países europeos.
Ezcurra explicó que quienes deseen acogerse a la regularización tendrán un mes para presentar sus antecedentes penales; si no lo logran, el Gobierno intentará resolverlo diplomáticamente en tres meses. “¿Qué ocurre durante esos cuatro meses?”, cuestionó, explicando que durante ese tiempo los inmigrantes quedan en una situación paralegal con un permiso temporal de residencia sin claridad sobre sus antecedentes penales.