El Congreso de los Diputados ha aprobado una propuesta del Partido Popular (PP) que rechaza la regularización masiva de inmigrantes impulsada por el Gobierno. La moción, respaldada por Vox, Junts y UPN, insta al Ejecutivo a renunciar a esta regularización extraordinaria, argumentando que carece de requisitos adecuados y contraviene principios europeos. Además, se exige la implementación efectiva de órdenes de retorno y la revisión de acuerdos migratorios con terceros países. Por otro lado, el PP también ha promovido una iniciativa en defensa de los cristianos perseguidos, solicitando acciones firmes en organismos internacionales para proteger sus derechos y condenar las violaciones sufridas.
La mayoría del Congreso de los Diputados ha decidido rechazar la propuesta de regularización masiva de inmigrantes presentada por el Gobierno. Con este voto, el Grupo Parlamentario Popular ha logrado el apoyo del Pleno a su Moción, que solicita al Ejecutivo desistir de inmediato de la regularización extraordinaria. Esta medida ha sido criticada por carecer de requisitos adecuados y por contradecir los principios europeos, así como los objetivos establecidos en el Pacto Europeo de Migración y Asilo.
Además, la Moción del PP incluye un segundo punto que exige al Gobierno implementar efectivamente las órdenes de retorno, revisar los acuerdos migratorios con terceros países y asegurar la expulsión de extranjeros que hayan cometido delitos graves o sean reincidentes.
Con el respaldo de Vox, Junts y UPN, el Partido Popular ha conseguido avanzar en su Moción, que demanda la retirada del proyecto normativo del Gobierno. Este proyecto se estima que podría beneficiar a entre un millón y 1,2 millones de personas si se consideran las reagrupaciones familiares, una cifra significativamente mayor a las 500.000 que sostiene el Ejecutivo.
El PP en defensa de los cristianos perseguidos en el mundo
En otro ámbito, el PP también ha aprobado una Proposición no de Ley en defensa de los cristianos perseguidos globalmente. Esta iniciativa reclama que la libertad religiosa no sea considerada un privilegio para creyentes, sino un derecho fundamental, alineándose con lo establecido en el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Aprobada con el apoyo de Vox y UPN, esta propuesta consta de seis puntos y urge al Gobierno a promover resoluciones contundentes en organismos internacionales como la UE, el Consejo de Europa y la ONU. Estas resoluciones deberían condenar las masacres contra minorías cristianas y reconocerlas como graves violaciones a los derechos humanos o crímenes de lesa humanidad.
Asimismo, la iniciativa plantea la creación de mecanismos internacionales para investigar estos crímenes y juzgar a sus responsables. También se propone llevar a cabo campañas de sensibilización en España y Europa para fomentar el respeto y la tolerancia religiosa.
Por último, se solicita que la libertad religiosa y la protección de estas minorías sean condiciones esenciales en los acuerdos internacionales entre España y otros países dentro de la UE. Se aboga también por desarrollar medidas específicas para proteger comunidades religiosas en riesgo, especialmente aquellas ubicadas en zonas afectadas por violencia o extremismo, con el fin de prevenir desplazamientos forzosos y permitirles permanecer en sus territorios originales.
La mayoría del Congreso de los Diputados aprobó una propuesta del Partido Popular (PP) que rechaza la regularización masiva de inmigrantes del Gobierno.
La Moción del PP insta al Gobierno a renunciar a la regularización extraordinaria de inmigrantes, exige llevar a cabo órdenes de retorno y revisar acuerdos migratorios con terceros países, así como garantizar la expulsión de extranjeros que han cometido delitos graves.
Según estimaciones independientes, el proyecto normativo podría beneficiar a un millón o incluso 1,2 millones de personas, en comparación con las 500.000 que sostiene el Ejecutivo.
El PP también aprobó una Proposición no de Ley en defensa de los cristianos perseguidos en el mundo, que busca promover la libertad religiosa como un derecho fundamental y condenar las violaciones contra minorías cristianas.
El PP propone desarrollar medidas de protección para comunidades religiosas en riesgo y asegurar que la libertad religiosa sea una condición en los acuerdos internacionales de España y la UE con otros países.