Cuca Gamarra, vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular, ha criticado la política migratoria del Gobierno de Sánchez, considerándola un riesgo para la seguridad. Anunció que el PP presentará enmiendas en el Senado a la Ley de Multirreincidencia para evitar que el proceso de regularización de inmigrantes se convierta en un "coladero" de delincuentes. Gamarra destacó la preocupación por una posible regularización masiva que podría afectar a más de 1,2 millones de personas sin controles adecuados. El PP busca implementar medidas más estrictas y responsabilizar al Gobierno por las consecuencias de su política migratoria.
Tras el Comité de Dirección
La vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha criticado con contundencia la política migratoria del Gobierno de Sánchez, a la que califica de “un riesgo” para la seguridad. Gamarra ha anunciado que su partido lanzará una ofensiva parlamentaria y presentará una enmienda en el Senado a la Ley de Multirreincidencia, con el objetivo de impedir que el proceso de regularización de inmigrantes se convierta en un “coladero” de delincuentes.
Además, adelantó que mañana y el miércoles, el PP llevará a cabo una serie de iniciativas parlamentarias que buscarán la ejecución efectiva de expulsiones, rechazar el real decreto de regularización y realizar una interpelación urgente a la ministra de Inclusión, Elma Saiz.
Gamarra también anunció que el PP incluirá una enmienda a la Ley contra la Multirreincidencia para asegurar que no se acepte la declaración responsable “bajo ningún supuesto”, así como para reforzar los controles de antecedentes de quienes soliciten la regularización. La vicesecretaria expresó su inquietud ante lo que considera una política migratoria “sin rumbo”, que está transformando a España en un “paraíso para las mafias que trafican con seres humanos”.
La dirigente popular denunció además que el Ejecutivo planea llevar a cabo una “regularización masiva”, que podría afectar a más de 1,2 millones de personas en situación irregular según datos proporcionados por la Policía Nacional. Gamarra subrayó que esto se haría “sin ni siquiera solicitarles un certificado de antecedentes penales”.
"Las mafias y los delincuentes están contentos con este Gobierno", afirmó Gamarra, quien añadió que estos grupos "se van a forrar a costa del tráfico de seres humanos". Señaló también que no se exige un contrato laboral ni requisitos formativos: “Es un proceso de regularización automático”.
Aseguró que todas las comunidades gobernadas por el PP han presentado alegaciones contra esta norma, advirtiendo sobre su potencial impacto negativo en servicios públicos como sanidad, educación o vivienda. Gamarra enfatizó: “La inmigración es competencia exclusiva del Estado, pero las consecuencias recaen directamente sobre las CCAA y los ayuntamientos”.
Cuca Gamarra defendió una inmigración “ordenada, legal y humana”, abogando por establecer límites claros y reglas precisas. Afirmó que su partido hará “todo lo posible” para detener esta situación, argumentando que “Sánchez compra su supervivencia política con la seguridad de todos”.
En otro orden de cosas, mostró su apoyo a la Policía Nacional durante una manifestación donde se exigía la dimisión del ministro Marlaska por supuestas violaciones del DAO. Preguntó retóricamente: “¿Cómo va a dimitir Marlaska por las gravísimas acusaciones?”
Cerca del cierre de sus declaraciones, Gamarra adelantó que la dirección del PP participará en negociaciones con Vox en Extremadura y Aragón para facilitar acuerdos coherentes con los resultados electorales. Subrayó: “La política exige responsabilidad y sentido institucional”.
Sobre la desclasificación del 23-F, ironizó acerca del tiempo necesario para conocer las causas detrás del apagón o los escándalos relacionados con el gobierno actual. Concluyó afirmando: “Esto tiene nombre y apellido: Pedro Sánchez”.
El PP, a través de su vicesecretaria Cuca Gamarra, propone que no se admita la declaración responsable “bajo ningún supuesto” y que se refuercen los controles de antecedentes de las personas que soliciten la regularización.
Gamarra critica que la política migratoria actual supone un riesgo para la seguridad y advierte que podría convertir a España en "un paraíso para las mafias que trafican con seres humanos".
Se estima que podría haber una regularización masiva que supere los 1,2 millones de personas en situación irregular, según cifras de la Policía Nacional.
El PP planea activar una serie de iniciativas parlamentarias, incluyendo el rechazo al real decreto de regularización y una interpelación urgente a la ministra de Inclusión, Elma Saiz.
Gamarra lo describe como un proceso automático que no exige un contrato de trabajo ni formación, lo cual considera problemático y potencialmente perjudicial.
Gamarra afirma que el Gobierno está comprando su supervivencia política a costa de la seguridad pública y muestra su compromiso con una inmigración “ordenada, legal y humana”.