La Federación Estatal LGTBI+ ha solicitado una respuesta integral y basada en derechos para las personas que viven con VIH en España, destacando que, a pesar de los avances médicos, aún enfrentan barreras que afectan su dignidad y calidad de vida. En el contexto del Día Mundial del Sida, la organización exige políticas públicas inclusivas que aborden no solo la salud, sino también el apoyo psicológico y social. Además, piden eliminar la discriminación en el acceso a tratamientos y seguros, así como erradicar el estigma asociado al VIH. La Federación enfatiza la necesidad de aumentar los recursos públicos destinados a la prevención y atención de estas personas para garantizar sus derechos humanos sin excepción.
La Federación Estatal LGTBI+ ha hecho un llamado urgente para que se adopten medidas que garanticen la dignidad y calidad de vida de las personas que viven con VIH en España. A pesar de los avances médicos en el tratamiento del virus, estas personas continúan enfrentando barreras que vulneran sus derechos y limitan su bienestar integral.
La organización reclama la implementación de políticas públicas inclusivas y basadas en derechos humanos, que no solo aborden la salud física, sino que también incluyan apoyo psicológico, social y comunitario. Asimismo, exigen igualdad en el acceso a recursos y prestaciones esenciales.
Entre las exigencias de la Federación se encuentra la eliminación de la discriminación en prevención, tratamientos y servicios relacionados con el VIH. También piden erradicar el estigma asociado al virus y garantizar recursos públicos suficientes para mantener la salud y dignidad de quienes lo padecen.
En el marco del Día Mundial del Sida, Paula Iglesias, presidenta de la Federación, destacó que “no es admisible que en pleno 2025 sigamos constatando barreras administrativas y discriminación en el acceso a derechos básicos”. Reiteró que “la respuesta debe basarse en derechos humanos, no en circunstancias o arbitrariedades territoriales”.
Javier Sotomayor, coordinador del grupo de VIH de la Federación, señaló que muchas personas con VIH enfrentan problemas de salud mental y soledad. “Necesitamos políticas públicas que integren acompañamiento psicológico y social para garantizar su bienestar integral”, afirmó.
Manel Mora, también coordinador del grupo, subrayó los retos específicos que enfrenta el envejecimiento de las personas con VIH. Indicó que muchos mayores encuentran dificultades para acceder al reconocimiento de discapacidad debido a criterios inadecuados. Esto afecta directamente su autonomía y calidad de vida, lo que resalta la necesidad urgente de implementar políticas sostenidas.
La Federación ha denunciado las barreras persistentes en el acceso a la PrEP, especialmente para mujeres y personas migrantes sin situación administrativa regular. Estas limitaciones comprometen la eficacia preventiva del tratamiento. Por ello, exigen un acceso universal a la PrEP sin discriminación.
A su vez, insisten en actualizar los criterios de discapacidad para reflejar adecuadamente las realidades asociadas al VIH. La falta de alineación entre los baremos actuales y las condiciones clínicas dificulta obtener el grado necesario para acceder a derechos esenciales.
La implementación del Pacto Social contra el Estigma sigue siendo desigual. La Federación insta a las administraciones públicas a asegurar una aplicación efectiva y homogénea del mismo, además de reforzar acciones educativas necesarias para erradicar el estigma.
Finalmente, reclaman un aumento en los recursos públicos destinados a prevención, diagnóstico precoz y trabajo comunitario. Las entidades sociales han sido fundamentales en la lucha contra el VIH; por tanto, es crucial apoyarlas con fondos estables y situarlas como agentes clave en la promoción de derechos.
Iglesias concluyó enfatizando: “La defensa de los derechos de las personas con VIH no puede depender de debates coyunturales ni voluntades cambiantes”. Abogó por un modelo donde nadie enfrente barreras por su estado serológico, garantizando así dignidad e igualdad sin excepción.
La Federación Estatal LGTBI+ reclama una respuesta basada en derechos que garantice dignidad, calidad de vida y el fin del estigma para las personas con VIH. Exigen políticas públicas estables, inclusivas y orientadas a garantizar igualdad y bienestar integral.
Las personas con VIH enfrentan barreras administrativas, discriminación en el acceso a derechos básicos, y dificultades para acceder a recursos específicos que acompañen su realidad. Estas limitaciones afectan su autonomía, seguridad y calidad de vida.
La Federación propone eliminar barreras en el acceso a tratamientos como la PrEP, actualizar los criterios de discapacidad, erradicar la discriminación en seguros de vida y productos financieros, y reforzar los recursos públicos destinados a prevención y diagnóstico precoz.
El estigma sigue siendo un problema significativo que limita el acceso a servicios y derechos para las personas con VIH. La Federación insta a implementar efectivamente el Pacto Social contra el Estigma y aumentar acciones educativas para erradicarlo.
Las entidades sociales son fundamentales en la respuesta frente al VIH, ya que sostienen la igualdad y salud pública. La Federación aboga por apoyarlas con fondos suficientes y reconocerlas como agentes clave en la atención y promoción de derechos para las personas que viven con VIH.