El 31 de enero de 2025, se aprobó el primer acuerdo estatal en España para mejorar la atención temprana y reducir los tiempos de espera en niños de 0 a 6 años. Los ministerios de Derechos Sociales y Sanidad, junto con gobiernos autonómicos, establecieron un marco común que garantiza una atención de calidad, gratuita y accesible. El acuerdo estipula un plazo máximo de 45 días para la intervención tras detectar un riesgo evolutivo, alineándose con recomendaciones europeas. Además, se destinarán casi 42 millones de euros del Fondo Social Europeo Plus para asegurar un acceso equitativo a estos servicios. Este esfuerzo busca prevenir problemas de desarrollo y promover la inclusión social entre los más pequeños.
En el encuentro, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, y la ministra de Sanidad, Mónica García, presentaron un documento que establece un marco referencial común para garantizar que todos los niños y niñas de 0 a 6 años tengan acceso a una atención temprana de calidad, eficaz y gratuita. Uno de los puntos clave del acuerdo es que el plazo máximo para intervenir en casos detectados con riesgo evolutivo no debe exceder los 45 días, alineándose así con las recomendaciones de la Garantía Infantil Europea aprobadas por el Consejo de la Unión Europea en 2021.
Reducir los tiempos de espera es esencial, ya que esta etapa es crítica para el desarrollo físico, cognitivo, emocional y social de los niños. La evidencia científica resalta que una intervención oportuna puede prevenir discapacidades y mejorar la calidad de vida infantil. Además, se busca promover la inclusión social y el desarrollo autónomo desde una edad temprana.
Ambos ministerios han advertido sobre las graves consecuencias que enfrentan aquellos niños que requieren atención temprana pero no cuentan con un sistema público adecuado. Las deficiencias en este ámbito pueden comprometer sus capacidades cognitivas y sociales y limitar sus oportunidades educativas y comunitarias. Asimismo, se enfatiza que la falta de un sistema eficaz incrementa el riesgo de exclusión social para muchas familias.
El acuerdo también estipula que cada Comunidad Autónoma deberá contar con una Red de Atención Temprana regulada por normas específicas. Estas normativas deberán incluir mecanismos para coordinar esfuerzos entre distintos departamentos involucrados en el proceso, como equipos de atención primaria y profesionales educativos.
Además, se contempla garantizar una valoración e intervención integral adaptada a las necesidades individuales de cada niño y su familia. Se priorizará actuar en entornos naturales como el hogar o parques, adoptando un enfoque biopsicosocial que considere todos los factores del desarrollo infantil.
Para respaldar estas iniciativas, se destinarán casi 42 millones de euros, provenientes del Fondo Social Europeo Plus. Este financiamiento tiene como objetivo asegurar que todos los niños accedan a la atención temprana sin importar su lugar de residencia o situación familiar. Según datos recientes, cerca de 130.000 niños necesitaron atención temprana en 2023, lo que representa más del 5% de la población infantil en esa franja etaria.
El consenso alcanzado se articula en nueve líneas principales que incluyen:
Dicho documento fue elaborado por un grupo técnico en colaboración con diversas comunidades autónomas y organizaciones especializadas en infancia y discapacidad. Su implementación está prevista hasta 2030, coincidiendo con el final del Plan Estatal para la Implementación de la Garantía Infantil Europea (2022-2030). Un seguimiento bienal evaluará el progreso hacia estos objetivos.
| Cifra | Descripción |
|---|---|
| 45 días | Plazo máximo para intervenir en atención temprana desde la detección de un caso con riesgo evolutivo. |
| 42 millones de euros | Dotación económica para mejorar la atención temprana repartida entre los gobiernos autonómicos. |
| 129,529 | Número de niños y niñas que necesitaron atención temprana en 2023. |
| 5.38% | Porcentaje de la población entre 0 y 6 años que necesitó atención temprana en 2023. |
Se ha aprobado por primera vez un acuerdo a nivel estatal que establece un marco referencial de calidad común para asegurar que niños y niñas de 0 a 6 años tengan derecho a una atención temprana de calidad, eficaz y gratuita.
El plazo máximo para intervenir en atención temprana debe ser de 45 días desde que se detecta un caso con riesgo evolutivo.
Los objetivos fundamentales incluyen reducir los tiempos de espera en atención temprana y garantizar un sistema público de calidad que prevenga situaciones agravadas de discapacidad o dependencia en niños y niñas.
El acuerdo contempla la creación de una Red de Atención Temprana en todas las Comunidades Autónomas, así como la regulación específica de la materia y la coordinación entre diferentes departamentos involucrados.
Se destinarán casi 42 millones de euros (41.874.524,17€) repartidos entre los gobiernos autonómicos con cargo al Fondo Social Europeo Plus.
El plazo temporal para la implantación de estas medidas será hasta el año 2030, coincidiendo con la finalización del Plan de Acción Estatal para la Implementación de la Garantía Infantil Europea (2022-2030).
El documento fue desarrollado con la colaboración activa de las Comunidades Autónomas, agentes de la sociedad civil especializados en infancia y discapacidad, y varios ministerios como Derechos Sociales, Sanidad, Educación, y Juventud e Infancia.