El Partido Popular, a través de su vicesecretaria de Coordinación Sectorial, ha anunciado una reforma de la Ley Orgánica de Extranjería. Esta iniciativa busca permitir que la Policía y la Guardia Civil puedan rechazar en frontera a inmigrantes irregulares que lleguen por mar, en respuesta a un aumento significativo de la inmigración irregular en Baleares. La reforma cuenta con el respaldo de la Abogacía del Estado y se plantea como una medida necesaria para proteger las fronteras y abordar los problemas derivados de la inmigración irregular. Además, se critica la gestión actual del Gobierno en esta materia y se destaca la necesidad de una voluntad política firme para afrontar el desafío migratorio.
En una intervención en Palma de Mallorca, la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del Partido Popular ha anunciado que se registrará una reforma de la Ley Orgánica de Extranjería. Esta modificación tiene como objetivo proporcionar un marco legal que permita a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado rechazar en frontera a inmigrantes irregulares que intenten ingresar por vía marítima. La propuesta surge tras una reciente sentencia del Tribunal Supremo, que abordó el rechazo en frontera en Ceuta y Melilla.
La sentencia del TS validó el rechazo en frontera cuando este se realiza en un “elemento físico de contención”, como es el caso de las vallas. Sin embargo, la vicesecretaria destacó que actualmente la presión migratoria en Ceuta y Melilla proviene principalmente del mar. En este contexto, enfatizó que la iniciativa cuenta con el respaldo de la Abogacía del Estado y expresó su esperanza de que todos los partidos representados en las Cámaras apoyen esta reforma.
Durante su discurso, también denunció el notable incremento de la inmigración irregular en Baleares. El año pasado, aproximadamente 7.500 personas ingresaron al archipiélago de manera irregular, comparado con solo 700 en 2018, lo que representa un aumento significativo. “La mayor parte de las rutas de inmigración irregular en Europa están disminuyendo, pero la ruta balear, conocida como ruta argelina, está aumentando”, subrayó.
Además, afirmó que “cualquier país que se quiera tomar en serio a sí mismo debe proteger sus fronteras”. Criticó al presidente del Gobierno por preferir asistir a Francia para disculparse y generar controversias diplomáticas, en lugar de colaborar con naciones que podrían ayudar a gestionar mejor los problemas relacionados con la inmigración irregular.
La vicesecretaria también alertó sobre un “repliegue del Estado” en Baleares, señalando que las condiciones para trabajar allí se han vuelto cada vez más complejas para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y otros empleados públicos. “Si no protegemos a quienes nos protegen, ¿qué estamos haciendo con nosotros mismos?”, cuestionó.
Asimismo, advirtió que el aumento descontrolado de la inmigración irregular genera problemas significativos en áreas como seguridad, vivienda y servicios públicos. Afirmó que la gestión pública actual está “muy mal organizada”. También mencionó el desbordamiento ocasionado por la regularización masiva aprobada por el Gobierno: “Las previsiones eran unas 10.000 personas; ahora son 33.000”.
Finalmente, concluyó que el problema no es únicamente económico—aunque esto sea relevante—sino también una cuestión de voluntad política. Reivindicó que el Partido Popular tiene “una voluntad clara para abordar el problema de la inmigración irregular”, alineándose con lo que ya se está haciendo a nivel europeo y teniendo en cuenta las particularidades específicas de Baleares respecto a las llegadas por mar.
| Cifra | Descripción |
|---|---|
| 7,500 | Número de inmigrantes irregulares que entraron en Baleares el año pasado |
| 700 | Número de inmigrantes irregulares que entraron en Baleares en 2018 |
| 10,000 | Proyecciones iniciales de regularización masiva aprobada por el Gobierno |
| 33,000 | Número actual estimado de regularización masiva |
El Partido Popular, a través de su vicesecretaria de Coordinación Sectorial, ha anunciado que registrará una reforma de la Ley Orgánica de Extranjería para permitir a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado rechazar en frontera a inmigrantes irregulares que entren por vía marítima.
El objetivo es amparar legalmente a la Policía y Guardia Civil en el rechazo en frontera, especialmente tras una sentencia del Tribunal Supremo que consideró legal este tipo de rechazo cuando se produce en un "elemento físico de contención".
La presión migratoria en Ceuta y Melilla se ha trasladado al mar, lo que ha llevado a un aumento significativo de la inmigración irregular, especialmente en Baleares.
Se menciona que el año pasado 7.500 personas entraron de forma irregular en Baleares, comparado con solo 700 en 2018, lo que representa un aumento exponencial.
Ezcurra advierte que la inmigración irregular genera problemas de seguridad, vivienda y servicios públicos, además de señalar que la gestión pública está mal organizada.
Critica al presidente por no trabajar con otros países para controlar mejor los problemas de inmigración irregular y por priorizar asuntos diplomáticos sobre la protección de las fronteras.
El PP sostiene tener una voluntad clara para afrontar el problema de la inmigración irregular y busca alinearse con políticas europeas específicas para abordar la situación en Baleares.