El Partido Popular ha instado al Gobierno a adoptar medidas urgentes para abordar el déficit de 800.000 viviendas en España y prevenir la cronificación de la pobreza. Durante la Comisión Mixta para la Coordinación de la Estrategia Española para los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el portavoz Joan Mesquida destacó la crisis habitacional y el incumplimiento del ODS-11, que promueve ciudades sostenibles. Criticó los largos plazos de aprobación de planeamientos urbanísticos y licencias de obra, y exigió al PSOE que deje de bloquear leyes propuestas por el PP, como la ley antiokupación. Además, se abordaron problemas relacionados con la inseguridad alimentaria y la creciente vulnerabilidad social en el país.
En la Comisión Mixta para la Coordinación y Seguimiento de la Estrategia Española para Alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el portavoz de ODS del GPP, Joan Mesquida, ha denunciado la grave crisis habitacional que enfrenta España. Durante su intervención, Mesquida subrayó el incumplimiento del ODS-11, que promueve el desarrollo de ciudades sostenibles, y alertó sobre el alarmante desequilibrio entre la oferta y la demanda de viviendas. Este déficit se cifra en 800.000 inmuebles, una situación que atribuye al Gobierno por haber socavado la confianza entre inquilinos y propietarios.
Además, el portavoz criticó los prolongados plazos en los planeamientos urbanísticos, que pueden demorar hasta diez años en España, así como el tiempo necesario para obtener licencias de obra, que puede extenderse hasta dos años.
Mesquida instó a los miembros del PSOE a actuar con valentía y a exigir a la presidenta Armengol que cese en su bloqueo a las leyes propuestas por el PP. En particular, mencionó la ley antiokupación, que permanece estancada desde febrero de 2024. "Si realmente desean solucionar los problemas de acceso a la vivienda", afirmó, "deben dejar de bloquear nuestras iniciativas y presentar las suyas propias". Recordó además que el PSOE había retirado una modificación de la ley del suelo debido a disputas internas dentro del Gobierno.
Por su parte, Javier Folch, portavoz de Alimentación del GPP, también criticó al Ejecutivo por no cumplir con los compromisos establecidos en la Agenda 2030 relacionados con la pobreza y la alimentación. A pesar de ser una potencia agroalimentaria, destacó que “12,6 millones de personas viven en situación de vulnerabilidad”, señalando que “la alimentación se ha convertido en un bien de lujo”, lo cual calificó como “inaudito”.
Folch acusó al Gobierno de presumir sobre buenos datos macroeconómicos mientras las condiciones reales de las familias se deterioran. “Esos datos macroeconómicos no reflejan la economía real”, afirmó, enfatizando cómo cada vez más familias sufren por la pérdida de poder adquisitivo.
Asimismo, advirtió sobre el “crecimiento desmesurado de la inseguridad alimentaria”, un fenómeno que afecta especialmente a familias con menores, ancianos y trabajadores con bajos ingresos. Esta situación representa un fracaso del ODS 2 (Hambre Cero) y pone en evidencia que las políticas públicas actuales no garantizan el derecho fundamental a la alimentación.
Finalmente, Folch recriminó el uso ideológico o propagandístico de la Agenda 2030 mientras miles de hogares ven empeorar sus condiciones. Defendió que esta agenda debería ser un “mecanismo para compromisos reales” enfocados en construir sociedades más justas y evitar que necesidades básicas como la alimentación se conviertan en un lujo.
El déficit de viviendas en España se estima en 800.000, lo que ha llevado a una grave crisis habitacional y al incumplimiento del ODS-11 para el desarrollo de ciudades sostenibles.
El PP exige al Gobierno que adopte medidas urgentes para abordar el déficit de viviendas y que deje de bloquear leyes propuestas por el partido, como la ley antiokupación.
La crisis habitacional está afectando negativamente a las familias, aumentando la inseguridad alimentaria y deteriorando su poder adquisitivo, mientras que los datos macroeconómicos no reflejan su realidad económica.
La falta de vivienda adecuada contribuye a la cronificación de la pobreza, ya que muchas personas viven en situaciones vulnerables y enfrentan dificultades para acceder a necesidades básicas como la alimentación.
El PP critica que la Agenda 2030 se utilice como un instrumento ideológico mientras empeora la situación de miles de hogares, argumentando que debe ser un mecanismo para compromisos reales y no solo propaganda.